la mayor estafa argentina
Hacia 1982, cuando el historiador y escritor Alejandro Olmos (1924-2000) denunció penalmente al ministro de Economía de la dictadura cívico-militar, José Alfredo Martínez de Hoz, porque el millonario endeudamiento externo generado durante ese régimen sólo sirvió para solventar negocios privados y provocó un daño gigantesco a la economía del país, quizás le dijo a más de un conocido, amigo o colega que, a la larga, la cuenta la iban a pagar los trabajadores, trabajadoras y pobres de la Argentina, y que los responsables saldrían ilesos. Y así fue. Aunque el también periodista, de raíces fuertemente nacionalistas (pero muy lejanas del nacionalismo católico y proagrario), intentó poner un freno a ese proceso.
El 4 de abril de 1982, Olmos denunció penalmente a Martínez de Hoz, ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2, por el hecho de que “el plan económico concebido y ejecutado por el ministro de Economía de la Nación en el período 1976-1981 se realizó con miras a producir un desmesurado e irregular endeudamiento externo; que el ingreso de divisas se produjo con el objeto de negociar con las tasas de interés (timba financiera), produciendo quiebras y cierres de empresas y enormes dificultades en la capacidad exportadora, de producción y crecimiento del país».
Esa denuncia significaba un hecho inédito, no sólo en la Argentina sino en tribunales de otras jurisdicciones fuera del país, ya que los procesos de endeudamiento se aceptaban, invariablemente, como decisiones del poder político no susceptibles de ser revisados judicialmente, no tomando en cuenta muchas de las características que podía presentar la instrumentación de tales decisiones. Tales criterios se sumaron a las dificultades que suponía una investigación de tal envergadura, que atravesaba siete años de un gobierno e involucraba cientos de decisiones económicas que habían llevado la deuda externa de 8.000 millones de dólares en marzo de 1976 a 44.500 millones en diciembre de 1983.
Recién hubo una sentencia judicial 18 años más tarde. En la misma se demostró que entre el ’76 y el ’83 se produjeron 477 ilícitos en la toma de deuda. Pero el tiempo transcurrido hizo que prescribieran. No obstante, el juez envió copia a ambas cámaras del Congreso de la Nación para que actuaran en consecuencia. Jamás se hizo nada.
“Mi padre, que conocía a Arturo Frondizi, escuchó de su boca que Martínez de Hoz, en una reunión, había dicho que era necesario destruir la industria nacional para modernizar el Estado. Entonces le pidió al dirigente desarrollista que lo hiciera público. Y éste lo declaró ante periodistas de Clarín. Con ese recorte del diario se presentó ante la Justicia”, contó a 90 Líneas Alejandro Olmos Gaona, hijo de Alejandro Olmos.
Pese a que los actos ilegales e ilícitos que se registraron durante la constitución de la deuda externa argentina desde 1976 quedaron sobradamente probados en el fallo del 13 de julio de 2000 del titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2 de la Capital Federal, Jorge Ballestero, “su relación con el derecho siempre ha estado ausente (…) Esa invisibilización permitió que no se tomara debida consciencia de la gravedad de un proceso (que comenzó con la dictadura) y que se desarrolló a través de los distintos gobiernos después de la instauración de la democracia en diciembre de 1983″.
«Las investigaciones que llevó a cabo la justicia en lo criminal y correccional federal permanecieron ignoradas no sólo por los grandes medios, sino también en los ámbitos universitarios, donde ha estado ausente su consideración, salvo alguna que otra excepción”, subrayó el historiador, escritor y docente Alejandro Olmos Gaona, continuador de la investigación sobre la deuda iniciada por su padre y referente ineludible acerca del tema.
¿Y por qué ocurrió eso? “Por diversos motivos. De un lado, temor a enfrentarse al sistema financiero. Del otro, los grandes negocios (que la deuda significó y significa para ciertos sectores). Nunca hubo decisión política de afrontar el tema. Siempre prevaleció esa idea tan diseminada de que no se puede hacer otra cosa que pagar. Y como los gobiernos pagan, nadie cuestiona”, reflexionó Olmos Gaona en diálogo con 90 Líneas.
El fallo de Ballestero, que para Olmos Gaona es “supeficial”, constató 477 ilícitos en la deuda contraída entre 1976 y 1983. “Fundamentalmente se generó a partir del endeudamiento de las empresas estatales, con YPF a la cabeza, y de la estatización de la deuda de las grandes empresas privadas, que casi significó la mitad de la deuda total”, apuntó.
Las empresas privadas beneficiadas
¿Cómo se llevó a cabo el endeudamiento del país? En el sitio El Historiador, de Felipe Pigna, se explica que se ejecutó “mediante el endeudamiento de las empresas públicas en el exterior para conseguir dólares que no utilizaban, y beneficiando a empresas privadas con esos dólares a través del Banco Central, con posterior estatización de las deudas privadas. YPF, por ejemplo, fue obligada a tomar deudas cada tres meses sin ninguna necesidad real. Es de destacar que a la compañía nunca llegaban esos dólares, que se quedaban en el Banco Central. En la última etapa del proceso, la deuda de YPF había llegado a 6.000 millones de dólares. Había crecido, desde 1976, unas 16 veces. Y llegó a constituir un décimo de la deuda total del país. Los dólares eran utilizados por los grupos privados para jugar y ganar con los tipos de cambio y la fuga de divisas”. Mecanismo ‘sorprendentemente’ similar al utilizado entre 2015 y 2019.
