Por Emilio Augusto Raffo
Pareciera que en estos tiempos se hubiese naturalizado que represores condenados por delitos de lesa humanidad puedan hacer peticiones respecto a esos sucesos, en parte condenados, desde sus establecimientos carcelarios de detención o desde sus domicilios (mediante decisiones que tendrían como objetivo morigerar la suerte de estos criminales) y, en algunos casos, en espacios públicos. En igual sentido han actuado funcionarios públicos, en muchos casos ungidos como tales por el voto de la ciudadanía.
Recientemente se ha difundido la noticia de que se habrían retirado las dos placas que indican el “Salón de los Derechos Humanos” del Palacio de Justicia (hoy devenido en la tumba del derecho), sitio donde se desarrolló el histórico Juicio a las Juntas Militares a partir del año 1985, por decisión del entonces presidente Raúl Alfonsín.
Es una suerte de naturalización de la vulneración del pacto de civilidad de las fuerzas democráticas y de un gran esfuerzo de parte del Poder Judicial.
Hace casi diez años, el entonces Jefe de Gobierno de la Capital Federal, Mauricio Macri, señalaba que era hora de terminar “con el curro de los derechos humanos”. Criterio que, en apariencia, era compartido por la ex ministra del gobierno de la Alianza de Fernando De la Rúa, la señora Fernández Meijide.
Ahora bien, veamos qué debe entenderse por “currar” (Del caló currar; cf. sánscr. kṛnoti ‘hacer’.)
- intr. coloq. Esp. trabajar.
- tr. vulg. Arg. y Ur. estafar (pedir o sacar dinero con engaños).
De lo dicho por Macri, se deducía que él dejaría de “trabajar” en defensa de los derechos humanos, pues si –por el contrario– alguien se ha dedicado a “estafar” al erario o la fe públicas en una materia tan sensible como los derechos humanos, el camino es la denuncia judicial para que se ponga en funcionamiento la maquinaria investigativa (jueces y fiscales amigos no le faltarán para ello).
Para hacer un somero análisis sobre el tema deberíamos señalar, según nuestra óptica, y sólo por tomar un parámetro de análisis, cómo y cuándo se produjo la violación de los derechos humanos en la Argentina: debemos remontarnos, en consecuencia, al 6 de setiembre de 1930, cuando se produjo el golpe de Estado contra el presidente Hipólito Yrigoyen, deponiéndolo y encarcelándolo.
Se conculcaron entonces los derechos humanos de los ciudadanos, impidiéndoles, por ejemplo, elegir y ser elegidos.
También se conculcaron y violaron los derechos humanos el 16 de septiembre de 1955 (en junio de ese año, lo mismo, cuando se bombardeó a civiles en Plaza de Mayo con aviones pertenecientes a nuestras Fuerzas Armadas). No sólo allí se inició un tenebroso período de proscripción política, de censura, sino también encarcelamientos, torturas y fusilamientos clandestinos en nombre de “la democracia y la libertad”.
También debemos recordar el tristemente célebre Plan Conintes y los derrocamientos de los gobiernos constitucionales de Arturo Frondizi y Arturo Ilia. Así, se continuaron violando los derechos humanos de la ciudadanía en general y de los integrantes del Movimiento Justicialista en particular.
Nos permitimos, entonces, recordar el desconocimiento de la voluntad popular expresada libremente en las urnas y no admitir, en 1962, la asunción del triunfante candidato a gobernador bonaerense Andrés Framini por la sola razón de “ser peronista”.
Se encarceló a dirigentes y militantes de diversas extracciones ideológicas, existieron casos de torturas y hasta fusilamientos públicos en las calles, como en Wiliam Morris, o en las cárceles, como en Trelew el fatídico 22 de agosto de 1972.
El Gobierno constitucional que asumió el 25 de mayo de 1973 no alcanzó a reparar semejantes latrocinios. Tal vez por la fuerte oposición de los sectores más cercanos a quienes conculcaran durante décadas los derechos esenciales en la Argentina y, porqué no decirlo, por las luchas intestinas del Movimiento Nacional.
El 24 de marzo de 1976 se produce el último golpe de Estado, dando cabida a una nueva dictadura cívico-militar (las anteriores también lo fueron), en la que primó el conculcamiento de los derechos humanos, la tortura, desaparición de personas, muerte, supresión de identidad, un plan sistemático de apropiación de menores, proscripción, al margen de la derogación de los derechos políticos de la ciudadanía, que ya había sido convocada para que en pocos meses procediera a elegir a la totalidad de los representantes a cargos públicos electivos, nacionales, provinciales y municipales.
