Tras el proceso de industrialización planificada que inició con el peronismo en 1946 y que no pudo ser frenado por completo luego del sangriento golpe de Estado de 1955 (no por vocación industrialista de los sucesivos gobiernos ilegítimos que hubo entre ese año y 1973, sino por imperio de la Alianza para el Progreso (1) craneada en Washington), Argentina nunca sufrió un tsunami de destrucción de la industria nacional y del trabajo calificado como en el primer año y medio de la desventura autodenominada «libertaria».
Nuestro país, como detallamos en la nota 1974. Por qué marcó un antes y un después en la historia, antes del golpe de marzo de 1976 registró índices históricos en materia de desarrollo industrial, desempleo (2,7%), pobreza (8%), desigualdad social (la menor de la serie histórica según el índice internacional de Gini), informalidad laboral, educación, cultura, etc. Ello fue uno de los principales disparadores -sino el principal- de la subversión del orden constitucional y del cambio de la matriz económica productiva por una de valorización financiera, que hoy en día es la que impera desde la Quiaca a Ushuaia: éramos un mal ejemplo para AL, como lo era Paraguay antes de la Guerra de la Triple Alianza planificada y coordinada por el imperio británico.
De ese marginal 8% de pobreza registrado a finales de 1974 se pasó durante la dictadura a niveles altísimos, pero, sobre todo, lo más nocivo del régimen fue la creación de la probreza estructural, algo que no existía en el país desde mediados de los años ’40. El siguiente gráfico, elaborado por el INDEC para el Gran Buenos Aires, muestra a las claras a qué vino la dictadura.
Después de los erráticos ’80 y a caballo de la colonización del PJ por parte de la Fundación Mediterránea (2) (3), la devastación neoliberal alcanzó su auge a mediados de los años ’90.
Pese a la pobreza y el desempleo crecientes, del estallido de las economías regionales, de un endeudamiento externo imposible de afrontar y de gravísimos actos de corrupción imposibles de esconder, por obra y gracia de la mentirosa ley de convertibilidad (1 dólar = 1 peso) pergeñada por el hombre fuerte de la Mediterránea (Domingo F. Cavallo, ideólogo también de la estatización de la deuda privada que se concretó en noviembre de 1982), Carlos Menem fue reelecto en 1995. Y cuatro años más tarde, Fernando De la Rúa se impuso en las elecciones presidenciales prometiendo «más 1 a 1», cuando hacía por lo menos un lustro que ese esquema estaba totalmente agotado.
El dólar planchado artificialmente para evitar el salto inflacionario, en Argentina siempre estuvo acompañado por el endeudamiento externo. En los ’90, primero se rifaron las empresas del Estado -incluyendo increíblemente a YPF- para poner en marcha ese esquema; cuando los dólares de las privatizaciones se acabaron se apeló al endeudamiento externo, fundamentalmente con el FMI.
El gobierno de De la Rúa, otra vez con Cavallo en el ministerio de Economía, se echó en los brazos del Fondo para darle forma al llamado «blindaje»: un préstamo de 40.000 millones de dólares con exigencias draconianas por parte del organismo donde EEUU tiene el poder de veto. El 19 de diciembre de 2000, en su tapa, Clarín decía: «El gobierno logró un fuerte respaldo internacional, encabezado por el FMI. El blindaje es de casi cuarenta mil millones. De la Rúa dijo que ahora debe comenzar el crecimiento» (ver imagen). Exactamente un año después, se produjo el mayo estallido social de la historia argentina, con un saldo de 39 muertos, un desempleo superior al 20% y una pobreza que orillaba el 60%.
(Cabe subrayar que el primer peronismo se negó a ingresar al FMI creado en 1945; Argentina se asoció al organismo en 1956, al año siguiente del derrocamiento de Juan D. Perón. En 2005, esa misma fuerza política le pagó la deuda al Fondo y logró salir del mismo luego de 49 años. El país regresó al FMI en 2018, con Macri y Caputo, para tomar una deuda histórica e impagable -u$s 44.000 millones-. Con Milei y Caputo elevó esa deuda en unos 20.000 millones de dólares – Ver La fiesta impagable).
