En este contexto, Guadalupe Godoy directora del Programa de Memoria y Reparación Histórica de la prosecretaría de Derechos Humanos de la Universidad local e integrante de la Comisión de Reparación de Legajos de Medicina vinculó el desarrollo del organismo a la reconstrucción a lo largo del tiempo de una política de Memoria para la UNLP donde se registraron más de 750 víctimas del terrorismo de Estado entre estudiantes, no docentes, docentes, graduados y personas vinculadas.
Godoy destacó el “entramado de organizaciones de Derechos Humanos y de personalidades como Adelina Dematti de Alaye (fundadora de Madres de Plaza de Mayo) o Marta Ungaro que a partir de los años 90 permitieron el surgimiento muy potente de las Comisiones de Homenajes, que -aunque no en forma institucional- impulsaron la creación de esos mecanismos que en 1998 tuvieron un hito en la Universidad local con la creación de la Dirección de Derechos Humanos, una de las primeras en su tipo en universidades del país. Y a partir de 2006 con la difusión de una nómina de personas víctimas del accionar represivo en la UNLP.
Según Godoy «a partir de la jerarquización de los Derechos Humanos como una secretaría de la Universidad y de una dirección específica para la recuperación de legajos, que llegaron de la mano del decreto que buscaba identificar a las víctimas del extermino, a nivel de la UNLP se apuntó a determinar por qué los trabajadores dejaron de serlo y los motivos por los cuales numerosas personas, estudiantes, docentes, no docentes o graduados dejaron de estar relacionados a las distintas facultades».
En ese marco también destacó la tarea de reconstrucción de los archivos, que en algunos casos como en Humanidades fueron microfilmados, pero los comprobantes físicos fueron destruidos, «como parte de una compleja situación donde la Universidad fue víctima pero también victimaria a partir de la intervención genocida, organizada durante la dictadura militar».
Pero más allá de los casos personales, la reconstrucción de legajos ha tenido efectos sociales específico que se visibilizan en el compromiso que han tenido trabajadores, graduados y estudiantes y que se traduce en las distintas unidades académicas, como a modo de ejemplo la designación de Facultad de Artes a la que tradicionalmente se denominaba “Bellas Artes”, denominación vinculada a los años más oscuros de la dictadura. Además permitió sacar a la luz el rol de diversos protagonistas de la Universidad en el aparato represivo».
Godoy destacó que cuando se terminen de sistematizar los datos de los legajos de Medicina gracias a las huellas digitales se podrá confeccionar una nueva lista de desaparecidos en la UNLP que a la vez está implicada en el programa de apoyo a los procesos judiciales en marcha. Y en este terreno reclamó que “los juicios no pueden esperar porque se está registrando una especie de impunidad biológica, dado que los acusados se mueren sin una condena”.
Más tarde, Elisa Estenssoro, también integrante de la Comisión de Reparación de Legajos de Medicina centró su participación en el contexto histórico que se vivía en La Plata previo al golpe de 1976, «con la activa participación política de amplios sectores de la población que tenían como norte impulsar cambios importantes en la sociedad. En ese marco recordó que antes de la dictadura bandas armadas, como la Triple A asesinaron a militantes como ser a Rodolfo Achen, secretario administrativo y a Carlos Miguel director del departamento Central de Planificación de la UNLP.
“Otros sectores de ultraderecha como la Concentración Nacional Universitaria (CNU) también asolaron Medicina por entonces y asesinaban a compañeros, pero después del 24 de marzo de 1976 se dio un salto cualitativo de violencia genocida. Se produjo un cambio en la vida cotidiana de todos. Estábamos al tanto de lo que sucedía en forma subterránea, pero no teníamos idea de su magnitud”, dijo.
“El cambio fue brutal desde las libertades existentes en 1973 cuando pensábamos construir una sociedad más justa, libre y soberana a un Estado genocida, donde vivíamos aterrorizados”
Pero desde otro plano, también Estenssoro señaló que la reparación de legajos permitió identificar a cómplices de la dictadura y, en ese marco, destacó la decisión del actual rector de la Facultad de Ciencias Médicas Juan Angel Basualdo Farjat de retirar el retrato en marzo de 2019 del exinterventor de Medicina durante a la dictadura, Manuel García Mutto.
HOJA DE ROBLE
Por su parte Efraín Salvioli afirmó que vive “con cierta alegría los diálogos sobre derechos humanos vedados y silenciados durante años en que la facultad estaba conducida por Hoja de Roble. Fueron los y las estudiantes quienes permitieran que esos reclamos no desaparecieran y nos invitaban a participar porque institucionalmente no daban espacio para la memoria, postura que no tiene tanto que ver con tratar de ocultar el horror sino con la complicidad y una concordancia de esa conducción con las políticas universitaria de las dictadura”.
