La Confederacion General del Trabajo emitió hoy un comunicado mediante el que rechaza «cualquier coacción estatal contra el legítimo derecho de expresarse de las y los trabajadores».
Concretamente, la CGT nacional «rechaza y repudia enérgicamente el decreto sancionado el pasado
9 de junio por el Gobernador de la Provincia de Jujuy Gerardo Rubén Morales, mediante el cual
pretendiendo garantizar los derechos de libre tránsito y circulación, veda y penaliza la manifestación
popular y de los y las trabajadoras , cercenando la libertad sindical manifestada en el derecho humano
legítimo de huelga reconocido y privilegiado en nuestra Constitución Nacional y en tratados internacionales vigentes y de cumplimiento obligatorio para nuestro país».
El comunicado del Consejo Directivo Nacional de la CGT, y del que por supuesto se hizo eco la CGT Regional La Plata, Berisso y Ensenada, señala: «El uso de las fuerzas policiales y la intervención de la Justicia Penal , como así también la inhabilitación para ocupar cargos públicos para quienes participen de las manifestaciones populares y sindicales, constituye una clara violación a los principios emanados por la Convención Americana de Derechos Humanos, particularmente interpretada en la Opinión Consultiva 27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que expresamente veda a todos los estados la posibilidad de punir de cualquier forma el derecho de huelga y extraer de la Justicia del Trabajo los conflictos de características laborales.»
«Punir y sancionar con el código contravencional a quienes permanezcan en espacios públicos ejerciendo
sus derechos constitucionales de protesta y huelga, y determinar el uso de las fuerzas de seguridad
para desalentar tales manifestaciones sociales y sindicales, son medidas que no pueden ser toleradas
en una sociedad democrática en donde la libertad de expresión y manifestación constituyen los ejes
democráticos de la expresión social y de la construcción participativa de nuestra nación», agrega el comunicado que fue enviado a este diario digital.
Y concluye: «Estas medidas similares a otras que se sancionaron en otras provincias del país y que reflejan el pensamiento de un sector de la política argentina traducido en sendos proyectos de ley presentados en las Cámaras del Poder Legislativo Nacional, representan pensamientos y acciones vinculadas con
momentos históricos nefastos de nuestro país que tuvieron como fin acallar las voces populares,
sindicales y de los y las trabajadoras que de ninguna forma pueden ser toleradas ni avaladas por la
sociedad, ni mucho menos por esta CGT.
Instamos a todos los responsables políticos al cese de las medidas que tienda a criminalizar, restringir,
limitar y cercenar los derechos de manifestación y huelga , instando a la derogación de toda norma que
se contraponga con los principios constitucionales y humanos».