A esta altura del relato me permito preguntar: ¿Dónde estaba esta gente cuando se violaban sistemáticamente los derechos humanos esenciales en la Argentina con la anuencia y el apoyo de potencias extranjeras? (La misma pregunta vale para los dirigentes que en la actualidad reivindican esos hechos atroces).
Veamos entonces la contracara de este latrocinio: A partir del 30 de octubre de 1983, el gobierno constitucional del presidente Raúl Alfonsín, en una medida inédita e históricamente relevante, dispuso los llamados Juicio a las Juntas Militares usurpadoras del poder político entre 1976 y 1983, en los cuales se garantizaron los derechos de defensa de todos los acusados (es decir, se les garantizaron los derechos humanos a quienes los violaran ostensiblemente en forma pública y con la anuencia de los sectores civiles que participaran de esta oscura etapa). Como resultado de estos juicios, fueron condenados (y luego indultados por el gobierno del presidente Carlos Menem).
Antes de ello, las presiones militares dieron lugar a la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto final y a la asonada producida en Semana Santa de 1987.
Esta patoteada militar encontró al pueblo argentino de pie, unido y apoyando incondicionalmente al gobierno constitucional de Alfonsín; es recordada la foto junto a Antonio Cafiero, Ítalo Luder, Leónidas Saadi, y otros dirigentes que ponían de manifiesto la representación de toda la ciudadanía que espontáneamente se autoconvocó a la Plaza de Mayo.
Pareciera que muchos, lamentablemente, consideran que los derechos humanos fueron violados -desde el Estado y con participación de fuerzas armadas, de seguridad y el apoyo de civiles- solamente a partir del 24 de marzo de 1976.
Y otros estiman que las reparaciones establecidas por el Congreso Nacional resultan un “curro”, como vulgarmente las define el ex alcalde y ex presidente (y avala la ex ministra) y que ciertos medios de difusión se encargan de ensalzar, lo cual hoy encuentra su correlato en una disposición que se habría adoptado en el edificio de Tribunales de la Capital Federal removiendo las mencionadas placas del Salón de la Memoria (como si con ello se limpiara lo allí ventilado), y de algunos dirigentes que responden al actual gobierno nacional, o de los sectores que con su voto permitieran su triunfo en 2023.
Debemos resaltar, ahora más que nunca, que nuestro sistema republicano de gobierno se encuentra forjado en tres ejes esenciales, los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo: estos tres engranajes del gobierno argentino tuvieron participación innegable, tanto derogando aquellas leyes que les habían sacado bajo presión, declarando su nulidad y determinando los caminos a seguir procurando el juzgamiento de todos los responsables del vulneramiento de los derechos humanos, principalmente a partir de 2003.
El gobierno nacional se encargó de “currar” para reparar el vulneramiento de los derechos humanos (entienda ingeniero Macri: “currar” en el sentido de “trabajar” conforme al diccionario de la RAE transcripto más arriba), y no sólo aquellos hechos sucedidos a partir de 1976… fueron aún más atrás.
En efecto, el 15 de octubre de 2012 el Tribunal Federal de Comodoro Rivadavia resolvió condenar a prisión perpetua a Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino como autores de 16 homicidios y tres tentativas y declarar a los crímenes cometidos de “lesa humanidad”.
Debe resaltarse que, a criterio del suscripto, este fue uno de los casos emblemáticos de la persecución y muerte en Argentina, como lo serán para los mayores el bombardeo de Plaza de Mayo (1955) y los fusilamientos de José León Suarez y del General Juan José Valle (1956).
Me preguntaba más arriba dónde estaban muchos de los que hoy hablan cuando se violaban los derechos humanos, cuando se apañaba a los autores de dichos actos aberrantes o cuando el Poder Judicial, en base a una decisión sin precedentes en 1983, comenzaba un derrotero irreversible de vigencia plena de la Democracia, de la República y, en consecuencia, de la vigencia de los Derechos Humanos, plasmada luego en la reforma constitucional de 1994.
Lo que sí puedo decir es dónde estoy yo (como simple ciudadano)…del lado del respeto irrestricto del cumplimiento de nuestra Constitución, de las leyes y de la vigencia inclaudicable de los derechos humanos alentando a aquellos resueltos a “currar” (trabajar) en tal sentido.
