Uno de los fundamentos sobre los que se edifica la paz social es que se diriman los conflictos a través de los tribunales, o bien con la aceptación de la sociedad de que los fallos respondan a las leyes vigentes o porque la existencia de un poder dictatorial obligue a aceptar los veredictos sin cuestionamientos con el consiguiente riesgo de estallidos sociales más o menos sangrientos.
El fallo condenatorio a Cristina Kirchner de este martes pone en tela de juicio los fundamentos básicos del accionar judicial en el país.
Y no sólo porque lisa y llanamente se proscribe a la figura política nacional viva más destacada de las últimas dos décadas, sino porque se lo hace sobre la base de un juicio oral y público plagado de irregularidades y cuestionamientos, con un veredicto que se muestra flojo de papeles y cuyos fundamentos recién se conocerán en marzo.
Y como si fuera poco, el magistrado que instruyó el proceso y ordenó la realización de un juicio oral en la causa de Vialidad -que ya tenía veredicto absolutorio en la provincia de Santa Cruz-, es nada menos que Julián Ercolini, uno de los cuatro jueces que viajaron al Lago Escondido, en un escándalo que según la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, que lidera Julio Piumato, ”pone en jaque todo el sistema”.
Es claro que el caso del viqje de los autodenominados “huemules” pone en juego a todo el sistema judicial y también los fundamentos básicos de la convivencia pacífica en el país, con un recorrido que recuerda las peores prácticas históricas del poder real, que parece no haber entendido que la convivencia requiere de algún renunciamiento que permita la subsistencia misma del esquema productivo. O peor aún, comprendiéndolo pero dispuesto a avanzar cueste lo que cueste.
UN DRAMA ARGENTINO
Aunque parezca contradictorio uno de los grandes dramas argentinos es su enorme riqueza y el atractivo que genera tanto dentro como fuera del país.
El gigantesco potencial de Vaca Muerta, las perspectivas de la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental a la altura de Mar del Plata, las gigantescas reservas de litio, uno de los territorios más fértiles del mundo, riquezas mineras vírgenes y un mar repleto de recursos poco explotados o lisa y llanamente saqueado por buques extranjeros, son sólo algunas de las razones que impulsan a poderosos sectores extranjeros y sus “cipayos” locales a debilitar al Estado y a quienes defienden la participación pública en la actividad económica.
Algunas de estas riquezas son tan promisorias que pese a las dificultades de la crisis actual se abre un abanico de oportunidades que claramente rendirá sus frutos en un plazo no demasiado largo. Así el Frente de Todos puede haber hecho todos los deberes para ordenar el país y sufrir las consecuencias de ese ordenamiento.
No se trata ya ni de expropiaciones ni de ataques a la propiedad privada, sino de defender la riqueza de los argentinos o como dijo alguna vez Cristina que “no se la queden cuatro vivos”.
YPF y Aerolíneas Argentinos son ejemplos concretos de las ventajas de la participación estatal en la actividad económica. Sin el esfuerzo estatal Vaca Muerta no sería lo que es y no tendría las proyecciones económicas que tiene para apenas dentro de un año.
No hay que engañarse. La crisis argentina es tan profunda y compleja como las posibilidades concretas que se abren para cuando esté terminado el gasoducto demorado por una burocracia aliada al poder económico y por la pandemia.
Es cierto que incluso en el Frente de Todos se adoptan posturas contrarias a la defensa de la soberanía, como ser -sin ir más lejos- la reciente votación en la Cámara de Diputados que en lugar de pronunciarse por reactivar los puertos fluviales, generando trabajos de balizamiento y dragado y el estricto cuidado de los bienes naturales, se votó ceder a municipios diferentes territorios nacionales, entre ellos el puerto de Paraná, capital de Entre Ríos, aprobado con el voto del 98% de los diputados presentes, 210 votos provenientes de peronistas, radicales y macristas.
Así, una vez, más se procedió a desguazar los bienes del Estados nacional. Es decir se debilita al único estamento capaz de hacer frente a los intereses de a quienes le interesa el país tan sólo para hacer negocios.
Y en ese contexto también la condena proscriptiva a Cristina adquiere un nuevo significado en este caso simbólico. Más allá de éxitos o errores de gestión, la Vicepresidenta es el símbolo vivo de la defensa de los intereses nacionales frente al avasallamiento de quienes se la quieren llevar toda.
Una vez más hay en Argentina una ofensiva contra el Estado. Como en otros momentos históricos se busca debilitar a la única muralla para defender los intereses de la mayoría de los argentinos. Y en este sentido la decisión de Cristina de no presentarse a las próximas elecciones es una batalla perdida, que además permite envalentonar a los sectores políticos que lejos de ceder en su ofensiva quieren concretar su deseo de verla presa como un estandarte ejemplificador.
Y lo más grave, exige al Frente de Todos generar un nuevo mariscal dispuesto a tomar el bastón de mando para encarar este desafío histórico.
Es cierto hoy Cristina es irreemplazable en la vida política nacional y su proscripción o renuncia como quiera entenderse es un golpe para el campo nacional y popular que sufre la orfandad propia de esa pérdida.
