Por Roberto Pascua (La cara más dura del resultado electoral).– El domingo Argentina arrancó una nueva etapa. Una etapa cargada de temores para una población que votó mayoritariamente contra la continuidad del gobierno de Unión por la Patria, pero luego de haber optado en las elecciones generales por otra opción a la encarada por Javier Milei.
Y también desde este lunes comenzó una gigantesca disputa política y social que conlleva enormes riesgos. Se trata de una confrontación que desde lo institucional se librará en los tribunales de justicia y en el Congreso. Pero fundamentalmente el conflicto se librará a nivel político y social en la calle, con un alto porcentaje de la población dispuesta a resistir una nueva ofensiva ultraconservadora que tiende a deteriorar aún más sus ya raquíticos ingresos.
Los anuncios del flamante ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo dejaron poco espacio para las dudas acerca de los sectores de la sociedad que pagarán el costo del violento ajuste. Una rápida síntesis de las medidas pone al frente la decisión llevar el dólar oficial a $800, es decir una suba de 118% respecto a los valores de cierre del dólar mayorista del martes. Además se ajustará el impuesto PAIS y las retenciones, aunque aún sin un porcentaje establecido lo que encarecerá los productos importados, en especial los insumos y con un fenomenal impacto en suba de precios, beneficiando a los agroexportadores, pero golpeando duramente a la industria nacional.
«Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial», anunció Caputo y aseguró que así «los sectores productivos tendrán realmente los incentivos adecuados para aumentar la producción» y las retenciones tenderán a «beneficiar a los exportadores con un mejor precio» y equiparar «la carga fiscal para todos los sectores, dejando de discriminar al sector agropecuario».
Otro punto de los anuncios de Caputo es que no se renovarán los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia y se decreta la suspensión de la pauta del gobierno nacional por un año, luego de que el ministro informara que “se gastaron 34.000 millones de pesos en pauta».
Se confirmó la reformulación de la estructura administrativa nacional. Así los ministerios se reducirán de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54, que de acuerdo a sus estimaciones va a redundar en una reducción de más del 50% de los cargos jerárquicos de la política y del 34% de los cargos políticos totales del estado nacional, pese al escaso impacto presupuestario de estas dos medidas.
Y como se esperaba se reducirá “al mínimo” -aunque sin especificaciones- las transferencias discrecionales a las provincias ya que según aseguró “lamentablemente, en nuestra historia reciente se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos». Otra medida también confirmada es el freno a la obra pública. “El estado nacional no va a licitar más obra pública nueva, y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado porque «no hay plata para pagar más obra pública que muchas veces termina en los bolsillos de los políticos o de los empresarios” que siempre fue un foco de corrupción que se termina».
También se ratificó que se reducirán los subsidios a la energía y al transporte porque se sostiene artificialmente los precios bajisimos a través de estos subsidios. Y añadió que así se engaña la gente haciendo creer que les ponen plata en el bolsillo, pero como todos los argentinos ya se habrán dado cuenta, estos subsidios no son gratis, sino que se pagan con inflación. Lo que te regalan en el precio del boleto te lo cobran con los aumentos en el supermercado. Y con la inflación son los pobres los que terminan financiando a los ricos», añadió.
Además aseguró que «los subsidios al transporte en el AMBA son un acto de profunda discriminación con las provincias del interior», claro que eliminar esa discriminación es igualando para abajo, es decir en este caso subiendo a todos los usuarios, en vez de mejorar los precios que se pagan en el interior. Con un agregado, en ninguna provincia los usuarios deben usar tres y hasta cuatro medios de transporte para llegar a sus trabajos como sucede en área metropolitana del Gran Buenos Aires, donde se movilizan a diario millones de argentinos.
