Por Emilio Augusto Raffo
Hace ya 8 años que se publicó esta nota que me permito reeditar sin hacer una sola corrección… puesto que el protagonista también se ha permitido volver sobre sus expresiones….
5 ene – A fines del año 2014, el jefe de Gobierno de la Capital Federal, Mauricio Macri, señaló que era hora de terminar “con el curro de los derechos humanos”, definiendo así parte de su eventual programa de gobierno en caso de acceder a la presidencia de la Nación. Este criterio es compartido por la señora Rosa Graciela Castagnola de Fernández Meijide, ex ministra del Gobierno de la Alianza de Fernando De la Rúa.
En su momento nos hemos referido a otras expresiones de Meijide, razón por la cual no abundaremos en miramientos a su respecto, pero sí vale la pena hacerlo con respecto a Macri, quien a pesar de ser ingeniero debe conocer los términos que utiliza y sus consecuencias. Desconocemos si el profesor Sabsay ha hecho tronar el escarmiento pidiéndole el diploma que lo acredite como tal.
Ahora bien, veamos qué debe entenderse por “currar”, según la Real Academia Española: “(Del caló currar; cf. sánscr. kṛnoti, hacer). 1. intr. coloq. trabajar. 2. tr. vulg. Arg. estafar (‖ pedir o sacar dinero con engaños)”.
De lo dicho por Macri se desprende que él dejará de “trabajar” en defensa de los derechos humanos, pues si -por el contrario- alguien ha dedicado a «estafar” al erario o la fe pública en una materia tan sensible como los derechos humanos. Entonces, el camino es la denuncia judicial para que se ponga en funcionamiento la maquinaria investigativa (jueces y fiscales amigos no le faltarán para ello).
Para hacer un somero análisis sobre el tema deberíamos señalar, según nuestra óptica, y sólo por tomar un parámetro de análisis, cómo y cuándo se han producido la violación de derechos humanos en la Argentina. Y también, por qué no, cuándo se ha reivindicado su vigencia mediante el respeto irrestricto de nuestra Constitución Nacional. Debemos remontarnos en consecuencia al 6 de setiembre de 1930, cuando se produjo el golpe de estado contra el presidente Yrigoyen, deponiéndolo y encarcelándolo.
Se conculcaron entonces los derechos humanos de los ciudadanos, impidiéndoles, por ejemplo, elegir y ser elegidos, abandonando a su suerte a los seguidores de “El Peludo” (“Tiene más hambre que radical del ‘30”, se decía).
También se conculcaron y violaron los derechos humanos el 16 de setiembre de 1955 (al igual que meses antes, al bombardear a civiles en Plaza de Mayo con aviones pertenecientes a nuestras Fuerzas Armadas). No sólo aquí se inició un tenebroso período de proscripción política y censura, sino también de encarcelamientos, torturas y fusilamientos clandestinos en nombre de “la democracia y la libertad”. Apoyados siempre los militares por civiles que de inmediato se encumbraban en los gobiernos de facto, sosteniendo hipócritamente la defensa de la Constitución Nacional y el sistema de vida occidental y cristiano.
También debemos recordar el tristemente célebre “Plan Conintes” y los derrocamientos de los gobiernos constitucionales de Arturo Frondizi y Arturo Ilia. Se continuaron así violándose los derechos humanos de la ciudadanía en general y de los integrantes del Movimiento Justicialista en particular.
Nos permitimos entonces recordar el desconocimiento de la voluntad popular expresada libremente en las urnas y no admitir el triunfo del candidato a gobernador bonaerense Andrés Framini por la sola razón de ser “peronista”; circunstancia que, por sí sola, produjo el derrocamiento de Frondizi.
