El jueves 16 de julio se reunieron en el rectorado de la UNLP docentes, extensionistas e investigadores de las facultades de Artes, Ciencias Exactas, Ciencias Económicas, Ingeniería, Trabajo Social, Periodismo y Comunicación Social y Humanidades y Ciencias de la Educación, sindicatos, organizaciones, centros de investigación y áreas de gestión, junto a representantes de las cinco cooperativas que vienen desarrollando tareas de reciclado en La Plata: Sol Plat, La Unión hace la Fuerza, San Ponciano, Recicladores Unidos y La Esperanza.
La reunión fue convocada por el Consejo Social y tuvo como objetivo profundizar en el análisis y las propuestas sobre las políticas de disposición, tratamiento y recuperación de residuos en la región.
En ese marco, todas las disciplinas y áreas presentes coincidieron en plantear que debe reconocerse a las y los recuperados como servidores públicos, dado que el rol que cumplen cotidianamente en la comunidad es central tanto en términos sanitarios-ambientales como económicos.
Hoy, con lo obtenido de las ventas de los materiales reciclables las cooperativas apenas llegan a cubrir los costos operativos de las plantas o reparten muy magros ingresos entre sus trabajadores. Los representantes de las cooperativas presentes afirmaron en este sentido: «si el municipio reconociera efectivamente el ahorro en transporte y entierro que representa este trabajo e hiciera partícipes a las cooperativas, o si nos pagara por camión de bolsa verde procesado, los ingresos se multiplicarían y permitirían salir de la mera subsistencia”.
Estos trabajadores constituyen el eje vertebrador de cualquier sistema de tratamiento integral de residuos, y su sostenimiento debe ser incorporado por el estado como una inversión, ya que representan un ahorro sustancial en el gasto de disposición final de los residuos, expresaron desde el Consejo.
En la reunión se planteó, como ejemplo, que en 2025 la provincia de Buenos Aires debió destinar 300.000 millones de pesos al CEAMSE, y la pregunta de todos los presentes es cuánto más hubiera debido pagar sin el trabajo de miles de recuperadores a lo largo de los municipios que la integran.
Esto sin hablar del daño para el ambiente y la salud que implica la falta de un sistema de tratamiento integral de residuos, sobre todo en momentos en que la apertura indiscriminada de importaciones llena el mercado argentino de material virgen, mirando únicamente los costos y no el pasivo ambiental.
Las diferentes disciplinas y áreas presentes se comprometieron a trabajar en un documento que profundice en cada uno de estos conceptos, incorporando el informe de la situación del sistema elaborado por las cooperativas, para presentarlo ante las autoridades pertinentes en la región.
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