Por Mauricio Erben (*)
«Lo científico-tecnológico está en el corazón del problema de la liberación y, sin base científico-tecnológica propia y suficiente, la liberación se hace también imposible«.
Con esta claridad conceptual, Juan Domingo Perón presentaba el Modelo Argentino para el Proyecto Nacional ante la Asamblea Legislativa el 1º de marzo de 1974, condensando una de las ideas más avanzadas del pensamiento político latinoamericano del siglo XX: la soberanía nacional no podía alcanzarse sin independencia científica y tecnológica.
El desarrollo científico argentino está íntimamente ligado al conocimiento que se genera en las universidades públicas, espacios de transmisión y creación de saberes. Esa articulación entre universidad, ciencia y Estado fue una de las grandes intuiciones y realizaciones del peronismo, que concibió a la educación superior como motor de movilidad social y al conocimiento científico como base de la construcción nacional.
Hoy, frente al desmantelamiento del sistema científico nacional, el legado de 80 años de peronismo en materia de ciencia y tecnología revela su actualidad más urgente. Lejos de constituir una herencia meramente histórica, el proyecto peronista se erige como guía vigente que articula conocimiento, producción industrial, trabajo digno y justicia social en un horizonte común de soberanía nacional.
Un proyecto de desarrollo basado en el conocimiento
A fines de la Segunda Guerra Mundial, la tecnología se consolidó como factor determinante en las economías de los países avanzados. Perón identificó tempranamente que el conocimiento constituía el nuevo elemento decisivo del poder de las naciones, advirtiendo que las formas contemporáneas de dominación ya no se ejercían principalmente mediante la ocupación militar, sino a través de la sujeción económica, tecnológica y cultural.
Frente a esa realidad, la respuesta debía ser política, con una firme definición sobre la promoción de la ciencia y la tecnología como política pública. «El problema actual es eminentemente político, y sin solución política no hay ninguna solución para otros sectores en particular«, sostenía Perón.
La articulación entre universidad, ciencia y Estado fue una de las grandes intuiciones y realizaciones del peronismo, que concibió a la educación superior como motor de movilidad social y al conocimiento científico como base de la construcción nacional
Desde esa perspectiva, el peronismo plantea que el Estado debía asumir un papel central en la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico, dando un salto cualitativo respecto de los intentos previos de industrialización por sustitución de importaciones, proceso caracterizado por la escasa utilización de conocimiento intensivo. Se proponía construir una infraestructura nacional de ciencia básica, aplicada y tecnología, capaz de sustentar la industria local, el aprovechamiento racional de los recursos naturales y la autonomía decisional en materia económica, energética, sanitaria y alimentaria. Era, en definitiva, la idea de una ciencia pensada desde el interés nacional, vinculada a la industria para responder a las necesidades concretas del pueblo argentino.
La soberanía como política de Estado
El peronismo ha sostenido una tradición de planificación integradora que articula educación, ciencia, técnica y producción en un proyecto nacional coherente. Como principio fundamental de esta visión, ha afirmado que la independencia económica requiere necesariamente de una base científico-tecnológica soberana, desarrollada desde las universidades nacionales, organismos de investigación, institutos tecnológicos y empresas —estatales y privadas— dentro de un sistema coordinado por el Estado, lo que en síntesis constituye una política de Estado para el conocimiento.
Esta visión conecta directamente con el rol estratégico de las universidades públicas. Durante su primer gobierno, Perón estableció la gratuidad universitaria mediante el Decreto 29.337 del 22 de noviembre de 1949, una medida que no solo constituyó un hito en la democratización del conocimiento al abrir las puertas de la educación superior a amplios sectores sociales previamente excluidos, sino que también amplió, de un modo menos reconocido, la base para la formación de las futuras generaciones de científicos y tecnólogos. Son en gran medida los hijos y las hijas de la clase trabajadora quienes estudian en las universidades públicas y quienes, posteriormente, desarrollan la ciencia y la tecnología argentina.
