Por Emilio Augusto Raffo
Este 22 de agosto se cumple 51 años de la “Masacre de Trelew” en la cual se fusilaron a 19 presos políticos en unos de los hechos paradigmáticos del terrorismo estatal y violación de los derechos humanos en nuestro país y la región.
En junio de 1955 ocurrió una barbarie similar, el Bombardeo en Plaza Mayo en donde murieron más de 300 personas y hubo cientos de heridos; era el preludio de los asesinatos del General Juan José Valle, del Coronel Cogorno y de más de 30 ciudadanos en junio de 1956 y, de hecho, de otros procesos atroces con posterioridad.
Al escribir estas líneas, se difunden las acciones judiciales entabladas para declarar imprescriptibles los fusilamientos de junio de 1956, hecho de toda justicia y que, inexplicablemente, aún no han sido resueltas favorablemente.
Si bien es cierto que la magnitud y salvajismo de violación de los Derechos Humanos aparece como más evidente, tal vez por lo reciente, en lo ocurrido a partir de 1976 es lo cierto que la persecución, tortura, desaparición y muerte tuvieron sus antecedentes en la dictadura de 1955, en el Plan CONINTES de la UCRI de 1958, en el caso de los fusilamientos en Trelew y la tiranía de 1966 (época en que el ministerio del Interior estaba ocupado por un dirigente de la UCR del Pueblo y ex Presidente de la Cámara de Diputados en el Gobierno del Dr. Arturo Illia).
También debe recordarse la desaparición de Felipe Vallese, los asesinatos de los obreros metalúrgicos Angel Retamar y José Muzi durante el Gobierno de Illia (Marini en Bs As) y otros durante el gobierno de la UCR del Pueblo de 1963, por solo señalar algunos.
Todo ello sumado a la proscripción vigente durante 18 años que contaminó de ilegítimos y fraudulentos todos los gobiernos tildados de “democráticos y republicanos”. Estos terribles sucesos tienen, a mi modo de ver, puntos en común.
LA MASACRE DE TRELEW
La Masacre de Trelew es la denominación del asesinato de 16 miembros (y de heridas graves a 3 más) de distintas organizaciones peronistas y de izquierda, todos presos políticos en el penal de Rawson, capturados tras un intento de fuga y ametrallados posteriormente por marinos dirigidos, entre otros, por el capitán de corbeta Luis Emilio Sosa.
Los sucesos tuvieron lugar en la madrugada del 22 de agosto de 1972, en la Base Aeronaval Almirante Zar, una dependencia de la Armada Argentina próxima a la ciudad de Trelew, provincia del Chubut (pese a la garantía que otorgara el Juez Federal Dr. Godoy, interviniente en el caso, de hecho relegado por disposición del Dr. Mor Roig en ese entonces Ministro del Interior de la dictadura con la finalidad de liberar la zona para los asesinatos).
Estos aberrantes homicidios quedaron impunes, para ser objetivos, durante el Gobierno Constitucional de 1973 y también con el inicio del restablecimiento del sistema republicano a partir de 1983.
El 2 de septiembre de 2003 el Poder Ejecutivo, a cargo del entonces presidente Néstor Kirchner, promulgó la ley 25.779 que declaró la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que hasta ese momento impedían que los responsables de delitos de lesa humanidad fueran juzgados.
Lo cierto es que, a partir de 2003, se pudieron activar causas, habiéndose obtenido más de 1.100 condenas y aproximadamente 300 sentencias por crímenes de lesa humanidad. Todas ellas imprescriptibles a tenor de diversos fallos judiciales.
Luego de ello, y gracias al accionar del juez Ricardo Sastre, que evitó la prescripción de la causa, el capitán Sosa, extraditado primero, fue llevado al juez natural, al igual que el resto de los inculpados.
Permanece prófugo Roberto Guillermo Bravo, un ex militar, detenido en marzo de 2010 en Estados Unidos en donde permanece en libertad a la espera del trámite de extradición. No obstante, el 1ro de Julio del corriente año ha sido condenado civilmente en Estados Unidos a abonar una importante suma a familiares de las víctimas.
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Digamos, de paso, que a poco de ocurrido dichos hechos atroces, las Fuerzas Armadas de entonces los protegieron y les dieron como premio (¿?) destino diplomático en el país del Norte (en realidad Sosa y Bravo contaron con la protección estatal y en gran medida de inmunidad diplomática a partir de los hechos que aquí se narran).