“A mi generación le tocó vivir la resistencia en la postdictadura, a las leyes de la impunidad en concomitancia desde la Facultad con las medidas que impulsaba la Universidad”
“La postura del fascismo de Hoja de Roble hizo que el discurso de los derechos humanos no sólo se invisibilizara, sino que también se persiguiera en algunas cátedras, al punto que sugestivamente “desaparecía” cada vez que se instalaba un panel con las imágenes de los desaparecidos de Medicina. Así el tema de los desaparecidos ingresó tardíamente y perseguido en la Facultad. También eso permitió que se formara un estudiantado que servía a esos fines.”
“Sin embargo el alumnado de a poco se convirtió en protagonistas, como quedó en claro el 4 de marzo, cuando los estudiantes contando historias y plantando árboles tomaron la palabra”. “Fueron los estudiantes los que forzaron la renuncia del ex vicedecano Enrique Pérez Albizu y su expulsión por parte de la Universidad”.
“El caso de Pérez Albizu, sostenido por Hoja de Roble, se produjo después de haber sido denunciado por haber firmado certificados de defunción de víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar, los cuales servían para fraguar enfrentamientos, en una denuncia que formuló en su momento Adelina de Alaye, en el juicio por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención La Cacha”.
“El caso de Pérez Albizu se enmarca en una denuncia más amplia contra un total de 25 médicos de la Policía de la Provincia a los que Adelina de Alaye acusó de haber firmado certificados de defunción de personas anotadas en la morgue policial de La Plata como “NN”, muertos por destrucción de masa encefálica por herida de proyectil de arma de fuego en aparentes enfrentamientos, cuando en realidad se trataba de desaparecidos”.
También Salvioli llamó a “una enorme reflexión de nuestros claustros sobre el rol de la facultad durante la dictadura. Muchos maestros de Medicina e incluso decanos durante los distintos gobiernos de facto comenzaron su carrera docente después de 1955”. Tenemos una enorme tarea de deconstrucción, luego de que la historia oficial de la facultad fue resumida en el libro “Hombres y cosas” de Enrique Frutos Ortiz donde entre otras cosas se cantan loas a la revolución de 1955 y a la lucha antisubversiva” y reiteró “tuvimos un vicedecano cómplice de la dictadura y ningún claustro dijo nada”.
“Pérez Albizu falseaba sus informes en las pericias en la Policía bonaerense cuando catalogaba como NN a las víctimas de la represión aun sabiendo de quién se trataba y permitiendo el círculo de las desapariciones que impulsaba la dictadura”. Así parafraseando a Adelina Dematti de Alaye dijo que “sin médicos cómplices no podía haber desapariciones ni tortura. Hubo médicos y algunas médicas cómplices porque se podían haber negado a participar y falsear informes como en algunos puntos del Connurbano. De los 25 médicos cómplices de la policía bonaerense, 14 eran docentes de la Facultad y de ellos 12 daban clase siendo médicos de policía en plena democracia”.
“Eran docentes en Medicina mientras participaban de actos de tortura, como por ejemplo Carlos Morganti, docente de la cátedra de Anatomía a quien ascendieron a profesor adjunto post mortem. Se trata de un caso que pone en la mira el rol institucional de la facultad durante la dictadura, teniendo en cuenta que la mayoría de esos docentes lo siguieron siendo en democracia e incluso, como García Mutto, daban informes a los servicios de inteligencia”.
Al respecto Guadalupe Godoy aseguró que como quedó demostrado en el juicio por los delitos cometidos en la Unidad 9 «no pudo haber actos de tortura sin un médico que los supervisara, pero también se destacó la tarea de innumerables médicos, no docentes y personal de la salud que se negaron a participar en esos actos».
NOMBRES PARA DESTACAR
Así Estenssoro recordó a Alberto Oscar Carlos Bossio, médico que da nombre al pabellón de alta complejidad del Hospital San Martín, y Guadalupe Godoy hizo referencia a la historia del matrimonio de María Ilda Delgadillo y César San Emetrio, detenidos-desaparecidos por denunciar a monseños Plaza el nacimiento en cautiverio cerca de La Cacha de los mellizos Mario y Gonzalo Reggiardo Tolosa tras el cual su madre, María Rosa, permanece desaparecida.
Por su parte Daniela Fernández recordó la enorme valentía de Iris Torres, encargada del sector de graduados de la Facultad de Arquitectura, quien gracias a su esfuerzo personal y contradiciendo las órdenes de sus superiores logró rescatar una gran cantidad de legajos que fueron de un enorme valor para permitir reconstruir la historia de un gran número de estudiantes no sólo de su facultad, sino también en Medicina.