Como decíamos, si bien en cada etapa neoliberal hubo destrucción de pymes y de puestos de trabajo, nunca se dio en forma tan rápida como en los primeros 18 meses de la gestión ultraderechista, segundo tiempo del gobierno macrista.
Así lo refleja un informe del CEPA basado en datos oficiales.
Dicho informe -que puede leerse completo AQUÍ– indica:
Este informe tuvo como propósito analizar las principales variables del mercado de trabajo publicadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), con foco en la evolución de los/as trabajadores/as registrados/as y empleadores durante los primeros dieciocho meses de la gestión de Javier Milei, entre noviembre de 2023 y junio de 2025.
Del análisis se desprende un marcado retroceso en los indicadores clave del empleo formal, con caídas significativas tanto en la cantidad de empleadores como en el volumen de puestos de trabajo registrados. A continuación, se sintetizan las principales conclusiones:
- Entre noviembre de 2023 y junio de 2025, se redujo la cantidad de empleadores en 16.322 casos.
- En términos absolutos, “Servicio de transporte y almacenamiento” es el sector más afectado, con una pérdida de 4.159 empleadores.
- En términos relativos, el sector más afectado es “Servicios de transporte y almacenamiento”, que ha registrado una pérdida del 10,5% en el total de empleadores.
- En el mismo período, se perdieron 236.139 puestos de trabajo registrados en unidades productivas.
- El sector “Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria” es el más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo, con una disminución de 89.794 trabajadores.
- En términos relativos, el sector más afectado es la construcción (-17,1%).
- Si se analiza la reducción de casos de empleadores, se observa que los principales afectados, en estos primeros diecinueve meses de la gestión de Milei, son las empresas de hasta 500 trabajadores/as: 99,63% del total de los casos (16.262 empresas menos). Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 500 trabajadores/as explican sólo el 0,37% (60 casos).
- Al analizar la caída del empleo registrado por tamaño de empresa se observa que entre noviembre de 2023 y junio de 2025 la expulsión de trabajadores es más significativa en las empresas de mayor porte: 72% de la pérdida de empleo (-169.278 trabajadores registrados) se focalizó en empresas de más de 500 trabajadores. En cambio, en el mismo período, la reducción de personal por parte de las empresas con menos de 500 trabajadores/as fue menor: -66.861 casos, explicando el 28% del total. En términos porcentuales, mientras que las empresas de más de 500 trabajadores/as redujeron su personal 3,54% (de 4.782.973 a 4.613.695), las empresas de hasta 500 disminuyeron su dotación 1,32% (de 5.074.200 a 5.007.339).
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(1) La Alianza para el Progreso fue un programa de cooperación económica, política y social implementado por el presidente estadounidense John F. Kennedy en América Latina, con el fin de evitar que situaciones de vulnerabilidad social en los distintos países del subcontinente pudiesen dar lugar a la expansión del comunismo, reinante en Cuba desde 1959. Ese programa estuvo vigente durante toda la década del ’60. En los ’70, comenzó la seguidilla de dictaduras neoliberales en la inmensa mayoría de los países latinoamericanos.
(2) La dictadura iniciada en 1976 tuvo características particulares que la diferencian de las anteriores, no sólo por su plan sistemático de represión, sino también porque impuso una profunda reestructuración de las relaciones sociales y económicas. Puntualmente en lo económico se abrió un proceso de cambios que generaron el desarrollo de un nuevo patrón de acumulación de capital basado en la valorización financiera. De esta manera, se dejó atrás un largo período caracterizado por diferentes proyectos que buscaron el desarrollo económico a partir de la industria. El encargado de llevar adelante estos cambios fue el equipo de Martínez de Hoz, sin embargo, este proceso estuvo cargado de conflictividad y de disputas en la sociedad civil y también al interior del grupo cívico- militar que lo llevó adelante. En 1977 nace en Córdoba uno de los actores que en los años 90 cobrará relevancia pública y consolidará el patrón de acumulación: La Fundación Mediterránea. Usina de pensamiento liberal que, en este período, además de generar publicaciones especializadas, tendrá sus primeras incursiones en el Estado, a través de asesorías técnicas y de la inserción de sus miembros al frente del Banco Central.