A propósito de la estatización de la deuda privada de los grandes grupos económicos del país, que decidió el Banco Central de la República Argentina durante los últimos meses de la dictadura, cabe destacar que los beneficiarios fueron, entre otros, Macri, Fortabat, Bunge & Born, Bridas, Bulgheroni, Pérez Companc, Techint, Soldati, Pescarmona, entre otros. Muchos de ellos se opusieron al ínfimo aporte extraordinario a las grandes fortunas, a pesar de que la sociedad argentina les pagó sus millonarias deudas. Además, se comprobó en la Justicia que se trató de autopréstamos (ver nota Estatización de la deuda privada: un crimen atroz).
“Es que, como bien dijeron los propios responsables de la toma de deuda durante la dictadura cívico-militar, la deuda no se paga nunca; se pagan los intereses. Así, se fue produciendo un hilo de reestructuraciones indefinido. Está absolutamente demostrado que la deuda de hoy es la vieja deuda (1976-1983) eternamente reestructurada. Ahora, la del macrismo y bonos del canje de 2005; en 2005 la de 2000-2001; en ese momento, la de la década de los ’90; en los noventa la del gobierno de Alfonsín, y allí la de la dictadura”, reseñó Olmos Gaona.
¿Cómo se llevó a cabo el endeudamiento del país durante la dictadura? Hacían endeudar a las empresas del Estado en el exterior -con YPF a la cabeza- sin ninguna necesidad. Esos dólares eran remitidos a las grandes compañías privadas a través del Banco Central. Luego, el gobierno dictatorial estatizó la deuda de los privados (…) En los ’80 empezó una feroz campaña mediática para convencer a la población de que las empresas del Estado eran ineficientes (después de que las destrozaron de esa manera, claro), y en los ’90 sobrevinieron las privatizaciones a precios de remate. El círculo perfecto de un plan criminal.
«Nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado», fue la frase del ministro de Obras y Servicios Públicos de los ’90, Roberto Dromi, al anunciar el ‘primer mandamiento del decálogo menemista’ de las privatizaciones a precios irrisorios
«Jamás se definieron responsabilidades de ningún tipo»
El autor de “La deuda odiosa, una doctrina jurídica para la solución política” (2005), indicó que “la deuda pública argentina asciende a 330 mil millones de dólares, pero desde los ’80 se han pagado en concepto de deuda externa más de 500 mil millones de dólares”. Es una “gran estafa que obstaculiza el crecimiento del país».
Una deuda ilícita según la propia justicia, que nunca redundó en crecimiento para el país y que se reestructuró decenas de veces (hasta hoy) y, paradójicamente, “no hay ni un solo responsable, pues nunca jamás se definieron responsabilidades de ningún tipo”, remarcó Olmos Gaona, para permitirse un ejemplo tan simple como gráfico:
“Es como si un ladrón entra a tu casa y, en vez de denunciarlo, vos lo llamás y lo invitás a sentarse para acordar con él qué van a hacer de allí en más”.
Como se dijo, la existencia del fallo judicial de Jorge Ballestero que señala casi 500 ilícitos en la toma de deuda entre el ’76 y el ’83, incluyendo la estatización de la deuda privada de las grandes empresas del país (que terminó pagando toda la sociedad), es un hecho desconocido para la inmensa mayoría de los argentinos.
Pero Olmos Gaona va más lejos aún: “La investigación es prácticamente desconocida entre los estudiosos del derecho penal. Los actos ilegales e ilícitos que fueron comprobados; la sentencia dictada respecto a un tramo de la deuda, y el trabajo desarrollado por el Ministerio Público Fiscal para poner en evidencia la enorme cantidad de operaciones ilícitas que se constituyeron a partir de la dictadura, y que a través de similares acciones siguieron adelante en el tiempo sin que la justicia adoptara una decisión sobre los involucrados en los distintos procesos (limitándose a una recolección de pruebas, documentos, testimonios, informes, auditorías) fue articulando un proceso de graves consecuencias para la estructura económica de la Nación”, sentenció.
“No me estoy refiriendo a cuestionar algunas decisiones económicas, que pueden no ser materia de judicialización alguna, sino a la realización de actos ilegales, a la comisión de delitos de acción pública, a las diversas acciones de encubrimiento para que una investigación que comenzara hace 38 años (en 1982) terminara en la nada y se convirtiera nada más que en una acumulación de papeles sin destino”, añadió.
«Ningún organismo de control quiso involucrarse»
“Ninguno de los organismos de control que tuvieron debido conocimiento de los distintos procesos quisieron involucrarse en materia tan peligrosa”, dijo el hijo de Alejandro Olmos, para enumerar: “Ni la Sindicatura General de la Nación, ni la Auditoría General de la Nación, ni la Procuración General de la Nación, ni la Procuración del Tesoro. Y vanos fueron los esfuerzos del titular de la Fiscalía Federal Nº 6, doctor Federico Delgado, quien reiteradamente insistiera para que se tomara la debida intervención en la causa”.
“La Procuración del Tesoro -continuó-, entendió que no le correspondía efectuar acciones de responsabilidad ante un pedido del Ministerio Público Fiscal, y decidió que sólo lo haría después de analizar las conclusiones a las que hubiera llegado la Comisión Bicameral de Investigación y Seguimiento de la Deuda Externa, creada en septiembre del 2014 mediante la ley 26.984 y disuelta en marzo de 2016. La Procuradora estimaba más relevante el trabajo de la Comisión y no las investigaciones llevadas a cabo por la justicia”.
