Si un regalo de Navidad buena parte de los argentinos esperaba era la llegada de las vacunas para el coronavirus, la única herramienta, junto con el aislamiento, que puede poner fin a una pandemia con demoledoras consecuencias para todo el mundo.
Lo cierto es que una parte de la clase política argentina parece querer marcar la cancha al Gobierno desde una postura al menos controvertida.
La denuncia de la ex diputada Elisa Carrió al Presidente y a su ministro de Salud, Ginés González García por un presunto intento de “envenenamiento” por la contratación de la vacuna Sputnik, cuyas primeras 300.000 dosis llegaron en este jueves previo a la Navidad al país, se inscribe en ese tipo de episodios incomprensibles.
La Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología explicó que en el “caso de la vacuna Sputnik V, existe un tratado entre Rusia y Argentina en donde se ha realizado la aprobación provisoria por lotes a partir de la recomendación de la Anmat, quien recibió toda la documentación respaldatoria hasta fase III».
Es claro que este aval es más que suficiente para que el Gobierno comience a autorizar el proceso de vacunación, que en una primera etapa estará dirigido al personal de la Salud, y que sucesivamente, a medida que lleguen las millones de dosis adquiridas a la Federación Rusa, se extenderá a los grupos de riesgo primero y al resto de la sociedad, finalmente.
Como bien se encargan en destacar tanto las autoridades como los especialistas, la vacunación no pone fin a la pandemia, pero es el primer paso notorio para cambiar las condiciones del juego para empezar a revertir esta trágica enfermedad.
Y es necesario, en este contexto que se intenten despejar las dudas de la población respecto a un remedio que puede ayudar a reducir la mortandad de una enfermedad que ya deja resultados catastróficos en el país y mundo.
Numerosos especialistas han insistido que con la aprobación de la Anmat no durarían en aplicarse la Sputnik V.
Por eso no se entienden recomendaciones poco menos que homicidas de una parte de la dirigencia política.
¿Acaso es más importante denostar cualquier acción oficial, que la vida de nuestros conciudadanos?
Las más de 42.000 muertes y los más de millón y medio de compatriotas infectados pueden dar un principio de respuesta a ese interrogante. Cuántos podrían haberse salvado con una mayor cohesión social y política es una duda que no tendrá repuesta, pero que puede generar cambios de cara a lo que viene, que será distinto, más esperanzador, pero que es un partido que dista de estar ganado.