Más adelante, en 1974 Perón sugirió explícitamente la necesidad de crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología, encargado de planificar y orientar el desarrollo científico-tecnológico según las prioridades nacionales. Esta propuesta visionaria se materializó durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con la creación en 2007 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, cristalizando institucionalmente la idea de que la ciencia debía ser parte estructural del proyecto nacional.
Lejos de ser una utopía abstracta, Argentina demostró que el proyecto de soberanía tecnológica es viable con decisión política sostenida. Vale la pena detenerse en algunos ejemplos concretos. El Plan Nuclear Argentino, impulsado desde la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en 1950, proyectó al país como referente mundial en tecnología nuclear con fines pacíficos. En 2004, el presidente Néstor Kirchner relanzó el Plan Nuclear y reactivó Atucha II, entonces paralizada. Hoy Argentina opera tres centrales nucleares y es una de las pocas naciones capaces de diseñar y construir reactores de investigación y centrales de potencia, además de exportar tecnología nuclear.
Otro hito fundamental lo constituyeron los satélites ARSAT-1 y ARSAT-2, puestos en órbita en 2014 y 2015 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. INVAP, la empresa estatal rionegrina, demostró que el Estado puede competir en la frontera del conocimiento, con integración de empresas locales, exportando tecnología de punta y aplicando ciencia al desarrollo nacional.
En contraste, la propuesta del gobierno actual de privatizar Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) y discontinuar proyectos avanzados como los reactores CAREM, RA-10 y ARSAT-3 representa un retroceso mayúsculo. Significa, ni más ni menos, desprenderse de capacidades nacionales construidas durante décadas y renunciar a la soberanía energética y de comunicaciones.
El modelo económico actual representa la negación de aquel horizonte. La desarticulación del sistema científico-tecnológico -mediante desfinanciamiento, vaciamiento institucional y estigmatización del conocimiento- va de la mano con la reprimarización de la economía, que relega al país a un rol subordinado en la división internacional del trabajo como productor de materias primas.
Un legado para el futuro: el conocimiento como fuerza liberadora
A lo largo de 80 años, el peronismo ha construido una tradición de pensamiento estratégico que trasciende los diagnósticos para proyectar el futuro desde la confianza en las capacidades propias. Esta concepción del desarrollo, forjada a través de distintas etapas históricas, apostó consistentemente a la planificación nacional, la integración regional, la democratización del saber y el acceso equitativo a los beneficios del progreso, construyendo colectivamente desde las realidades locales y necesidades nacionales.
En un mundo actual dominado por corporaciones tecnológicas y procesos de concentración del conocimiento, la propuesta de Perón recobra valor político, posición ética y fuerza prospectiva. Su premisa fundamental mantiene vigencia plena: sin ciencia pública no hay soberanía efectiva, sin tecnología propia no hay independencia económica posible, y sin ambas no puede construirse una justicia social duradera.
Frente a los modelos que priorizan la especulación financiera y reprimarizan la economía, recuperar este legado no constituye un ejercicio de nostalgia, sino la reafirmación de un rumbo posible: el de un Estado que oriente el conocimiento hacia la independencia tecnológica, el desarrollo industrial y el bienestar colectivo.
En las universidades públicas, el CONICET y los organismos de ciencia que sostienen cotidianamente la investigación se mantiene una posibilidad para la reconstrucción nacional, a la que seguramente será necesario recurrir cuando este modelo económico, que ya demostró estar agotado, llegue a su final. Defender la ciencia significa preservar la capacidad de responder a necesidades presentes y futuras, recuperando un país soberano capaz de decidir autónomamente su destino.
Ante la desarticulación del sistema científico-tecnológico, la respuesta debe ser la unidad, la organización social y la construcción de un nuevo consenso nacional que coloque al conocimiento al servicio del pueblo argentino y su proyecto histórico. Porque, como enseñara el peronismo, la verdadera política —incluyendo la científica y tecnológica— es aquella que persigue la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación.
(*) Profesor Titular de Química Inorgánica. Investigador Principal del CONICET. Decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP.
