A poco de haber detectado severas irregularidades en la administración municipal, el intendente de La Plata, Julio Alak, presentó una denuncia penal por presuntos delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
«Es un caso escandalosamente grave, linda no solo con irregularidades administrativas muy significativas, sino con el delito penal», lamentó Alak sobre las anomalías perpetradas durante la gestión anterior, y agregó: “Hay un número importante de personas que cobraban el sueldo sin ir a trabajar, se trata de miles, casi se aproxima a la mitad de la planta”.
Según consta en la denuncia que ingresó en la UFI 16 de Juan Cruz Condomí Alcorta, a partir de la auditoría realizada en el comienzo de la actual gestión se corroboró el pago de sueldos a personas detenidas por delitos como homicidio, abuso, robo y uso de armas de guerra que cobraron sueldos como empleados municipales hasta diciembre de 2023.
También se detectó la presunta contratación de cerca de un centenar de agentes con antecedentes penales y el Municipio solicitó que se oficie al Registro de Reincidencia para corroborar dicha información.
Por otro lado, se supo que más de un centenar de personas cobraron sueldos en 2023 sin los correspondientes decretos para formalizar las relaciones laborales. En uno de los casos, incluso, quien recibía el salario no estaba al tanto de su vinculación con el Municipio y se enteró mientras realizaba otro trámite.
En la presentación judicial también se remarcó que buena parte de los ingresos a la planta de trabajadores gestionados en el segundo semestre del 2023 se realizó sin la documentación suficiente para la constitución de sus correspondientes legajos y que los sueldos también se liquidaron sin este documento público.
Dentro de las graves anomalías, se denunció incluso que el Municipio siguió pagando el salario de una persona fallecida en 2021. Ese sueldo se siguió cobrando hasta diciembre de 2023, dos años después de su muerte, aún sin figurar en la lista de asistencia que firmaban los empleados.
Finalmente, se detectó el caso de un funcionario público que había renunciado el 1º de marzo de 2023 y siguió cobrando hasta diciembre del mismo año, y el de un asesor que se encontraba en una situación similar: a pesar de haber renunciado en diciembre de 2021, se le continuó pagando hasta diciembre de 2023.