DERROCAMIENTO DE ILLIA
En la misma línea, el derrocamiento de Illia dio origen a una nueva dictadura, de Onganía, Levignston y Lanusse. Durante su vigencia se encarceló a dirigentes y militantes de diversas extracciones ideológicas, existieron casos de torturas y hasta fusilamientos públicos en las calles, como en Wiliam Morris, o en las cárceles, como en Trelew el fatídico 22 de agosto de 1972. Siempre con la presencia y participación activa de civiles, como es el caso del ministro del Interior de Lanusse, Arturo Mor Roig, ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación durante la presidencia de Illia que abandonó a sus correligionarios y sus principios, para ser parte de un gobierno dictatorial. Hoy vemos a adláteres de algunos de estos dictadores participando y pretendiendo “renovar la política”.
El gobierno constitucional que asumiera el 25 de mayo de 1973 no alcanzó a reparar semejantes latrocinios, tal vez por la fuerte oposición de los sectores más cercanos a quienes conculcaran durante décadas los derechos esenciales en la Argentina, por carecer de poder político e institucional para ello y, por qué no decirlo, por las luchas intestinas del movimiento nacional.
El 24 de marzo de 1976 se produce el último golpe de estado, dando cabida a una nueva dictadura cívico militar (las anteriores también lo fueron), en la que primó el conculcamiento de los derechos humanos, tortura, desapariciones, muerte, supresión de identidad, un plan sistemático de apropiación de menores, proscripción, al margen de la derogación de los derechos políticos de la ciudadanía, que ya había sido convocada para que en pocos meses procediera a elegir a la totalidad de los representantes a cargos públicos electivos, nacionales, provinciales y municipales.
A esta altura del relato me permito preguntar: ¿Dónde estaba esta gente cuando se violaban sistemáticamente los derechos humanos esenciales en la Argentina con la anuencia y el apoyo de potencias extranjeras?.
Veamos entonces la contracara de este latrocinio. A partir del 10 de diciembre de 1983, el gobierno constitucional del presidente Raúl Alfonsín, en una medida inédita e históricamente relevante, dispuso los llamados Juicios a las Juntas Militares usurpadoras del poder político entre 1976 y 1983, en los cuales se garantizaron los derechos de defensa de todos los acusados (es decir, se le garantizaron los derechos humanos a quienes los violaran ostensiblemente en forma pública y con la anuencia de los sectores civiles que participaran de esta oscura etapa).
Como resultado de estos juicios fueron condenados y luego indultados por el gobierno del presidente Carlos Menem los integrantes de dichas Juntas Militares.
A la vez el pueblo argentino debió padecer los embates de los golpistas de siempre en Semana Santa de 1987, la sanción mediante una presión insostenible de las leyes de obediencia debida y punto final, así como también los levantamientos de Caseros y Villa Martelli
Esta patoteada militar encontró al pueblo argentino de pié, unido y apoyando incondicionalmente al gobierno constitucional del Dr. Alfonsín. Es recordada la foto junto a Antonio Cafiero en los balcones de la Casa Rosada, junto a otros dirigentes que ponían de manifiesto la representación de toda la ciudadanía que, espontáneamente, se autoconvocó a la Plaza de Mayo.
Obediencia debida, punto final e indulto. Tres temas que ameritan un alto en el camino y alguna reflexión.
Presionado por las circunstancias, el poder ejecutivo de Alfonsín debió enviar al Congreso un proyecto propiciando la extinción de la ley penal respecto de personas a las que se podría imputar su participación en cualquier grado de autoría de hechos ilícitos cometidos durante la represión de 1976 en adelante. La ley 23492 así sancionada era constitucionalmente observable al establecer un régimen de extinción de la ley penal circunscripto a una categoría de delitos cometidos hasta una fecha determinada y a favor de determinadas personas, violando así el principio de igualdad ante la ley. Planteaba además una severa limitación a la investigación al impedir que fueran llevados a juicio quienes no habían sido citados dentro del plazo prescriptivo que la ley fijaba. Desde una óptica estrictamente jurídica contenía un régimen de excepción único e inédito referido a la prescripción de la acción, alterando principios del código de fondo, pues daba por extinguida esa acción por la mera falta de citación a juicio (así lo entendía también la FACA en abril de 1987).
Digamos, como al pasar, que el beneficiario mediático de esta norma y que diera origen al levantamiento de los “carapintadas” es el mayor Barreiro, hoy sometido a juicio, precisamente, por violación de derechos humanos.
