Tras la votación del proyecto de legalización del aborto se giró al Senado y se comenzó a debatir el dictamen sobre el Plan de los 1000 días para la protección de la mujer embarazada y los primeros años de la infancia, cuya aprobación se descontaba.
La sesión especial, impulsada por el jefe de bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, se desarrolló con multitudinarias concentraciones en las adyacencias del Congreso Nacional, convocadas por los grupos verdes a favor del aborto y los celestes en contra.
A lo largo de la sesión -la primera presencial tras la pandemia- el presidente de la Cámara, Sergio Massa, pidió que se cumplan los protocolos y los tiempos de oratoria.
Concurrieron a observar la sesión los ministros de Salud Gines González García; de las Mujeres, Género, y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta; de Seguridad, Sabina Frederic; la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; y la titular de Anses, Fernanda Raverta.
El proyecto autoriza a realizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14. Además, reconoce la objeción de conciencia de los profesionales que no quieran realizar esta práctica médica y establece que si una institución privada tiene todos objetores de conciencia debe derivar al paciente a otro sanatorio u hospital.
Como sucedió en otros debates históricos, como la ley del divorcio, el matrimonio igualitario, la ley de reproducción responsable, y el aborto en el 2018, las aguas se dividen no por afinidad política sino por las propias convicciones de cada legislador.
Los argumentos de quienes impulsaron la legalización del aborto subrayaron que se trata de un problema de salud pública y una herramienta para terminar con los abortos clandestinos, mientras quienes se oponen dijeron que se deben salvar las dos vidas y que ese principio está contemplado en la Constitución Nacional.
EL DEBATE
A abrir el debate como miembro informante del dictamen de mayoría, Cecilia Moreau (Frente de Todos-Buenos Aires) sostuvo que tanto el proyecto de legalización del aborto como el Plan de 1000 Días «promueven más justicia social y cuidan la salud entendida de manera integral».
Moreau afirmó que ambas iniciativas «profundizan una política de salud pública que tiene como eje el acompañamientos de las mujeres y personas gestantes y garantiza básicamente el derecho a decidir, requerir y acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14 inclusive».
La diputada del Pro, Carmen Polledo, defendió el dictamen de minoría de rechazo al aborto y señalo que la iniciativa busca la «eliminación de un ser que se está gestando en el vientre materno y allí hay vida».
En su discurso, Polledo, vicepresidenta de la Comisión de Salud, consideró que «el embrión es un ser humano con ADN propio y por eso tiene derecho desde la concepción».
El presidente de la comisión de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin (Frente de Todos) sostuvo que el proyecto «no va contra de las creencias de nadie» y recordó que «hace 100 años que se decide condenar a las mujeres a la clandestinidad».
Para la presidente de la comisión de Legislación Penal, Carolina Gaillard, se trata de «un día histórico para las mujeres de nuestro país», y consideró que «no estaríamos acá sin la marea verde y sin la decisión política del presidente que tomó el tema como política pública».
En tanto, la vicepresidenta de la comisión de Legislación Penal, la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli dijo que el presidente Alberto Fernández, «envió un proyecto que nos divide» y se preguntó: «Con qué cara vamos a decir que es una prioridad este tema con 44 por ciento de pobres».
En cambio, su par de bancada, el presidente de la Coalición Cívica, Máximiliano Ferraro, señaló que «la dimensión de mi voto positivo va más allá de mi espiritualidad, de mis creencias, de lo que soy como individuo o de la pertenencia a un partido».
«Mire, por mi orientación sexual, me siento parte de un grupo de personas que durante mucho tiempo fuimos ciudadanos de segunda y parte de una sociedad que nos educó para la vergüenza», sostuvo.
A su turno, la presidenta de la comisión de Mujeres y Diversidades, Mónica Macha, sostuvo que «despenalizar y legalizar quiere decir poder contar con una política pública que garantice ese acompañamiento». Destacó que se trata de «una de las leyes más importantes» que se necesitan «desde el regreso de la democracia».
Desde el mismo oficialismo, el ex gobernador de la Rioja Sergio Casas dijo que «busco representar el sentir mayoritario del pueblo riojano, guiándose «por la ética racional y el orden jurídico-constitucional que contempla el respeto por el derecho a la vida desde la concepción».
Por otra parte, la diputada del Frente Misionero de la Concordia, Flavia Morales, anticipó que votará a favor pese a que en el 2018 lo hizo en contra y dijo que «la intervención del Estado, en este momento, es fundamental“.
