“Si se desfinancia la educación técnica es porque no se está pensando en un país industrial” (Jorge Mattia, ex director, durante 18 años, del Colegio Industrial Albert Thomas de La Plata – 7 de noviembre de 2024 – 90lineas.com)
La educación técnico profesional, pilar fundamental para el desarrollo productivo y la inserción laboral de cientos de miles de jóvenes, ha transitado una década de vaivenes presupuestarios que la han dejado en una situación de extrema vulnerabilidad.
Desde el incumplimiento de las leyes de financiamiento hasta la eliminación directa de fondos específicos, el período comprendido entre 2015 y 2025 se ha caracterizado por una marcada desinversión que amenaza con desmantelar un sistema clave para el futuro del país.
Las consecuencias ya se sienten en las aulas y talleres: equipamiento obsoleto, edificios en estado crítico y una creciente brecha entre la formación ofrecida y las demandas del sector productivo.
2015-2019: El comienzo del ajuste y el incumplimiento de la ley
El gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) marcó un punto de inflexión en el financiamiento de la educación técnica. Si bien la Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.058, sancionada en 2005, establecía la creación del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, nutrido con un monto no inferior al 0,2% de los ingresos corrientes del presupuesto nacional, durante esta gestión esa meta fue sistemáticamente incumplida.
Informes de organizaciones como el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación (IICE) de la UBA y la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) denunciaron que para 2019 la inversión en el área se había reducido a la mitad de lo estipulado por ley, alcanzando apenas el 0,1% de los ingresos.
Esta reducción presupuestaria no fue un mero ajuste contable. En la práctica, se tradujo en la paralización de programas de mejora de infraestructura; la discontinuidad en la actualización de equipamiento para los talleres y laboratorios, y un recorte en las becas para estudiantes, un factor crucial para la permanencia en el sistema de los jóvenes de sectores más vulnerables.
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2020-2023: Un intento de recomposición frenado por la crisis
Con el cambio de gobierno a fines de 2019, hubo un intento por revertir la tendencia a la baja en la inversión educativa. Se anunciaron aumentos en las partidas destinadas al Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), organismo rector de la modalidad, con el objetivo de fortalecer las instituciones y relanzar programas de equipamiento.
Sin embargo, el contexto de crisis económica, agravado por la pandemia de COVID-19, limitó el impacto de estas medidas. Si bien se observó una recuperación en la inversión en comparación con los años previos, no se logró alcanzar los niveles históricos ni compensar el desfinanciamiento acumulado. Las escuelas técnicas continuaron arrastrando problemas estructurales, con talleres que no contaban con los insumos necesarios para las prácticas y docentes que debían hacer malabares para dictar sus clases en condiciones precarias.
2024-2025: La eliminación del fondo y la incertidumbre total
El golpe más duro para la educación técnica llegó con el gobierno de Javier Milei. En el marco de un profundo ajuste del gasto público, el proyecto de presupuesto para 2025 ya contemplaba la eliminación del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, derogando de facto el artículo 52 de la Ley 26.058. El Ejecutivo eludió el Congreso y siguió asignando fondos a piacere de acuerdo al presupuesto 2023. Ahora está en la casa legislativa el proyecto de presupuesto 2026, que también deroga el fondo para la educación técnica.
Esta medida, alertan desde la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), representa una condena para las escuelas técnicas del país. Sin estos fondos específicos, que garantizaban recursos para equipamiento, infraestructura y formación docente, las instituciones quedan a la deriva, dependiendo de la discrecionalidad de las transferencias del tesoro nacional.
La decisión se enmarca en una política más amplia de desfinanciamiento educativo, que incluye la suspensión del artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, el cual establece el objetivo de alcanzar una inversión del 6% del PBI en educación.
Aulas vacías y futuro en riesgo
Las consecuencias de esta década de desinversión son múltiples y se agravan día a día:
* Infraestructura y equipamiento obsoletos: Escuelas con instalaciones eléctricas peligrosas, falta de gas, talleres sin las herramientas adecuadas y laboratorios con tecnología de hace décadas son una postal común en (casi) todo el país. Esto no solo pone en riesgo la seguridad de estudiantes y docentes, sino que también impide una formación acorde a las exigencias del mundo laboral actual.
* Desvinculación con el sector productivo: La falta de inversión en equipamiento y la desactualización de los planes de estudio generan una brecha cada vez mayor entre los perfiles de los egresados y las necesidades de la industria. Las empresas, que deberían ser las principales receptoras de los técnicos formados en estas escuelas, encuentran dificultades para hallar personal con las competencias requeridas.
* Aumento de la deserción escolar: Si bien la matrícula en las escuelas técnicas ha mostrado un crecimiento en los últimos años, la falta de recursos y las condiciones edilicias precarias atentan contra la permanencia de los estudiantes. La suspensión de becas y programas de acompañamiento agrava esta situación, especialmente para los jóvenes de contextos socioeconómicos desfavorables.
* Precarización del trabajo docente: Los docentes de las escuelas técnicas se ven obligados a trabajar en condiciones inadecuadas, con falta de insumos y sin la capacitación necesaria para hacer frente a los avances tecnológicos. Esto repercute directamente en la calidad de la enseñanza.
Una hipoteca para el futuro de Argentina
La desfinanciación de la educación técnico profesional no es solo un problema educativo; es una hipoteca para el futuro de Argentina. Sin técnicos calificados, el país pierde competitividad, se frena el desarrollo industrial y se cierran oportunidades para miles de jóvenes. Revertir esta tendencia es urgente y requiere de un compromiso real del Estado para con un sector estratégico que hoy se encuentra en estado de emergencia.
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