Primero fue Chile. Luego Perú. Ahora estalló Colombia. Las imágenes de los violentísimos enfrentamientos entre manifestantes y militares y policías, que hasta este martes 4 de mayo provocaron 19 muertos, 89 desaparecidos y más de 800 heridos -aunque pocos confían en los datos oficiales y afirman que son muchos más-, recorrieron el mundo y recibieron la condena de la Unión Europea y de las Naciones Unidas.
“Si un pueblo sale a protestar en medio de una pandemia, es porque el gobierno es más peligroso que el virus”, rezaba una de las miles de pancartas que durante los últimos siete días inundaron las calles de las principales ciudades colombianas.
Las protestas comenzaron el miércoles 28 de abril con un paro y distintas movilizaciones, pero la brutal represión policial fue el equivalente a echarle nafta al fuego: hasta ayer no cesaron las protestas y enfrentamientos, y para hoy se convocó a una gran movilización en todo el país.
La situación social en Colombia es delicadísima desde antes de la pandemia. Ya en 2019 comenzó a gestarse un estallido social con muchas similitudes al que se dio en Chile, aunque antes de que llegara la sangre al río la cuarentena por el Covid-19 abrió un compás de espera.
Pero el Gobierno del ultraderechista Iván Duque, alfil político del ex presidente ultraliberal Alvaro Uribe, realizó una gestión de la pandemia que puso a Colombia entre los países con más contagios y muertes, a la vez que se acrecentó la pobreza y el desempleo. Además, el Ejecutivo se endeudó para hacer frente al coronavirus.
Y ahora, en medio del pico de infectados de la tercera ola que sufre la sociedad colombiana, Duque propuso una reforma tributaria para reducir el déficit fiscal y supuestamente brindar ayudas sociales basada en un aumento de los impuestos y servicios. Esas subas recaerían sobre el 73% de la población de menos recursos, es decir, la clase media y los sectores populares.
A las protestas se fueron sumando distintos colectivos sociales, como estudiantes, obreros y movimientos indígenas. Estos últimos son los que hasta hoy mantienen cortados muchos de los principales accesos a las ciudades.
TARDE PIASTE
Si bien el domingo Ivan Duque decidió retirar la propuesta de reforma tributaria y convocó a una mesa de diálogo, la continuidad de las movilizaciones, los enfrentamientos y la represión brutal de las fuerzas de seguridad demostraron, por un lado, que las demandas de la población ya van más allá de la cuestión tributaria y, por el otro, que el Gobierno no tiene ninguna intención de desmilitarizar las calles y acabar con las cargas contra la sociedad civil.
Las distintas organizaciones que promueven la movilización de hoy (miércoles 5 de mayo) presentaron un pliego de “nuevas demandas” que incluyen el retiro del proyecto de reforma de la salud (el cual prevé la privatización de gran parte del sistema), un mejor manejo de la pandemia y una renta básica acorde a la canasta de alimentos. Además exigen desmilitarizar las ciudades y castigar a los responsables de las agresiones contra los manifestantes.
Duque sigue hablando de vándalos apoyados por ex terroristas, pese a que los propios integrantes de la ONU dijeron tener pruebas de excesos en el uso de la fuerza por parte de los militares y policías. Incluso se han denunciado asesinatos, desapariciones, torturas y violaciones.
“Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali (la ciudad más convulsionada) la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas”, declaró en Ginebra, Suiza, Marta Hurtado, vocera de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Desde la sede central de la ONU, la funcionaria resaltó que “incluso los integrantes de la comisión humanitaria conformada por la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y las Naciones Unidas fueron “acosados y amenazados”.
La Unión Europea pidió al Gobierno de Duque que cese el uso excesivo de la fuerza contra la población civil, al tiempo que desde Estados Unidos instaron a las fuerzas del orden colombianas a la “máxima moderación” para evitar más muertes durante las protestas.
LA REFORMA TRIBUTARIA
La denominada Ley de Solidaridad Sostenible que Duque presentó al Congreso la semana pasada tiene como objetivos principales “ampliar la base de recaudación tributaria; evitar que la deuda colombiana genere la pérdida de más puntos en las calificaciones de riesgo internacionales; institucionalizar la renta básica, y crear un fondo para la conservación ambiental”. Ello, en medio del pico de la tercera ola de la pandemia.
El Gobierno pretendía recaudar unos U$S 6.300 millones. Pero, ¿de dónde los obtendría? He aquí el asunto. El (ahora ex) ministro de Hacienda colombiano y cerebro de la iniciativa, Alberto Carrasquilla, explicó en su momento sin vergüenza que “el recaudo vendrá en un 73% de las personas naturales y el resto, de las empresas”.
Los dos puntos más polémicos del proyecto eran “el cobro de un impuesto a la renta a las personas que ganen un sueldo mensual de más de U$S 663, en un país donde el salario mínimo es de U$S 234”. El otro, “imponer el cobro del Impuesto del Valor Agregado (IVA), que en Colombia llega a un 19%, a productos de consumo básico como los servicios públicos (agua, luz y gas), servicios funerarios, objetos electrónicos como computadoras y otros servicios, hasta ahora exentos”. También incluía un aumento en los impuestos a las grandes fortunas.
“Para Colombia es urgente mantener la protección a los más vulnerables y estabilizar las finanzas públicas. No hacerlo en este momento puede crear una bomba de tiempo que afecte la confianza de inversión en el país y golpee a toda la nación”, dijo Iván Duque al diario El Tiempo.
“En vez de agobiar a la clase media y a los pobres con más IVA, se deberían eliminar las exenciones que permiten que el sector financiero haya pagado en 2020, por ejemplo, solo el 1,9% de sus utilidades de 121 billones de pesos (U$S 32.000 millones)”, opinó en diálogo con la BBC el economista Salomón Kalmanovitz. “De ahí parte el gran malestar que estamos viendo en las calles de Colombia”, añadió.
Según el diario La República, la economía colombiana tuvo un desplome del 6,8% en 2020, lo que elevó el número de desempleados a 4.100.000 personas. En ese marco, se produjo el cierre de más de 500.000 negocios en el último año.
Al mal manejo de la pandemia, se sumó otra propuesta totalmente fuera de contexto por parte del Gobierno, como la de una reforma al sistema sanitario que prevé “una ola de privatizaciones”, afirmaron académicos consultados por la prensa internacional.
Un estudio realizado por el Colegio de México indicó que “Colombia es el tercer país que peor gestionó la pandemia en América, por detrás de los Estados Unidos y Brasil”.
Créditos de foto galería: Télam, Televisa y Getty Images
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