En medio de un clima de represión y opresión con prácticas filodictatoriales, las cuales han desvirtuado por completo la convivencia democrática en la provincia de Jujuy gobernada por el precandidato a vicepresidente de la Nación de Horacio Rodríguez Larreta (JxC), el radical Gerardo Morales, la Iglesia Católica argentina realizó una presentación ante la Suprema Corte local solicitando la “inconstitucionalidad” de la reforma exprés de la Constitución provincial que atenta contra los derechos de los pueblos originarios, los recursos naturales y los derechos y libertades de la población a expresarse libremente.
“Planteamos la adhesión como institución al pedido solicitado ante la Justicia de la acción de inconstitucionalidad, entendiendo plenamente que la obligación estatal resulta la de garantizar a los Pueblos la entrega de los títulos de la Propiedad Comunitaria Indígena hacia las Comunidades, respetando ésta como tal, en sus recursos naturales y espiritualidad”, reza el escrito que presentó el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen dependiente de la Conferencia Episcopal Argentina.
El periodista especializado en temas religiosos, Washington Uranga, detalló en un artículo conocido ayer, martes 18 de julio, que el titular del organismo, el obispo Rodolfo Fernández, subrayó que “la reforma constitucional de la provincia de Jujuy ha vulnerado de manera expresa los derechos y garantías constitucionales y convencionales referida a los Pueblos Indígenas, afectando de manera directa e indirecta el derecho a la participación, consulta previa libre e informada, el derecho al consentimiento, derecho al acceso a la información adecuada, con consecuencias directas sobre su territorio, propiedad y posesión comunitaria, bienes ambientales de su territorio e intereses de los Pueblos Indígenas de Jujuy”.
En tanto, el obispo de Jujuy, Daniel Fernández, resaltó que “hay un tendal de sufrimiento y dolor en la provincia” del norte.
Volviendo al cuestionamiento directo a la reforma, el escrito de la Iglesia afirma que lo expresado “se condice directamente con el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional; el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); la Declaración de Naciones Unidas sobre Derecho de los Pueblos Indígenas (ONU); la Declaración de la Organización de los Estados Americanos sobre Derecho de los Pueblos Indígenas (OEA), y demás tratados internacionales aplicables”. De este modo se deja constancia de que la reforma exprés de Morales incumple no sólo con la carta magna nacional sino con los principios de la ONU, la OEA y la OIT.
“Queda expresamente definido que la supremacía constitucional nacional deja en claro que la posesión y propiedad comunitaria y el derecho de consulta indígena deben ser respetados y garantizados, y así lo ha sostenido el último fallo en contra del Estado Argentino de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Lhaka Honhat vs. Argentina”, se indica en la presentación judicial, explica Uranga.
Cabe recordar que tanto la ONU como la OEA -a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)– ya habían advertido duramente al gobierno provincial de Morales cuando reprimió salvajemente las protestas de las docentes, trabajadores en general y pueblos indígenas el 20 de junio. También lo hicieron Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Además, Naciones Unidas objetó la reforma constitucional que avalaron los cambiemitas y los justicialistas (excepto tres). Esto último llevó a que la semana pasada el presidente de la Nación y del PJ nacional, Alberto Fernández, ordenara la intervención del PJ provincial y la desafectación de los diputados que votaron por la reforma.
En este contexto, el obispo jujeño Daniel Fernández expresó: “Lo que pasó ha causado una conmoción social y hechos de violencia; un tendal de sufrimiento y dolor en el pueblo que llevará tiempo poder sanar”.
“Trabajamos por una pacificación, bajando los niveles de conflicto; buscamos entonces una mesa de diálogo y participación donde surjan voces comprometidas con la paz social”, amplió.
Uranga anticipó que la jerarquía de la Iglesia está realizando gestiones para que “haya una pacificación primero, a fin de tener luego una mesa de participación donde todos podamos aportar”.
