En medio de los problemas que acarrea un Poder Judicial «adicto a Juntos por el Cambio», distintos sectores del kirchnerismo promueven una movilización, que promete ser histórica, para el 1° de febrero contra el sistema judicial. La manifestación es alentada bajo la consigna #1FMarchamosALaCorte
La movilización está convocada para las 18 en la Plaza Lavalle frente al Palacio de Tribunales en la ciudad de Buenos Aires y se difunde desde hace varios días con distintas imágenes, algunas de ellas llevan las leyendas “Somos argentinos con dignidad” y “basta de injusticia”.
En este contexto, 90lineas.com entrevistó a un experto en la materia, el abogado Paolo Zaniratto, quien además es columnista de nuestro medio.
En vistas a la marcha convocada por distintos sectores políticos para el 1 de febrero, ¿cómo ve Dr. la relación de la Corte Suprema de Justicia con la ciudadanía?.
Creo que hay una notable pérdida de confianza de la sociedad en general respecto de la justicia argentina. Esta desconfianza y su consecuente pérdida de legitimidad social por parte del poder judicial se explica mediante muchos factores y causas. Algunas causas son, digamos, históricas y estructurales; un poder estructurado jerárquicamente, por lo general conservador en las decisiones judiciales, con débil legitimidad democrática, jueces que no rinden cuentas públicas de sus fallos, falta de renovación generacional de sus miembros y muchas otras cuestiones. Y otras causas de esa pérdida de legitimidad tienen que ver como lo que vino pasando los últimos años con la justicia federal y específicamente con la Corte Suprema.
¿A qué se refiere con esto último?
Básicamente el fuero federal de la Capital Federal, o sea “Comodoro Py”, ya no funciona como un fuero judicial, sino más bien como teatro de disputas políticas, dónde hoy ya no quedan dudas que el lawfare, el armado de causas judiciales como herramienta de esa lucha política, el espionaje ilegal perpetrado por el Gobierno anterior contra sus adversarios políticos y muchas otras prácticas que menoscaban el estado de derecho, fueron parte de un plan sistemático para instaurar una política económica de claro corte neoliberal. La persecución ilegal a sindicalistas explica gráficamente esto que menciono, como así también la perpetración de causas en forma ilegal contra empresarios, etc. Cuando digo que no quedan dudas de esta operatoria es porque la ciudadanía es testigo a diario de cómo aparecen cada vez más pruebas de todo este plan, y no hablamos de pruebas indirectas o indicios, hablamos de pruebas contundentes que salen a la luz en forma indubitable. La Corte Suprema también es responsable de este daño al estado de derecho y a las garantías constitucionales y claramente hoy tiene un rol político que la aleja de los intereses de la sociedad, del pueblo en general.
El panorama que pinta es bastante desolador: ¿cómo se recupera toda esa pérdida de legitimidad? ¿es posible?
Creo que puede llevar un tiempo para que la ciudadanía crea que hay una justicia que le responde y no que es condescendiente con los intereses de una elite política, de grupos concentrados económicos y los saqueadores de este país. Lo que es urgente evidentemente es una reforma judicial profunda, estructural, que tenga como eje una democratización real de todo el andamiaje judicial. Por un lado esto, y por otro lado dar paso a una nueva generación de jueces, fiscales, judiciales en general que no estén comprometidos con las prácticas ilegitimas que nos causó esta pérdida de confianza en el poder judicial.
¿Esa reforma de la que habla que conllevaría concretamente en la práctica?
En primer lugar una ampliación en sus miembros de la Corte Suprema de Justicia y la remoción de los actuales. La idea de Zaffaroni de una Corte dividida en Salas según las distintas ramas del derecho es muy interesante en muchos aspectos, junto a la ampliación a 12 o 15 jueces. El juicio por jurados en materia penal debería extenderse a todas las jurisdicciones y ampliarse en los supuestos que se pueden llevar a cabo ya que es la participación popular por excelencia en materia de justicia. Revisar la elección de los jueces, y debatir sobre la posibilidad de su elección mediante el voto popular, revisar la rendición de cuentas de los jueces de cara a la sociedad y reformar todo el aparato de inteligencia y su relación con la justicia mediante controles más eficaces por parte de la política. Creo que estas junto a otras medidas pueden empezar a ayudar a reformar la justicia y darle un carácter más democrático y legitimo de cara a la sociedad.
