En la decimotercera jornada consecutiva de protestas sociales y brutal represión por parte del Ejército y la policía en las principales ciudades de Colombia, el gobierno y el Comité Nacional del Paro se reunieron sin llegar a ningún acuerdo, por lo que el país seguirá en pie de guerra.
Vale recordar que la militarización de las calles por parte del Gobierno del ultraderechista Iván Duque, así como el “uso excesivo de la fuerza” contra los manifestantes, recibieron la condena de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Unión Europea. La ONU, además, denunció que incluso sus enviados habían sido acosados por policías y militares.
Pero Iván Duque -amigo personal de Mauricio Macri-, como fiel partidario de la represión indiscriminada antes que del diálogo, no sólo no escuchó a la ONU y a la UE sino que redobló el accionar represivo: hoy Colombia tiene 47 asesinados (entre ellos un uniformado) y la friolera de 548 desaparecidos.
LA GOTA QUE REBASÓ UN VASO CASI LLENO
Como se recordará, el estallido comenzó cuando, en respuesta al paro general y a las movilizaciones del 28 de abril, el Gobierno respondió con una represión que, en distintos puntos de las principales ciudades, con centro en Cali, derivó en enfrentamientos con estudiantes y militantes sociales. Luego, se sumaron los movimientos de aborígenes que cortaron los principales accesos a las urbes.
Desde ese día y hasta hoy, las calles del país han sido escenarios de un caos social sin precedentes en la historia reciente del país.
¿Por qué estalló la sociedad colombiana? Como explicó 90lineas.com en la nota Explotó Colombia, Duque presentó una reforma tributaria, en medio del pico de casos y muertes provocado por la tercera ola de coronavirus que sufre el país, que implica un fuerte aumento de impuestos directos (suba del IVA del 5% al 19% en productos de la canasta básica y de servicios como luz, agua y gas), así como la ampliación de la base imponible para recaudar dinero de los sueldos de los colombianos y colombianas.
Fue la gota que rebasó un vaso que ya estaba casi lleno desde antes de la pandemia. La política económica ultraliberal de Duque, que incrementó aún más la desigualdad social en uno de los tres países latinoamericanos más desiguales, sumada a las periódicas matanzas de líderes sociales y aborígenes, hicieron eclosión en 2019 con el formato de masivas movilizaciones al estilo de las chilenas. Pero entonces, la represión no fue tan brutal. Además, la llegada de la pandemia y la consecuente cuarentena a principios de 2020 abrieron un tenso periodo de tregua.
Pero Duque no ahorró “esfuerzo” para empeorar las cosas. Endeudó al país para enfrentar la pandemia, para luego hacer una de las peores gestiones que conoció América Latina, a excepción, claro está, del Brasil de Bolsonaro, hoy 2º país del planeta en muertes y contagios diarios por detrás de India, donde se vive una catástrofe de proporciones bíblicas.
Y a ello, como se explicó, le sumó la “brillante” idea de subir impuestos y servicios al 75% de la población, es decir, a las clases medias y populares. Sólo el 25% restante recaería sobre ricos y empresarios (bajo la presidencia de Duque, las gigantescas ganancias del próspero sector financiero apenas fueron gravadas con un 1,9%).
En su argumentación de la reforma tributaria, como si la pandemia no existiera, Duque habla de achicar el déficit fiscal y, peor aún, evitar malas notas de las calificadoras de riesgo internacionales, las cuales impedirían que lleguen inversiones al país (un discurso que en estas pampas está tan gastado que duelen los oídos al escucharlo).
Todo ello, cuando el propio FMI ha tenido la “osadía” de recomendar a los Estados nacionales que inviertan para poder paliar los terribles efectos de la pandemia de coronavirus.
DIÁLOGO CON RECLAMOS Y TESTIGOS
En su carta a Duque, el Comité del Paro manifestó que la reunión con el Gobierno debía ser “un espacio para reclamar por el respeto y las garantías para el libre ejercicio de la movilización y la protesta social; rechazar la militarización del país y el uso desmedido de la fuerza por parte de la Policía, el ESMAD y el Ejército Nacional hacia quienes se movilizan de manera pacífica; y para abordar la negociación de las peticiones consignadas en el Pliego Nacional de Emergencia, al igual que otros reclamos de los sectores sociales”.
Asimismo, se pidió el “acompañamiento de representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Conferencia Episcopal Colombiana en el encuentro de este lunes 10 de mayo y en los posteriores que puedan realizarse”.
El fracaso del encuentro es el prólogo de la continuidad de las protestas, con consecuencias impredecibles.
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