La frase que con genialidad describía un clima de época, también marcó la rebeldía del “pelo largo”, ese que se “guadañaba a la fuerza en un coiffeur de seccional”, como decía el mismo dúo en “Yo vivo en esta ciudad”.
Era una rebeldía creativa y transformadora, hija como decíamos del Cordobazo, pero también del Mayo francés y su “Seamos realistas, pidamos lo imposible”, que se escribía en esas barricadas, tan alejadas de la actual rebeldía “libertaria”, opuesta a todo orden social, que no sea el consolidado beneficio de los que más tienen.
Los niños y adolescentes en esa etapa de conmoción en la Argentina (como era entonces Alberto Fernández) convertimos a partir de entonces la defensa a las libertades personales en uno de los baluartes irrenunciables, con la libertad de expresión como pilar excluyente.
Pero hasta los principales valores no pueden llevarse a la práctica sin medir las consecuencias o como claramente expresó la canciller alemana Ángela Merkel : “La libertad de expresión tiene sus límites y esos límites comienzan cuando se propaga el odio”.
Y por estas horas el Presidente y su ex ministro Ginés González García anunciaron que querellarán civil y penalmente a la titular del PRO, Patricia Bullrich por haberlos acusado de pedir ”un retorno” al Laboratorio Pfizer para firmar un contrato para la llegada de sus vacunas a la Argentina, hecho que el mismo laboratorio desmintió en un comunicado.
Por el momento Ginés presentó una carta documento exigiendo que Bullrich se retracte, mientras el abogado designado por el presidente Fernández para iniciar acciones legales a la titular del PRO, Gregorio Dalbon, aseguró «que la recomendación al presidente fue que vayamos por la vía civil», ya que «le va a doler más que vayamos por su patrimonio». Además se aclaró que esos fondos serán donado al Instituto Malbrán.
Por su parte, la líder política opositora ensayó en diversos medios una explicación, pero sin retractarse, ni presentar pruebas. “La no firma de ese contrato es la gran prueba y que el Presidente no haya insistido todos los días para saber qué pasó, si el acuerdo se cajoneó y cuál era la traba”, dijo a modo de excusas a unos dichos que le generaron críticas hasta en su propio espacio político.
LIMITE
Se trata de un primer límite claro que desde el Gobierno se busca imponer a un constante bombardeo hacia la autoridad presidencial y a una prédica tan inconsistente como peligrosa sobre la estrategia para hacer frente a la pandemia, en especial a las restricciones a la circulación y a la efectividad de su plan de vacunación, que no sólo afecta la honorabilidad de los acusados, sino también la salud pública de los argentinos.
Los medios tampoco están ausentes de este accionar, al punto de que quedan al límite de lo permisible para la libertad de expresión sobre la cual basan un discurso no sólo disolvente sino también peligroso en momentos en que la pandemia golpea con mayor fuerza en el país.
Promover desde la pantalla de televisión expresiones de Médicos por la Verdad es un verdadero atentado, tan peligroso como otros hechos de violencia. Según el sitio Chequeado.com la entidad «es una organización internacional que nació en Alemania, se fortaleció en España y se expandió por América Latina. Las falsedades que difunden van desde promover falsas curas, llamar a no usar mascarillas y hasta negar la pandemia, por ser parte de un supuesto ´plan de dominación global´. Al ser médicos, su peso en la discusión pública es mayor y algunos Colegios de Médicos de España comenzaron procesos para investigarlos por temor al daño que pueden generar en la salud pública”.
Por lo pronto, el líder del movimiento Médicos por la Verdad en Argentina, el oftalmólogo Mariano Emilio Arriaga Ferré, de 57 años, quedó imputado y excarcelado tras el pago de una fianza, junto a otro médico mendocino y un concejal de la provincia de Chaco por motorizar al menos tres encuentros anticuarentena que violaron la normativa vigente dispuesta por el Gobierno nacional para evitar la propagación de la pandemia del Covid-19, el más visible en el Monumento a la Bandera a la Bandera el martes 25 de Mayo.
Se trata de las primeras acciones duras que se adoptan en el marco de las nuevas restricciones por la pandemia y que a muchos llevaron a cuestionar las razones de permisividad oficial respecto a la ofensiva que bajo la libertad de expresión se ensañan a través de las pantallas de televisión contra cualquier medida que tienda a contrarrestar los efectos más trágicos del coronavirus.
Pretender minimizar los efectos de los medios como condicionantes no sólo de las opiniones, sino también de las conductas de la población es tratar de tapar el sol con las manos. Todo el negocio de la televisión está basado en la capacidad de la publicidad para generar el consumo de sus espectadores.
De esta forma, que desde una pantalla virtualmente se insulte al Presidente y se cuestionen cada una de las decisiones sanitarias con argumentos tales como “tenemos los huevos en el plato” o “El Presidente le agradece a Xi Jinping, y a la ‘Putin que lo parió’ y no nos agradece nada a nosotros», no sólo da muestra de una guaranguería propia de quien lo dice, sino de una muestra de odio e intolerancia que es incomprensible que se difunda sin consecuencias en los medios masivos.
Las frecuencias de los medios de comunicación en la Argentina son propiedad del Estado, que también tiene la responsabilidad de su control. En tiempos de guerras, como sucedió con las Malvinas, era inadmisible que un canal de televisión diera información abierta sobre la estrategia militar. También en la guerra contra el coronavirus boicotear las mínimas defensas de la población para combatirlo, es lisa y llanamente criminal.
Cabe recordar que presidentes como Trump o Bolsonaro y primeros ministros como Boris Johnson estuvieron o están en dificultades con la Justicia por su política de negar al coronavirus y sus consecuencias que los llevaron a adoptar planes laxos. En cambio acá el cuestionamiento es porque se aplicaron medidas severas para combatirlo y que precisamente no causaron el efecto deseado por estas campañas negacionistas. Ahora hasta los miembros de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti fueron acusados ante Diputados para iniciar juicio político. Se solicita su remoción por “mal desempeño de sus cargos y su posible participación en los delitos de homicidio, lesiones, propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa, violación de los deberes de funcionario público y prevaricato”.
