san antonio de obligado
En esta parte de la tierra la historia se cayó
Como se caen las piedras, aún las que tocan el cielo
O están cerca del sol, o están cerca del sol
Desamor, desencuentro, perdón y olvido
Cuerpo con mineral, pueblos trabajadores
Infancias pobres, cinco siglos igual
(Cinco Siglos Igual – León Gieco)
De la Redacción de 90 Líneas / Ministerio de Educación de Santa Fe / Agencia Télam
“Tarde”. O “Más vale tarde que nunca”. O “nunca es tarde”. Cada cual lo mirará con un cristal de distinto color. Pero el hecho concreto y objetivo es que la matanza indígena perpetrada en 1887 en San Antonio de Obligado, Santa Fe, se encamina a tener su “juicio de la verdad” por haber sido declarada delito de lesa humanidad, y los delitos de lesa humanidad no prescriben.
Del proceso han participado académicos y el prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense.
Francisco Mora, del Grupo Universitario de Investigación en Antropología Social (Guias) de la Universidad Nacional de La Plata, recordó que la masacre de 1887 “es el primer registro” de una represión indígena dentro de una reducción, que en este caso era religiosa.
La justicia que se logró en 2022 por la masacre de Napalpí, en Chaco, sentó un precedente clave para la reparación del inconmensurable daño que se le infligió a los pueblos originarios. Los crímenes de Napalpí se dieron en 1924. Los de San Antonio de Obligado, 37 años antes, apenas dos años después de que concluyera el genocidio denominado por la historia oficial Conquista o Campaña del Desierto, la cual encabezó Julio Argentino Roca para sentar definitivamente las bases de una nación latifundista y subdesarrollada.
En un excelente artículo publicado en su momento por 90 Líneas, titulado “Masacre de Napalpí: un siglo después triunfó la verdad” -que puede leerse aquí-, el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Guillermo Torremare, describió que “hace 98 años, 500 hombres, mujeres, niños y niñas de dos comunidades aborígenes del Chaco fueron asesinados por un Estado nacional y provincial al servicio de los terratenientes. Además, se mutiló a los heridos y se exhibieron los cadáveres. Ahora salió un fallo judicial ejemplar, un triunfo de la verdad y de la memoria”.
La matanza de San Antonio de Obligado, de 1887, es la primera masacre indígena del siglo XIX en llegar a los tribunales para ser investigada como delito de lesa humanidad. Y hoy está más cerca de tener su juicio de la verdad, merced a los últimos avances en la instrucción de la causa que incorporó la declaración de académicos y sumó al Equipo Argentino de Antropología Forense.
A finales de febrero, el fiscal federal de Reconquista tomó declaración al antropólogo y becario del Conicet Francisco Mora y al historiador local Luciano Sánchez. Y el 9 y 10 de marzo se realizaron los primeros trabajos de sondeo en el área donde se supone que fueron enterrados al menos 16 indígenas fusilados hace 136 años, tarea que estuvo a cargo del antropólogo Juan Nóbile.
«Como no hay imputados porque todos fallecieron, se busca hacer una reconstrucción histórica y condenar los hechos como parte de un genocidio de Estado, que es el encuadre de delito que permite llevar adelante una causa penal a pesar del tiempo transcurrido», dijo la abogada Cintia Chávez, quien representa a las cuatro comunidades denunciantes: An Añaxag y Qompi de Las Toscas, Dalaxay de San Antonio de Obligado y la Natocoi de Florencia, todas qom menos la última que es qom/moqoi.
La letrada explicó que «es muy importante investigar a través de una causa judicial porque eso permite acceder a archivos» y todo lo que se incorpora a la investigación es en calidad de pruebas testimoniales, documentales o periciales.
Historia de la masacre
La reducción se fundó por iniciativa del Coronel Manuel Obligado el 22 de junio de 1884 y contó con la experiencia y dedicación del padre Ermete Constanzi. Más de 400 indígenas de la cultura qom y mocoví integraron los inicios de la reducción y en sólo tres años ascendieron a más de 1.000, convirtiéndose en una de las más importantes del Chaco.
Sin embargo, lo que parecía brillar por sus logros pronto entraría en etapa de tragedias y culminaría con una masacre.
Un primer problema fue el corrimiento de la frontera de la provincia de Santa Fe al paralelo 28, dejando sin efecto los títulos de tierra de los indígenas. Otra injusticia era la desigualdad en el pago de los trabajos, ya que un criollo ganaba tres veces más por el mismo trabajo que realizaba el indígena. De igual manera, el drama mayor anidaba dentro de las filas del propio ejército donde los milicianos indígenas recibían maltratos y castigos por parte de sus superiores.
El secuestro de una niña por el hermano de Julio Argentino Roca
Sin embargo, el motivo que provocó la indignación de las comunidades fue el pedido de una niña indígena por parte del General Rudecindo Roca, hermano de Julio Argentino Roca, que era gobernador de Misiones y reclutaba indígenas para que trabajen en el ingenio azucarero del que era dueño.
El secuestro de la niña marcó un punto de inflexión en la historia de los primeros años de la reducción de San Antonio de Obligado.
El 7 de marzo de 1887 se produjo una sublevación del regimiento indígena, provocando una verdadera revuelta en la reducción y ejecutando a su jefe militar, Sargento Mayor Marcos Piedras, llevándose todo el armamento que disponía el ejército.
Esto movilizó a buena parte de las fuerzas militares que acudieron desde Resistencia, Corrientes capital y Bella Vista, y rápidamente emprendieron una persecución, secundados por terratenientes y comerciantes de la zona. Aquí es donde comienzan con la represión.
El 11 de marzo de 1887, 16 indígenas que estaban detenidos y que no habían participado de la sublevación fueron fusilados por las fuerzas militares. Este hecho quedará en la memoria como el “Día de la Matanza de Indígenas en San Antonio de Obligado”.
Si nos basamos en el Acta de Defunciones de la reducción de San Antonio de Obligado, los muertos contabilizados ascendían a veinte. El 10 de marzo de 1887 se registró el asesinato de dos indígenas de nombre Manuel Antonio Pakanae y Naihay (apodo). El 10 de marzo del mismo año, 16 indígenas fueron fusilados por el ejército. Y el 13 de marzo, dos indígenas más, uno de nombre Bartolomé Simairí y el otro de identidad desconocida. Los cuerpos fueron encontrados incinerados y abandonados en el campo.
Si tomamos también la referencia de testimonios como el de Germán Fisch, vecino de Las Toscas que colaboró en la represión y dejó un escrito al respecto, es posible que los muertos asciendan a un número mayor. Por último, los relatos orales de los descendientes de la etnia qom y mocoví hablan de cientos de muertos. Por ello, es importante avanzar en la investigación y, principalmente, prosperar en la educación de estos temas en las escuelas.
Justo en el lugar donde se cree que fue la matanza se levantó una cruz, conocida con el nombre de Cruz Alta, que constituye un sitio histórico en la comunidad.
Tanto la Cruz Alta como el 11 de marzo representan un símbolo de un pasado de saqueos y muertes que todavía sangra y pide justicia en el Chaco Santafesino, y que resurge en la Argentina en cada conflicto por la tierra de los pueblos originarios y la lucha por sus derechos.
