militares en seguridad interior
Con la firma de la resolución ministerial correspondiente y las reglas de empeñamiento “reservadas”, la administración actual habilitó a personal militar a realizar detenciones de civiles en flagrancia en la frontera norte del país. Se arguye que este accionar estaría amparado en interpretaciones flexibles del Código Procesal Penal y en la normativa de Seguridad Interior. Pero como ya es regla de oro y a lo largo de sucesivas gestiones, la forma vale más que el fondo, y la ambigüedad jurídica parece ser más una táctica que un descuido.
La Argentina no necesita soldados haciendo de policías. Necesita Fuerzas Armadas equipadas, remuneradas y entrenadas para cumplir su misión constitucional: disuadir, proteger y, llegado el caso, combatir por la soberanía nacional. Todo lo demás, no importa cuánto lo disfracen de épica, es apenas otro capítulo más en la larga historia de la bananerización de nuestra Defensa
Nadie puede negar que el Estado argentino tiene una deuda histórica con el control de sus fronteras. Tampoco que las Fuerzas de Seguridad, desbordadas y limitadas en capacidades, requieren refuerzos y coordinación efectiva. El problema actual radica en que se confunde reforzar con sustituir. No existe ningún país serio que entregue tareas de cacheo, control de documentación o detención de civiles a personal militar entrenado para la guerra, no para el patrullaje barrial. Sí para los países en guerra, para aquellos con enormes disfuncionalidades o para sistemas populistas que buscan apelar a medidas grandilocuentes para ganar dos o tres votos.
A esto se suma un detalle no menor: la total falta de respaldo legislativo. En vez de promover una actualización seria y responsable de la Ley de Seguridad Interior y de la Ley de Defensa, el gobierno optó por el atajo: dictar resoluciones ministeriales y reglas reservadas, dejando a oficiales y soldados expuestos a situaciones jurídicas difusas y potencialmente lesivas para su propia protección. El que crea que esta política fortalece a las Fuerzas Armadas no entiende el abismo en el que se las está lanzando. Seguimos mandando a las Fuerzas Armadas a parchear cualquier problema que tiene el Estado.
Pero, claro, cualquier crítica razonada es rápidamente despachada bajo el paraguas de la “ideologización”. La nueva narrativa oficial sugiere que cuestionar el uso de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad interior equivale a “defender narcos” o a ser un “kuka encubierto”. Una aberración, defender a los militares a su vez plantea defender al narco. Un planteo pueril, que solo esconde la falta de respuestas reales a los desafíos reales de la Defensa Nacional.
Porque mientras los manuales se reescriben para enseñar a soldados a “neutralizar mediante inflexiones de voz” o a hacer “control disuasivo” en caminos polvorientos del norte argentino, lo cierto es que el salario militar sigue a la baja, el equipamiento sigue sin llegar y los proyectos estratégicos —submarinos, VCBR, helicópteros medianos— se debaten entre la parálisis presupuestaria y el olvido político.
Las propias Fuerzas Armadas, que alguna vez fueron concebidas como instituciones fundamentales para garantizar la soberanía nacional, hoy son lanzadas a operaciones improvisadas, sin reglas claras, sin cobertura política seria y sin resguardo de su función esencial. Y todo en nombre de una épica populista.
La verdad es que, a poco de promediar la gestión, no hay recursos y las necesidades normativas y organizativas del Ministerio se siguen sin atajar. Lo que sí hay es una vocación incontenible por usar a las Fuerzas Armadas como comodín propagandístico, sin reparar en los costos institucionales y humanos que esto implica.
Resulta llamativo que un gobierno que dice enarbolar la defensa de la República sea tan displicente a la hora de garantizar un marco legal claro para las operaciones militares. O que invoque la necesidad de cuidar la soberanía mientras precariza y banaliza a las instituciones encargadas de su custodia.
A esto se suma un detalle no menor: la total falta de respaldo legislativo. En vez de promover una actualización seria y responsable de la Ley de Seguridad Interior y de la Ley de Defensa, el gobierno optó por el atajo: dictar resoluciones ministeriales y reglas reservadas, dejando a oficiales y soldados expuestos a situaciones jurídicas difusas y potencialmente lesivas para su propia protección. El que crea que esta política fortalece a las Fuerzas Armadas no entiende el abismo en el que se las está lanzando
Las nuevas reglas de empeñamiento, lejos de fortalecer a las Fuerzas Armadas, las empujan a un terreno pantanoso. No las convierten en guardianes más eficaces de la soberanía, sino que las exponen (nuevamente) a ser actores dentro de la grieta partidaria.
Cuando dentro de unos años se midan los resultados de esta política, no será difícil advertir sus frutos: militares desgastados, estructura institucional erosionada, y una Defensa Nacional cada vez más relegada a la categoría de marketing de ocasión.
La Argentina no necesita soldados haciendo de policías. Necesita Fuerzas Armadas equipadas, remuneradas y entrenadas para cumplir su misión constitucional: disuadir, proteger y, llegado el caso, combatir por la soberanía nacional. Todo lo demás, no importa cuánto lo disfracen de épica, es apenas otro capítulo más en la larga historia de la bananerización de nuestra Defensa.
