Ningún Día Internacional de la Mujer es uno más. Cada conmemoración simboliza de distinta manera una lucha de décadas con manifestaciones de diversa índole alrededor del mundo por una causa que, en su costado más oscuro, se ha llevado la vida de muchas. Esta vez, la fecha encuentra a la Argentina ubicada algunos casilleros más adelante que las anteriores, plena de expectativa frente al primer año con acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (Ley N° 27.610), luego de su sanción por parte del Senado nacional a finales de 2020.
Científicas del CONICET repasan el recorrido –nada lineal– que concluyó con la votación histórica en la madrugada del 30 de diciembre pasado, conscientes de que ese logro no es un final sino otro peldaño en una puja que a partir de ahora se centrará en el cumplimiento y las debidas garantías para todas las personas que quieran hacer uso de la norma.
“Largo, sinuoso, con avances y retrocesos” define al camino transitado hasta el aborto legal Nadia Ledesma Prietto, científica del CONICET en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género (CInIG) del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS, CONICET-UNLP). Para ella, son cualidades que dan cuenta claramente de “por un lado, las resistencias de distintos poderes conservadores y religiosos a la libertad sexual y, por otro, la lucha constante de mujeres y disidencias sexuales para conquistar este derecho”. Tantas son las transformaciones que forjaron este derrotero que, en lo que puede identificarse como sus comienzos, la capacidad de decidir sobre el propio cuerpo no era siquiera un motivo central.
Para Josefina Brown, investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG, UBA), la primera parada en la lucha por la despenalización del aborto puede ubicarse de la mano de las anarquistas de principios del siglo XX, quienes planteaban cuestiones vinculadas a la sexualidad “pero más bien en términos de placer sexual y muy relacionadas a la crítica general que hacían a la familia como institución”. De todos modos, aclara la especialista, la sociología suele reconstruir esta parte de la historia a partir del retorno de la democracia, en 1983, no solo porque la cronología de hechos se torna más continua y sistemática, sino también debido a que “en ese momento el aborto empezó a aparecer como una cuestión vinculada a la ciudadanía y sus derechos, un tema central dentro de la recuperación democrática, pero no antes de ella”, añade.
También Ledesma Prietto sitúa como un primer momento importante las primeras décadas del siglo pasado, específicamente la sanción del Código Penal de 1921, que incorporó el aborto no punible cuando “peligrara la vida o salud de la madre” y en caso de violación a una “mujer demente o idiota”, según reza la norma. “La intervención estatal, la consolidación del poder médico como campo de saber y con ello la medicalización de la vida, junto con el auge del paradigma eugénico, que engloba a los procedimientos de manipulación de la herencia genética para disminuir la presencia de enfermedades y discapacidades, motivaron estas consideraciones”, explica la experta, y enfatiza: “Entonces, si bien su origen no fue una preocupación por los derechos de las mujeres a controlar voluntariamente sus embarazos o en pos de la salud entendida de manera integral e incluso contra la violencia sexual, hasta el año pasado era únicamente bajo dichos incisos que se podía solicitar esta práctica”.
A partir de ese momento y en los distintos contextos políticos, los incisos mencionados sufrieron diferentes reformas, algunas más restrictivas y otras levemente ampliatorias. En este sentido, una modificación importante tuvo lugar en 1968, con la inclusión de todas las mujeres en los casos de violación siempre que hicieran la denuncia penal correspondiente. “En el transcurso de casi cien años, mujeres y disidencias comenzaron a reclamar en el espacio público el aborto legal, particularmente con más fuerza desde los ’60, porque incluso en las circunstancias en que era no punible no se cumplía; pensemos en los miles de casos judicializados de niñas violadas, por ejemplo. Del mismo modo, se fueron fisurando la idea de la maternidad como un destino para todas las mujeres y la invisibilización de la sexualidad recreativa”, apunta Ledesma Prietto.
El Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, creado por Ley N° 25.610 en 2002, es para Brown otro momento clave porque “permitió sacar las fuerzas de esa primera batalla en relación con los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, y enfocarlas hacia el aborto”. De acuerdo a su perspectiva, el siguiente capítulo decisivo se vivió en el XVIII Encuentro Nacional de Mujeres, en 2003, cuyo lema aludía expresamente al tema, y en donde se organizaron múltiples talleres que fueron la génesis de lo que sería la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, fundada en 2005. “Aquí se dio una cuestión interclasista muy interesante: muchos movimientos sociales y de DDHH que participaban de los encuentros pero no de las luchas comúnmente consideradas ‘feministas’, sumaron su accionar a esta causa”, añade la investigadora.
“La consigna ‘Ni Una Menos’ también es fundamental en este relato porque es cuando se fusiona y se consolida el movimiento transgeneracional feminista; allí nace lo que más tarde se llamaría la marea verde. Y con toda esa fuerza, podríamos decir que el aborto sale del closet”, define Brown, y continúa: “Y se nota que hay gran consenso social porque lo levantan los políticos: primero Mauricio Macri y luego Alberto Fernández. Esto no es un detalle; no olvidemos que era un tema que hasta 5 años antes se consideraba piantavotos”. Ledesma Prietto, por su parte, reflexiona: “La ley de aborto legal fue conquistada por las luchas evidentes y las resistencias cotidianas de las mujeres y personas con capacidad de gestar que a lo largo de este siglo desobedecieron los mandatos que pesaban sobre sus cabezas”.
Con respecto a los principales desafíos que pueden esperarse en el corto y mediano plazo con la puesta en práctica de la ley, ambas estudiosas apuntan categóricamente a la objeción de conciencia, es decir la habilitación de los agentes de salud a negarse a realizar determinada práctica aludiendo motivos éticos. “Eso y las judicializaciones serán las principales trabas, porque de hecho ya vienen ocurriendo”, argumenta Brown, y coincide con ella Ledesma Prietto: “Quisiera ser optimista, pero sabemos que los cambios no se producen de un momento a otro. Los poderes conservadores y religiosos continuarán obstaculizando. Sin embargo, esto no quiere decir que sea lo mismo tener ley o no, sino que la lucha continúa y las redes de acompañamiento afectivo deben ampliarse aún más”.
Segmento adolescente
Cecilia Velázquez Battistessa es becaria del CONICET en el Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (FCE, UNLP) y se dedica al estudio del impacto de políticas públicas en relación al embarazo no intencional en adolescentes. En este sentido, junto a su grupo de investigación ha analizado ampliamente el caso de Uruguay, país que cuenta con una ley de interrupción legal del embarazo desde 2012, y cuyo antecedente aporta algunos elementos valiosos dentro de una perspectiva regional. “En 2013, el primer año de vigencia, se realizaron poco más de 7 mil abortos en los servicios legales. En 2014 la cifra subió a alrededor de 8500, y desde 2015 hasta ahora se ha mantenido bastante constante entre los 9 y 10 mil abortos por año, lo que hace una tasa de alrededor de 11 o 12 abortos por cada mil mujeres en edad reproductiva”, relata.
Entre el 13 y el 17 por ciento de ese total corresponde a adolescentes, un segmento para el que el embarazo ha sido –en gran medida y según lo que arrojan las encuestas y registros médicos que la becaria utiliza como fuente– no intencional. “Un hecho contrario a lo que podría esperarse es que las tasas de abortos legales en esta franja etaria no son mayores al del total de las mujeres, sino bastante similares”, explica Velázquez Battistessa. Asimismo, otro aspecto interesante que destaca es que en la última década, pero especialmente a partir de 2016, la fecundidad adolescente en el país vecino ha protagonizado una caída muy grande y rápida, pasando de unos 50 mil a 30 mil en un lapso de 3 años. “A pesar de que la norma no se plantea ningún objetivo relacionado a disminuir los nacimientos, por supuesto que ha influido y en parte lo explica, especialmente al poner el tema en agenda de una forma intersectorial, que no sea solo potestad de la cartera de Salud sino que involucre a muchos otros actores”, concluye.
