Este lunes, el Juzgado Federal de Río Grande notificó la suspensión de las audiencias indagatorias que iban a realizarse entre el 8 de junio y el 7 de julio a 15 ex militares acusados en más de 20 hechos de torturas contra soldados pertenecientes al Regimiento de Infantería Nº 5 del Ejército Argentino. Entre las torturas citadas en el expediente se habla de estaqueos y enterramientos bajo temperaturas extremas y suelo congelado durante varias horas, amenazas con arma de fuego y sumersión de la cabeza en agua helada.
La decisión del Tribunal se funda en el fallo de la semana pasada de la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal –con el voto mayoritario de los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña– que hizo lugar al recurso presentado por la defensa de Jorge Ferrante, consideró que las torturas en Malvinas no eran crímenes de lesa humanidad y sostuvo, por lo tanto, la extinción de la acción penal por prescripción.
En la resolución que dio a conocer esta mañana la titular del Juzgado Federal de Río Grande Mariel Borruto señaló que este pronunciamiento de la Cámara se encuentra en “franca oposición” con los argumentos sostenidos por ella al momento de fijar las indagatorias y procesar a cuatro ex militares.
La jueza Borruto consideró que “corresponde aguardar a la posible apertura de una instancia casatoria” y hasta que la vía recursiva se resuelva disponer la suspensión de las indagatorias que habían sido fijadas.
Del mismo modo, la titular del Juzgado Federal suspendió la deliberación respecto de la situación procesal del ex General de Brigada Omar Parada, quien fuera indagado por estos mismos crímenes el pasado 21 de abril.
Las querellas de la causa, el Centro de Ex Combatientes Malvinas Argentinas de La Plata (CECIM), la Comisión Provincial por la Memoria y la Subsecretaría de derechos humanos humanos bonaerense, adelantaron ya que apelarán el fallo de la Casación: cuando el recurso casatorio se presente, la misma sala de Cámara deberá decidir su admisibilidad; en caso de desestimarlo, las querellas llegarán a la Corte Suprema de Justicia vía recurso de queja.
En última instancia, el máximo tribunal del país deberá pronunciarse sobre la cuestión de fondo, es decir, si las torturas sufridas por los soldados argentinos en las Islas Malvinas son delitos de lesa humanidad. En definitiva, la Corte Suprema de Justicia será la encargada de decidir si la causa que se inició en 2007 y que tiene más de 120 denuncias de graves violaciones a los derechos humanos continúa o naufraga en la impunidad.