El ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Eduardo del Castillo, exhibió en una conferencia de prensa las municiones encontradas en los depósitos de la Policía del país vecino que corresponderían al material represivo enviado por el Gobierno de Juntos por el Cambio encabezado por Mauricio Macri cuando se consolidó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales. El alto funcionario explicó que se trata de «tráfico ilícito de municiones», un crimen penado con 30 años de prisión en esa nación.
Confirmó además que en noviembre de 2019 «ingresaron desde la Argentina armas de manera ilegal, sin registros» a Bolivia, e informó que «ya se encontraron 26.900 balas antitumulto 12/70 en un depósito de la Policía», que son parte de las 70.000 balas de goma que la Gendarmería argentina pidió sacar del país con el argumento de defender la embajada nacional en el Estado Plurinacional.
En ese contexto, precisó: «En el Hércules c130 argentino venía munición y armamento autorizado que cumplía con todos los mecanismos, no obstante llegaron otras municiones que no fueron solicitadas y mucho menos autorizadas».
El ministro detalló que el material fue trasladado a las 7 de la mañana del 13 de noviembre de 2019 a la embajada argentina en Bolivia para que, una vez allí, «personal uniformado de Argentina realizara la entrega a la policía boliviana».
«Estos efectivos recibieron, sin ningún tipo de documentación, cajas de municiones, de proyectiles, de granadas para la policía boliviana. Gran parte también fue entregada a la Fuerza Aérea de Bolivia, y hay un faltante que aún se encuentra en investigación y que vamos a determinar si fue utilizado en las masacres de Sacaba y Senkata«, completó Del Castillo en el marco de la conferencia de prensa, en la que también estuvieron el Jefe de la Policía, Johnny Aguilera, y el embajador Ariel Basteiro.
«Lo que ha cometido el comandante general de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Gonzalo Terceros, el General Jury Calderón y el embajador de Argentina en Bolivia del Gobierno de Macri, es trafico ilícito de armas y esto está penado en nuestro país con 30 años de presidio sin derecho a indulto«, detalló el funcionario.
Mucho más que lo declarado
Además, Del Castillo sostuvo que la cantidad de material no autorizado que se encontró «es diferente al que el comandante general de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Gonzalo Terceros, le agradeció en una nota al ex embajador argentino (y actual ministro de Trabajo del gobierno de Gerardo Morales en la provincia de Jujuy), Normando Álvarez García, así como a los datos recolectados en Argentina».
«Esto nos hace presumir que las fuerzas armadas recibieron más material que aún no ha sido constatado«, subrayó, y agregó que el material encontrado en bóvedas «no fue utilizado en las masacres», pero no descartó que haya sido destinado a la fuerza aérea.
«Continuaremos con las investigaciones para saber qué sucedió con el faltante que ingresó de manera ilegal», completó.
Durante su exposición, el ministro mostró imágenes de los elementos que ingresaron de manera ilegal y en algunas de las cajas se encontraba el sello de la Gendarmería argentina.
En tanto, en otra fotografía se podía ver cómo, «de manera dolosa y malintencionada», habrían tratado de esconder municiones en una bolsa de cuero bajo el rótulo «guantes».
Plan continental de represión
Por otra parte, el ministro denunció que existió «un plan continental para reprimir al pueblo boliviano» a través del pedido de apoyo de material bélico a Argentina y Ecuador, que podía anticiparse desde el 24 de julio del 2019 cuando el Gobierno del expresidente Donald Trump habló de «un supuesto fraude electoral sin prueba alguna».
«Esto le demostró a la comunidad internacional y al pueblo boliviano que ya se tenía un manual para un presunto golpe de Estado en nuestro país», dijo.