A su vez, la sanción de la ley 23521, denominada de Obediencia Debida, ponía de manifiesto un fundamento ético jurídico disvalioso, pues se desincriminaba a los autores de delitos de lesa humanidad, violentándose así la conciencia jurídica universal, contradiciendo la Convención Contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes que fuera ratificada en nuestro país mediante ley 23338.
Similar consideración merece el dictado de los indultos a favor de condenados o procesados por su responsabilidad en el denominado terrorismo de estado.
Debemos preguntarnos ahora, ¿de qué lado se encontraba el ingeniero Macri en esta época?
Pareciera que muchos, lamentablemente, consideran que los derechos humanos fueron violados -desde el estado, con participación de fuerzas armadas, de seguridad y el apoyo de civiles- solamente a partir del 24 de marzo de 1976.
Y otros estiman que las reparaciones establecidas por el Congreso Nacional resultan un “curro”, como vulgarmente las define el alcalde porteño y avala la ex ministra y que ciertos medios de difusión se encargan de ensalzar.
Debemos resaltar ahora que nuestro sistema republicano de gobierno se encuentra forjado en tres ejes esenciales, los poderes ejecutivo, judicial y legislativo. Estos tres engranajes del gobierno argentino tuvieron participación innegable, tanto derogando aquellas leyes que les habían sacado bajo presión, declarando su nulidad y determinando los caminos a seguir procurando el juzgamiento de todos los responsables del vulneramiento de los derechos humanos, principalmente a partir de 2003.
El gobierno nacional se encargó de “currar” para reparar el vulneramiento de los derechos humanos. Según los dichos de Macri, en el sentido de “trabajar”, conforme el diccionario de la RAE transcripto más arriba
Y no sólo a aquellos hechos sucedidos a partir de 1976. Fueron aún más atrás.
En efecto, el 15 de octubre de 2012 el Tribunal Federal de Comodoro Rivadavia resolvió condenar a prisión perpetua a Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino como autores de 16 homicidios y tres tentativas y declarar a los crímenes cometidos de “lesa humanidad”, con motivo de la “Masacre de Trelew” de 1972.
Debo señalar que, a criterio del suscripto, este fue uno de los casos emblemáticos de la persecución y muerte en Argentina, como lo serán para los mayores el bombardeo de Plaza de Mayo (1955) y los fusilamientos de José León Suarez y del general Juan José Valle (de 1956) o la desaparición de Felipe Vallese, sin mengua de los númerosos casos colectivos e individuales de tortura, desaparición y muerte de personas.
Me preguntaba más arriba en dónde estaban muchos cuando se violaban los derechos humanos, y dónde estaba puntualmente el ingeniero Macri cuando se apañaba a los autores de dichos actos aberrantes. No lo sé, sobre esto debería responder el propio Macri, y no soy yo quién para pedírselo (soy un simple ciudadano). Aunque tal vez el profesor Sabsay se atreva en el próximo coloquio de idea.
Lo que sí puedo decir es dónde estamos muchos, como simples ciudadanos: del lado de respeto irrestricto del cumplimiento de nuestra Constitución, de las leyes y de la vigencia inclaudicable de los derechos humanos, alentando a aquellos resueltos a “currar” (“trabajar”) en tal sentido.
Nota: me permito si incorporar una genialidad del Maestro argentino del Lunfardo, MARIO GIRIBALDI.
“El Pensador…”
“siempre a los santos piques por el mundo ,
Alguna vez me paro a campanearte
Sin que nadie te bata vagabundo.
Vos nunca la yugaste ni un segundo
Y, aunque eso, al fin es una Luca aparte, no manyo si te mandas la parte
O si la maroteas firme y profundo.
A Vos Rodin, por un quedarse corto,
Te modeló como quien tira un dado o rejunta el sobrante de un aborto.
¿Qué pensás ? Deschavá ´para este lado
Al guíen que, yugador, se rompe el orto
¿Qué curro es ese de vivir sentado?
Marzo de 2023
