patria o paraíso fiscal
“Un paraíso fiscal es una zona geográfica, normalmente un Estado, cuyo régimen tributario impone unas cargas fiscales mucho más bajas en comparación al resto del mundo.
Intuitivamente, se considera paraíso fiscal a todos aquellos lugares en los que se pagan muy pocos impuestos en ciertas actividades económicas en comparación a otros países.
La existencia de paraísos fiscales se debe a que el régimen tributario existente en estos lugares está hecho de modo que pueda favorecer a los no residentes. Esto hace que gran número de personas o compañías tomen la decisión de establecer allí su domicilio fiscal legalmente. En ocasiones, ni siquiera viven en estos sitios pese a haber hecho estos trámites.
Este fenómeno es relativamente reciente, ya que si bien no se originó hasta los años 60, su consolidación internacional no fue vivida hasta los 80” (Javier Sánchez Galán).
El sueño húmedo de Mauricio Macri –convertir a Buenos Aires en un paraíso fiscal– lo está concretando a la velocidad de la luz Javier Milei, pero en todo el territorio nacional, a punto tal que “con la reducción de aranceles a la importación de electrodomésticos, telefonía celular y computadoras, productos que nuestra industria nacional fabrica para toda la república argentina en la Isla Grande de Tierra del Fuego, Milei pretende desactivar las fuentes de trabajo, la producción nacional soberana, para despoblar un territorio pretendido por extensión imperialista hacia el territorio continental argentino” (Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas, CECIM, 21/5/25).
Mientras tanto, se promueve el blanqueo de dólares sin importar su origen. Si viene de la mafia, vale igual, ya que hay que seguir manteniendo la bicicleta financiera como única política nacional. No hay patria para los mesadineristas. No hay patria para los Caputo (quien ya nos debe 65.000 millones de dólares como mínimo, pero la causa sobre el destino de los 45 mil que dilapidó en 2018 cuando era presidente Macri duerme el sueño de los justos en algún cajón del turbio despacho de la jueza federal María Eugenia Capuchetti; sí, la misma que no investigó, ni investiga ni investigará el intento de asesinato a una vicepresidenta de la Nación).
Mientras tanto, por decreto, el gobierno de ultraderecha barre con el derecho de huelga, a pedido de la lumpen burguesía nacional que, una vez más a lo largo de la historia (y van…) juega en contra de un proyecto de nación y sólo a favor de un proyecto de clase.
MIentras tanto, se apalea a jubilados y jubiladas de 70, 80 años y más, se gasea a ancianos y niños, se reprime con la fuerza bruta de un ejército de robocops subdesarrollados a fotógrafos, periodistas y curas que, siguiendo la máxima de Francisco de que “la Iglesia es en salida o no es Iglesia” han empezado a hacer lo que la clase dirigente -incluso dentro del pretendido nacionalismo popular, porque de LLA, Pro y UCR ya no queda más que esperar lo que se puede esperar de una caterva de cipayos– parece haber declinado a fin de solucionar si Fulano va de concejal en la quinta sección o si Mengana entra como diputada provincial por la octava.
Este miércoles 21 de mayo se iba a discutir en el Congreso una mejora a los casi 5 millones de adultos mayores que cobran menos de 300 mil pesos por mes, pero los “representantes del pueblo” de la entente LLA, Pro y UCR, más un grupito de pretendidos peronistas (¡si Evita viviera!) y etc. decidieron que no valía la pena bajar al recinto.
Son los mismos que ya le negaron un mínimo incremento de subsistencia a la clase pasiva, que le dieron la espalda a las universidades nacionales que se desangran -vaya como ejemplo que Agronomía de la UBA recibe donaciones para funcionar- y fueron cómplices del desguace de uno de los más sólidos sistemas de ciencia y tecnología de América Latina.
Creen algunos que por haber sido votados por 15/16% del padrón electoral porteño tienen carta blanca para seguir adelante con su plan de destrucción.
Todo Runciman necesitó un Roca (h); todo Trump necesita un Milei. Y lo tiene. Como afirmó el filósofo Rocco Carbone, un fascismo que defiende a su industria y su trabajo (en el norte) requiere de otro con vocación colonial (en el sur).
Y atacan a los discapacitados, eliminan los programas para la niñez y adolescencia, les niegan medicamentos a los enfermos graves o terminales, regatean alimentos para comedores comunitarios al tiempo que hacen crecer la pobreza (en serio, no lo que miente el Indec), destruyen pymes industriales nacionales, trabajo argentino, precarizan hasta el infinito el trabajo, compran diputados y senadores comprables: son, en fin, los mejores herederos de la Argentina pre Ley Sáenz Peña o de la Década Infame.
Y tienen entre sus filas a dos que deberían estar presos por defraudar las arcas del Estado: el mencionado Caputo y un tal Federico Sturzenegger, quien tuvo el tupé de decirles a los hermanos fueguinos que en la isla pongan un parque de diversiones.
“En declaraciones a Radio Splendid desde el parque industrial de Río Grande, (Juan Carlos) Villalba, delegado de la firma metalúrgica Mirgor de Río Grande, desafió a Sturzenegger y dijo que ‘si tanto le gustan los parques de diversiones que venga a visitarnos, que se venga a divertir con nosotros, está a tres horas de vuelo, que venga’”, enfatizó.
Están destrozando el país. De Ushuaia a La Quiaca y de la cordillera al mar.
No sé cómo, el panorama político-sindical es desolador. Pero algo me dice que, a la corta o a la larga, no podrán.
