«Era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100 mil personas, cuando podíamos hacerlo entre 4 millones…» (Juan D. Perón)
Crédito: La Academia con las ideas de Perón
«Desde el CIN (órgano que reúne a la totalidad de los rectores y rectoras de las 62 universidades nacionales) ya anticiparon que si el Presupuesto 2025 no se modifica, las universidades no podrán abrir el año próximo. Necesitan 7.1 billones de pesos para gastos de funcionamiento y salarios, mientras que el presidente de la Nación propone 3.8. Si bien se contentaban con 2 billones más de los que proponía el gobierno nacional, ahora el futuro es incierto porque la sanción misma del presupuesto está en riesgo«, nos contó la colega Celeste del Bianco en la nota «A 75 años de la gratuidad universitaria se realiza ‘La Noche de las Universidades'», fechada el 21 de noviembre de 2024. Digamos, ayer nomás.
Rara esta Argentina de la libertad, donde, por el ahogo financiero al que el gobierno está sometiendo a la educación superior (como a tantas y tantas y tantas otras cosas), corren riesgo de seguir estudiando, o al menos de hacerlo con clases de calidad como hasta ahora, unos 2 millones de chicos y chicas que sólo quieren dar un salto cualitativo en su vida. Ese es el número de estudiantes que tienen las universidades públicas, que no son precisamente el «último bondi a finisterre», sino la única herramienta de movilidad social ascendente que queda en el país. Y, como tal, por supuesto, faltaba más, está demás aclararlo… sí, la creó el peronismo.
La gratuidad universitaria en Argentina es un logro obtenido en 1949 cuando, a través de un decreto del entonces presidente Juan Domingo Perón, se comprometió al Estado nacional a dotar a las universidades de los recursos necesarios para alcanzar este propósito. Como resultado de esta sanción, la matrícula estudiantil aumentó exponencialmente, pasando de 66.212 estudiantes en 1949 a 135.891 en 1954. Sin embargo, el camino recorrido no fue sencillo y tuvieron que pasar 45 años para que finalmente la gratuidad tuviera rango constitucional.
Si bien el decreto de gratuidad se confirma en 1949, las luchas por esta democratización llevaban décadas. Como antecedente más relevante, se puede citar a la Reforma Universitaria de 1918. Esta gesta estudiantil, que tuvo su epicentro en la Universidad Nacional de Córdoba, estuvo caracterizada por el anhelo de la reforma social y un espíritu democratizador. Sus protagonistas cuestionaron el carácter arancelado y elitista del ingreso a estas instituciones, donde sólo las clases altas y acomodadas podían estudiar. Es así como habían elevado un proyecto de ley estableciendo la gratuidad, pero que no llegó a tratarse en el Congreso (¿sería un Congreso parecido al de ahora, lleno de De Loredos y peronistas vandoristas?).
Sin embargo, gracias a esta lucha, se lograron aspectos clave para la educación superior tal como la conocemos, como libertad de cátedra, autonomía universitaria, cogobierno, extensión universitaria, concursos de oposición y antecedentes, becas universitarias y compromiso con la comunidad. Además, los estudiantes habían logrado incorporarse al cogobierno universitario, pero no habían removido uno de los principales obstáculos para el acceso popular y masivo a la Universidad: el arancel universitario.
En 1949, todas las universidades argentinas (Buenos Aires, Córdoba, Cuyo, La Plata, Tucumán y Del Litoral) eran públicas-aranceladas. Retomando las ideas de los reformistas, el Primer Plan Quinquenal Justicialista (1947-1951) planteó que el Estado instauraría la gratuidad de la universidad para los estudiantes de bajos ingresos.
La Universidad Obrera Nacional (o UTN)
El primer paso de este proyecto había sido la creación de la Universidad Obrera Nacional en 1948, luego convertida en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). La intención era servir como instituto superior de formación técnica y formar profesionalmente a la clase trabajadora y favorecer su movilidad social (ver video).
Un año después, a través del Decreto Presidencial N° 29.337, se estableció la gratuidad de todas las universidades públicas del país y el compromiso gubernamental para su financiamiento.
Además, se le otorgó carácter institucional a la autonomía universitaria planteada décadas atrás por los reformistas. Sin embargo, la gratuidad constituyó un principio en disputa, ya que fue anulada en los gobiernos de facto para ser recuperada definitivamente con la apertura democrática de 1983 y reforzado con su estatus constitucional en 1994, que se mantiene vigente hasta nuestros días, en los que, además, se incluyen sistemas de becas para que los sectores más desfavorecidos también puedan acceder a sus aulas.
Todo eso se puede perder. El gobierno no mintió. En efecto, no aranceló las universidades. Solamente las está asfixiando económicamente (como a la ciencia, a la salud pública, a la educación en general, a las dependencias que se encargaban de los enfermos terminales sin recursos, a las que se hacían cargo de los discapacitados sin recursos, a las que atendían a los barrios más pobres del país -que cada día están más expuestos a la «ley» de los narcos-, y un larguísimo etcétera). Estado ausente, criminalidad ¡presente! Si no, habría que preguntarle a Ecuador, Perú… allá vamos.
Fuente de consulta: Argentina.gob.ar