Por su parte, el legislador de Unidad y Equidad Federal, el mendocino José Luis Ramón, insistió con su proyecto de llamar a una consulta popular sobre el aborto y dijo que «este debate no puede ser resuelto por mayorías circunstanciales».
La diputada del Frente de Todos, Blanca Osuna, habló desde el hospital en el cual se encuentra internada y señaló que «de ningún modo es en contra de la vida» y «por el contrario, es una apuesta al amor, a la justicia».
La diputada del Movimiento Popular Neuquino, Alma Sapag dijo que «el aborto no es la solución» y que si se quiere «que el Estado esté presente, entonces trabajemos para llegar antes».
La diputada Alicia Aparicio (Frente de Todos) sostuvo que la discusión «no es aborto si o aborto no» sino que «tenemos la posibilidad de legislar para las próximas generaciones».
La diputada del PRO Victoria Morales Gorleri consideró: «Nos encontramos ante la crueldad de un sistema que quiere definir por ley quiénes tienen derecho a vivir y quiénes deben ser eliminados. Es el retroceso de la humanidad. Es el fracaso del Estado. Es el fomento de la Cultura del Descarte».
La legisladora del Frente de Todos, Gisela Marziotta, señaló al defender el proyecto de legalización del aborto que «no hay oportunismo, sino que existe una urgencia de vidas en juego» y señaló que el Presidente Alberto Fernández «está cumpliendo con lo que prometió en la campaña»
Por su parte, el diputado socialista por Santa Fe Luis Contigiani señaló que «para ustedes, los que defienden esta ley, hay un solo protagonista, que es la mujer». «Lo hacen de buena fe, pero tienen que invisibilizar que hay vida en el feto, Porque están convencidos de esa idea sobre la persona humana»
En cambio, Enrique Estévez, también diputado socialista por Santa Fe, respaldó el proyecto y señaló que «cambiar esta realidad es un acto de justicia social». «Tenemos que hacernos cargo. El aborto no es un hecho individual, es un hecho social y colectivo. Estamos hablando de un derecho humano del acceso a la salud integral», remarcó el diputado.
EL PROYECTO
El proyecto aprobado esta mañana establece que «las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar» tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional. Los diputados que promueven el aborto legal introdujeron cambios, para facilitar su sanción en el Senado, en lo referido a la objeción de conciencia de las instituciones sanitarias privadas.
En torno a ello se establece que aquellos centros de salud privados o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo por objeción de conciencia deberán prever y disponer la derivación a un lugar de similares características, donde se realice efectivamente la intervención.
Se incorporó además que, para los casos de menores de 16 años que decidan abortar, se requerirá su consentimiento y se procederá conforme lo dispuesto en el artículo 26 del Código Civil y Comercial, que indica que «la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales».
El proyecto que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo establece que:
– Se consagra el derecho de mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar a decidir la interrupción del embarazo, requerir y acceder a la atención del aborto, y recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud.
– El aborto se permitirá hasta la semana catorce (14) inclusive, del proceso gestacional. Fuera de ese plazo sólo se podrá acceder en caso de violación o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.
– Mujeres y personas gestantes tienen derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de saludo con su asistencia, en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento.
– En caso de menores de trece (13) años, se debe contar con el consentimiento informado y la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal.
– En los casos de adolescentes de entre trece (13) y dieciséis (16), deberá tener un acompañante o «referente afectivo».
– Previo a la realización del aborto se requiere el consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito.
– El profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. Para ello deberá mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión, y derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones.
– Los centros de salud privados o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar un aborto a causa de la objeción de conciencia deberán prever y disponer la derivación a un lugar, de similares características, donde se realice efectivamente la prestación.
– El personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable.
– Tampoco se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto. El incumplimiento de los requisitos para ejercer el derecho de objeción de conciencia dará lugar a las sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles, según corresponda.
– Obras sociales y prepagas deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo. Estas prestaciones quedan incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el PMO con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.
– El Estado tienen la responsabilidad de implementar la Ley número 26.150 de Educación Sexual Integral, estableciendo políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población.
– Se modifica el artículo 85 del Código Penal, que quedará redactado de la siguiente manera: «Artículo 85. El o la que causare un aborto será reprimido: 1º) Con prisión de tres a diez años, si obrare sin consentimiento de la persona gestante. Esta pena podrá elevarse hasta quince años si el hecho fuere seguido de la muerte de la persona gestante. 2º) Con prisión de tres meses a un año, si obrare con consentimiento de la persona gestante, luego de la semana catorce de gestación y siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86».
