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Por Gonzalo Ruiz Tovar (Télam)
Bajo el grito “Dina asesina, el pueblo te repudia”, miles de peruanos se movilizaron este jueves 19 de enero en diversos puntos, Lima incluida, para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, a quien culpan de la represión que ya dejó cerca de 50 muertes desde el 7 de diciembre.
La jornada se cobró una víctima mortal más, cuando en la ciudad de Arequipa murió un hombre de 30 años en un intento de toma del aeropuerto.
Desde que Boluarte asumió, hace 43 días, murieron 43 civiles y un policía en enfrentamientos y unas 10 personas más como consecuencia de las protestas y los bloqueos de rutas.
Pero la atención nacional se focalizó este jueves en la “toma de Lima”, de la que llegaron a participar decenas de miles de personas provenientes de todo el país, en especial de los Andes sureños.
La más fuerte demostración de repulsa contra Boluarte y el Congreso transcurrió básicamente en paz, salvo por choques relativamente menores en inmediaciones de la avenida Abancay, donde está la plaza de Bolívar, sede del Legislativo.
Manifestantes que pretendieron acercarse al lugar fueron repelidos con gases lacrimógenos por fuertes cordones de la Policía; un grupo de rescate reportaba hasta caer la noche algunos lesionados de relativa baja consideración.
Salvo por esos incidentes, todo transcurrió en un ambiente tenso, pero sin choques, y la Policía permitió que los manifestantes recorrieran las principales calles céntricas, salvo los alrededores del Palacio de Gobierno y el interior de la estratégica plaza San Martín.
Las personas llegadas del interior, y que se hospedaron en gran medida en las universidades estatales San Marcos y Nacional de Ingeniería, se fundieron con sus anfitriones limeños y desfilaron al lado.
“Somos artistas, no somos terroristas”, gritaban los visitantes, mientras aprovechaban para hacer exhibiciones de su folclore.
La “toma de Lima” generaba expectación ante las lecturas de que en Perú conviven entre duras fricciones una capital criolla, conservadora y racista, y un sur andino de estirpe rural, quechua y aimara que demanda soluciones políticas al sentirse eternamente postergado.
“Al inmenso pueblo de los señores hemos llegado y lo estamos removiendo”, una frase del destacado novelista indigenista José María Arguedas (1911-1969) se vio impresa en varias paredes céntricas, como una descripción de lo que sucedía.
Pero, al final, limeños y provincianos marcharon hombro a hombro. Distritos limeños de los conos norte, este y sur, poblados en buena parte por gente que también dice sentirse postergada y que tiene raíces étnicas quechuas y aimaras, exhibió grandes pancartas de apoyo.
“Nuestros hermanos del interior no están solos”, gritaba megáfono en mano una mujer proveniente del populoso distrito limeño San Juan de Lurigancho, en referencia a que todos los muertos en protestas perdieron la vida fuera de Lima.
La “toma de Lima”, además de la renuncia de Boluarte, pedía el cierre del Congreso controlado por la derecha/ultraderecha, elecciones generales a la brevedad, nueva Constitución y libertad para el destituido ex presidente Pedro Castillo.
Los incidentes actuales en Perú, donde se vive una crisis permanente desde 2016, estallaron después de que el Congreso destituyera en diciembre pasado al izquierdista Castillo, quien previamente había intentado sin éxito cerrar el parlamento y gobernar por decreto, y lo reemplazara la hasta entonces vicepresidenta Boluarte.
La nueva mandataria dijo en principio que pretendía quedarse hasta el fin del período, en 2026, con lo que desconoció el clamor popular: 83% está a favor de nuevas elecciones generales inmediatas, según los sondeos, y le dio más aire a un Congreso que en las mediciones es rechazado por el 88%.
Luego retrocedió, pero el país ya estaba incendiado. Las elecciones anticipadas están previstas ahora potencialmente para abril de 2024, pero a la variopinta oposición no sólo le parece que esa fecha es demasiado lejana, sino que temen que Boluarte y sobre todo el Legislativo pretendan burlarla.
Para voceros gubernamentales, la oposición es liderada por “azuzadores profesionales” con vínculos con el terrorismo, el narcotráfico, la minería ilegal y el expresidente boliviano Evo Morales, interpretación que causa malestar entre los opositores.
Los manifestantes aseguran que son ciudadanos postergados que exigen integración, respeto para sus derechos, mejores posibilidades económicas y que no se les reprima con el exceso de fuerza del que ya habló incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Este jueves, además, hubo choques en las ciudades sureñas de Cusco, Juliaca e Ica y en la norteña de Virú, mientras más de 100 tramos de rutas siguieron interrumpidos por manifestantes en departamentos andinos, costeros y selváticos.
Dirigentes cívicos dijeron que se mantendrán en sus protestas hasta que Boluarte dimita y abra paso a un proceso electoral para este mismo año.
