matar a la vicepresidenta
Decenas de miles de bolsonaristas, durante los últimos cuatro años adoctrinados y armados por la extrema derecha de Brasil, coparon calles de importantes ciudades donde, para no dejar lugar a duda alguna, hicieron el saludo nazi. Y fueron hasta los cuarteles para pedirle al ejército que impida asumir al ganador de las elecciones, Lula da Silva.
La extrema derecha de Bolivia, con Fernando Camacho a la cabeza (el Bolsonaro de este país), lanzó un paro por tiempo indeterminado y realizó caravanas donde se podían ver hombres armados. El presidente socialista Luis Arce relevó a toda la cúpula militar y advirtió que se está gestando un golpe como el de 2019. Campesinos, indígenas y habitantes de las ciudades, hombres y mujeres demócratas, ya salieron a las calles para defender al gobierno que el 18 de octubre de 2020 arrasó con el 55,11% de los votos, tras un largo y sangriento año de una administración de facto.
Al mismo tiempo, los jueces macristas de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi (los dos últimos designados por Macri en forma anticonstitucional, algo que dijo hasta la devaluada Corte Suprema), liberaron a los integrantes de la agrupación neonazi Revolución Federal que estaban presos por orden del juez Martínez de Giorgi: se trata del “carpintero” Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile. La Cámara dijo que “no hay elementos para sostener que la libertad de (dichos personajes) pueda poner en riesgo la investigación judicial”.
Muy por el contrario, cuando el juez Martínez de Giorgi decidió detenerlos, lo hizo alegando que las consignas y manifestaciones violentas protagonizadas por Revolución Federal desde mayo de este año pudieron haber funcionado como “caldo de cultivo, como el discurso de odio que desencadenó” el intento de asesinato de la vicepresidenta. Es más, luego denegó un pedido de excarcelación alegando que podían interferir en la causa.
Cuando llegó hasta Caputo y el Pro, la jueza dio marcha atrás
Morel recibió una suma de dinero muy abultada por parte del grupo económico Caputo -principal socio del macrismo- a cambio de un trabajo que nunca realizó. E integrantes de Revolución Federal tenían como abogados a ex asesores de diputados y diputadas del Pro.
En los últimos días sonó otra campana de alerta: el diputado del Pro Gerardo Fabián Milman habría anticipado el atentado a Cristina Fernández a dos empleadas que trabajan con él.
No obstante, la jueza de la causa del atentado, María Eugenia Capuchetti, se negó a pedirles los celulares a estas dos empleadas por considerar que era una intromisión en su vida privada. Muy considerada la jueza: en medio de la investigación de uno de los hechos más violentos de la historia argentina -el intento de asesinar a la vicepresidenta elegida por el voto popular-, desechó una prueba que podría haber sido clave por “respeto a la privacidad”. Quizás estamos viviendo en Suiza y jamás nos enteramos…
El temor al “efecto Lula”
Hay algunos elementos que no pueden soslayarse y que están íntimamente relacionados.
El triunfo de Lula da Silva en Brasil encendió todas las alarmas en la derecha-ultraderecha económica, política, judicial y mediática argentina sobre una eventual postulación de Cristina Fernández en 2023.
Por otro lado, cuando la jueza y el fiscal de la causa por el intento de asesinato a la dos veces presidenta de la Nación comenzaron a tirar del hilo y encontraron al grupo Caputo, a abogados de los neonazis íntimamente ligados al Pro y, como frutilla del postre, a un diputado en ejercicio anticipando el atentado 48 horas antes, comenzaron a recular en chancletas a la velocidad de la luz. Vaya a saber qué más había en esa esa caja de Pandora.
El eje Lula-Cristina le causa urticaria al poder económico-político-judicial-mediático nativo, muy a pesar de que la vicepresidenta viene dando señales de que no es su intención ser candidata (NdR.- a no ser que se presente un panorama de ultrapolarización como ya ocurrió en Chile, Perú, Colombia y Brasil). Por ende, minimizar la causa del atentado hasta que queden presos dos perejiles que ayuden al periodismo de guerra a machacar un día sí y al siguiente también con la teoría de los loquitos sueltos, es fundamental para debilitar a la ex presidenta.
En la misma línea -nada es casual en política-, ya se anticipó que en los próximos meses sacarán a relucir dos causas estrafalarias contra CFK: la causa dólar futuro y la del hotel Los Sauces. La de Vialidad se cayó a pedazos; se comprobó que los cuadernos de Centeno eran truchos, y que José López tenía una íntima amistad individual y familiar -además de negocios de por medio- con el socio y amigo del alma de Mauricio Macri, “Nicky” Caputo.
Evitar nuevamente un tándem Lula-Cristina en Sudamérica es la prioridad número uno, dos, tres… para el poder económico.
A todo esto, el carpintero Jonathan Morel, quien junto a los otros liberados por Cámara Federal macrista montaron la guillotina en Plaza de Mayo con amenazas de muerte a todos los integrantes del Gobierno; tiraron antorchas, piedras y bombas de estruendo contra la Casa Rosada; realizaron escraches a diestra y siniestra y amenazaron de muerte a Cristina Fernández, a Alberto Fernández y a Máximo Kirchner por redes sociales (todos actos fascistas si los hay), se convirtió al salir de prisión en una suerte de rockstar: 5 ó 6 micrófonos a su alrededor para que diga, muy suelto de cuerpo, que “Cristina se ponga a trabajar”.
Ya están nuevamente en las calles entre nosotros. Como si nada hubiese pasado y como si en Argentina todos fuésemos iguales: los neofascistas y los demócratas.
Ojalá algunas cuestiones que ocurren en el país y en la Región sirvan de cara a las elecciones de 2023, como por ejemplo comprender que un voto a la ultraderecha es un viaje de ida.
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