En su momento y por unanimidad, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia decidió que los acusados, a pesar de algunas condenas, quedaran libres. De este modo, Luis Emilio Sosa, Carlos Amadeo Marandino, Emilio Jorge Del Real, Rubén Norberto Paccagnini y Jorge Enrique Bautista, no fueron a la cárcel y siguieron el proceso excarcelados a pesar de que muchos de ellos estuvieron prófugos de la justicia condición que aún mantiene Bravo.
En octubre de 2012, el presidente del Tribunal Federal, Enrique Guanziroli, leyó la condena a parte de los inculpados.
Lo cierto es que luego de esa histórica sentencia -aguardada durante cuarenta años- ninguno de los responsables de tan atroces asesinatos han cumplido sus condenas en la cárcel. Por motivos diversos -la mayoría por tratarse de “viejitos”- obtuvieron morigerar su condena y gozan de los beneficios que los jueces responsables de su ejecución les otorgaron. A pesar, sin dudas, de su demostrada y condenada peligrosidad.
Digamos también que el Capitán Sosa no cumplió ni un día de su condena a prisión perpetua y murió en su casa, supongo junto a sus familiares.
Por una cuestión generacional, para mí, este fue uno de los hechos vividos y que nos ponían frente a delitos de lesa humanidad, los que, digamos enfáticamente, no fueron patrimonio exclusivo de la sangrienta dictadura cívico militar de 1976.
En efecto, a partir del golpe de 1930 comenzaron a violarse, cuanto menos, los derechos cívicos de los argentinos y a partir de 1955, no solo eso, sino también la proscripción y violación de los más elementales derechos humanos, la persecución, y muerte por razones políticas: los bombardeos de 1955 y los fusilamientos de junio de 1956 fueron otra prueba más de esta sinrazón.
Señalé al iniciar esta nota que estos hechos tuvieron puntos en común:
1) La violencia, persecución y muerte por razones políticas, en definitiva, lo que luego se denominaría terrorismo de estado.
2) Una identidad ideológica de los actores, más alla de la materialidad de los actos
3) Una gran hipocresía de los autores y de los que se aprovecharon de estos sucesos
También digamos que mucha agua ha corrido debajo el puente. Hoy familiares, hijos, cónyuges etc. reniegan de sus vínculos con los genocidas.
CARTA
Quisiera detenerme ahora en la carta que el General Juan José Valle remitiera a quienes en definitiva eran sus asesinos (el entonces Presidente Pedro Eugenio Aramburu y su ideólogo Isaac Francisco Rojas) cuya lectura recomiendo por ser una prueba evidente de que lo que pensaba un hombre y militar cabal frente a la ignominia encamarada en el poder.
Palabras que, tal vez, hubiesen querido decir los asesinados
Dice el patriota General Valle horas antes de ser asesinado:
“…. derramo mi sangre por la causa del pueblo humilde, por la justicia y la libertad de todos no sólo de minorías privilegiadas. Espero que el pueblo conozca un día esta carta y la proclama revolucionaria en las que quedan nuestros ideales en forma intergiversable. Así nadie podrá ser embaucado por el cúmulo de mentiras contradictorias y ridículas con que el gobierno trata de cohonestar esta ola de matanzas y lavarse las manos sucias en sangre. Ruego a Dios que mi sangre sirva para unir a los argentinos. Viva la patria.”.
Tal vez en forma premonitoria y providencial también señala:
”Entre mi suerte y la de ustedes (se refiere a Aramburu, Rojas y demás personeros de la Revolución Libertadora) me quedo con la mía. Mi esposa y mi hija, a través de sus lágrimas verán en mí un idealista sacrificado por la causa del pueblo. Las mujeres de ustedes, hasta ellas, verán asomárseles por los ojos sus almas de asesinos. Y si les sonríen y los besan será para disimular el terror que les causan. Aunque vivan cien años sus víctimas les seguirán a cualquier rincón del mundo donde pretendan esconderse. Vivirán ustedes, sus mujeres y sus hijos, bajo el terror constante de ser asesinados. Porque ningún derecho, ni natural ni divino, justificará jamás tantas ejecuciones.”
La realidad pone de manifiesto que bastante se ha hecho:
La condena a las Juntas Militares, las dictadas contra los autores de los asesinatos de Trelew y de más de 1.100 juicios por delitos de lesa humanidad y que muchos de sus responsables muriesen en prisión, nos ponen ante la evidencia que el martirologio de Valle, los muertos en Trelew y muchos otros no han sido en vano.
