Ni media palabra destinada a hablar de producción y trabajo. Y si alguien la esperaba pecaba de ingenuo. Porque el plan -si así puede llamarse- que anunció este martes 12 de diciembre el ministro de Economía del gobierno de extrema derecha argentino, Luis Caputo, apunta justamente en sentido contrario: frenar o hacer caer la actividad económica, lo cual generará suspensiones y despidos, destrozar el ya bajo poder adquisitivo de los salarios mediante una salvaje devaluación que irá automáticamente a precios, y así bajar la inflación a largo plazo (según dicen los manuales de la más rancia ortodoxia económica liberal, pero vaya a saber porqué, eso jamás se cumplió en la realidad; al menos en Argentina).
El dólar oficial aumentará de 365 a 800 pesos, es decir, casi un 119 por ciento, lo que implicará una devaluación del 54%. En otras palabras, tu sueldo y el mío hoy valen un poco menos de la mitad de lo que valían ayer. Una caída de esa magnitud del salario real se llevó a cabo durante el primer mes de la dictadura cívico-militar de 1976 (para tener una idea de lo que estamos hablando).
También se abrirán las importaciones, una medida que han tomado, en los últimos 50 años, tres gobiernos: la dictadura, el menemismo y el macrismo. Es algo que pega de lleno en la línea de flotación de las pequeñas y medianas empresas nacionales (pymes), responsables del 80% del trabajo en nuestro país. Durante el régimen 76-83 bajaron las persianas más de 20.000, en tanto que entre 2015 y 2019 lo hicieron casi 25.000.
Un Estado muy presente
El sideral aumento de precios que sobrevendrá a la brutal devaluación anunciada por el endeudador y fugador serial Luis Caputo golpeará duramente a los sectores más postergados de la sociedad, a los trabajadores registrados y a la clase media, mientras que será capitalizado por las 20 empresas que facturan el 74% de lo que se consume en las góndolas. Eso es “transferencia de ingresos”. Y para que ocurra, interviene directamente el Estado dictando este tipo de medidas.
Ley de movilidad jubilatoria e impuesto a las ganancias
Aunque ayer no se anunciaron porque pensaron que “era demasiado”, como si lo que se dio a conocer en forma grabada -para evitar preguntas de los periodistas- no lo fuera, hay dos medidas que están en el “plan”. Una es la eliminación de la ley de movilidad jubilatoria, lo que implicaría que los haberes de jubilados y pensionados dejen de actualizarse en consonancia con el IPC: pasarían a ser fijados unilateralmente por presidencia de la Nación o el ministerio de Economía. La otra es la reimplementación del impuesto a las ganancias para los asalariados que fue eliminado en octubre por el ex titular del Palacio de Hacienda, Sergio Tomás Massa.
Único objetivo de la salvajada: el déficit fiscal
Caputo también anunció la eliminación de las obras públicas, la reducción al mínimo de las transferencias a las provincias, la reducción de subsidios a la energía y el transporte, el achicamiento de la planta del Estado, entre otras medidas que tienen como objetivo “alcanzar el equilibrio fiscal”.
Como se dijo, el gobierno aumentó casi un 119% el valor del dólar mayorista, que ayer (martes 12) cerró a 365 pesos, lo que significa una devaluación del 54%.
Semejante devaluación no contempla una compensación con los salarios
El ministro macrimileísta retomó las mentiras que dijo Milei el domingo en las escalinatas del Congreso, como que este gobierno recibió “la peor herencia de la historia”, olvidando la que recibió Raúl Alfonsín de la dictadura y la que recibió Néstor Kirchner tras la debacle económica absoluta y el estallido social del 2001, producto de políticas muy similares a las que ahora se ponen en marcha. También asustó con una probable hiperinflación del 15.000% si no se hace lo que ya empezaron a hacer (vale recordar que en 1989 hubo una hiperinflación del 5.000% y la sociedad quedó devastada).
En ese sentido, Caputo afirmó, con el librito de la ultraortodoxia liberal bajo el brazo, que el principal problema de la Argentina es el déficit fiscal.
Luego, el ministro presentó su paquete de medidas “para solucionar el problema del déficit”, el cual como ya vimos contempla un fuerte ajuste en el Estado y en el bolsillo de los argentinos, menos en los de la casta política y económica.
Una por una
1.No se renovarán los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia: “Es una práctica habitual en la política esta de incorporar miles de familiares y amigos antes de un cambio de gobierno para mantener sus privilegios”, dijo (se “olvidó” de que esa práctica estuvo a la orden del día durante el gobierno de la “deuda y fuga” que él integró hace muy poco).
2.Se decreta la suspensión de la pauta publicitaria del gobierno nacional por un año. “Durante el 2023, entre presidencia y los ministerios se gastaron 34 mil millones de pesos en pauta. No hay plata para gastos que no sean estrictamente necesarios y mucho menos para sostener con plata de los contribuyentes medios que se crean para alabar las virtudes de los gobiernos de turno”, indicó (¿en serio nos quieren hacer creer que los medios hegemónicos no recibirán beneficio alguno?).
3.Los ministerios se reducirán de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54.
4.Se reducirán las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias (por ende, muchas provincias estarán en serios apuros para funcionar).
No más escuelas, hospitales, rutas, cloacas, viviendas…
5.El Estado Nacional no va a licitar nuevas obras públicas y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado.
6.Se reducirán los subsidios a la Energía y al Transporte, lo cual derivará en sustanciales incrementos en las tarifas de luz y gas para los particulares, comercios y empresas, así como en el boleto de tren y colectivo.
7.Se mantendrán los planes Potenciar Trabajo, pero de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto del 2023 (es decir que sus beneficiarios cobrarán lo mismo que este año -migajas- para afrontar gastos indispensables con precios inalcanzables).
8.El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos. “Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial para que los sectores productivos tengan realmente los incentivos adecuados para aumentar la producción. Esto va a estar acompañado por un aumento provisorio del impuesto País a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias. De esta manera, beneficiamos a los exportadores con un mejor precio y equiparamos la carga fiscal para todos los sectores, dejando de discriminar al sector agropecuario. Finalizada la emergencia, vamos a avanzar en la eliminación de todos los derechos de exportación, que consideramos un gravamen perverso que entorpece el desarrollo argentino” (lo dicho: se benefician los mismos de siempre).
9.Se reemplaza el sistema SIRA de importaciones por un sistema estadístico y de información que no requerirá de la aprobación de licencias. “El que quiera importar, ahora podrá hacerlo y punto” (apertura indiscriminada de importaciones).
10.Se duplicará la Asignación Universal por Hijo y se aumentará la tarjeta alimentaria al 50%. Más migajas que se licuarán en minutos con la estampida inflacionaria.
Fuentes consultadas: C5N, Página 12, Ámbito Financiero, Télam, La Nación