Como única medida de contenido social, ya que no propuso ajustes ni de salarios a los trabajadores formales o informales y mucho menos a los jubilados, Caputo aseguró que se mantendrán «los planes Potenciar Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto del 2023» y que reforzarán «las políticas sociales que son recibidas directamente por quienes la necesitan, sin intermediario y se duplicará la Asignación Universal por Hijo y se aumentará la Tarjeta Alimentaria al 50%, valores ya totalmente licuados por los fuertes ajustes en los precios.
En materia económica, también el ministro aseguró que, «finalizada la emergencia», avanzarán «en la eliminación de todos los derechos de exportación», pero por ahora se mantiene para el sector agropecuario y se incrementan para el resto de los sectores, en una medida que algunos economistas califican como un “industricidio” y el reemplazo «del sistema SIRA de importaciones (los permisos de importación hasta este martes vigente) por un sistema estadístico y de información que no requerirá de la aprobación de licencias».
UN RESULTADO IMPACTANTE
La llegada de Milei al gobierno es producto de una serie de factores que en parte petardearon la gestión de Alberto Fernández, como la pandemia, la sequía y la guerra de Ucrania. Pero también fue consecuencia de la inacción o errores de gestión que por un lado abrieron un enorme abismo en el oficialismo y por el otro le restó tanto credibilidad como poder de fuego al Frente de Todos. La consecuencia de este cúmulo de hechos hizo que amplios sectores de la población vieran deteriorado su nivel de ingresos y se sintieran frustrados ante las promesas incumplidas de una administración que llegó al poder con casi 13 millones de votos, superando el 48% de las voluntades expresadas en las urnas y se quedó con 18 de los 24 distritos en disputa.
Ni en el balotaje, el oficialismo logró retener ese inmenso caudal electoral. Milei en la segunda vuelta acumuló 14.500.000 sufragios, es decir el 55,65% del total, contra los 11.500.000 de Sergio Massa que sólo se impuso en tres distritos del país, la provincia de Buenos Aires, Formosa y Chaco. Y los más importante, incluso en algunos de esos puntos como en el determinante Conurbano bonaerense las victorias fueron modestas con el agravante que unas 800.000 personas que participaron de la primera vuelta se pegaron el faltazo en esta elección definitiva.
El hastío entre los partidarios del peronismo contrastó con la imagen triunfante e histriónica del dirigente libertario que logró convencer a la mayor parte de los votantes de que sus propuestas son la única opción para enfrentar la que denomina “la mayor crisis económica de la historia”, producto “del peor gobierno desde la independencia nacional”. Un esquema en el cual se insiste ante cada medida de tono netamente impopular con que se pretende avanzar, como ser en la anulación del esquema de actualización automática de las jubilaciones para reemplazarlo por actualizaciones mediante decreto presidencial.
VERDAD Y CONSECUENCIA
La caracterización de la realidad económica y política del país, lleva a Milei a proponer soluciones extremas que tendrán enorme costo para amplias franjas de la población, incluidos a muchos de sus votantes, algunos los cuales llevaron su paroxismo antiperonista al límite de emitir un sufragio contra sus propios intereses, aun a sabiendas de las consecuencias para sus bolsillos.
Entre las medidas esperadas, que por ahora no generó ningún anuncio debido al fracaso en conseguir dinero fresco del exterior (más allá que el Fondo Monetario se mostró entusiasmado con el rumbo y la profundidad de las medidas anunciadas) fue la propuesta de terminar con las Leliq, las letras de liquidez del Banco Central, creadas para controlar la emisión monetaria y anclar la demanda de dólares. Estas letras se pensaron como un mecanismo antiinflacionario que a diferencia de las anteriores Lebacs ya no podían ser adquiridas por particulares y convertirse en un instrumento de la fuga de divisas, sino sólo por los bancos como una inmensa aspiradora de fondos para evitar desbarajustes cambiarios. Así los bancos pagaban a sus ahorristas y colocaban esos fondos en el Banco Central que a cambio los beneficiaba con una tasa de interés superior.
Para Milei este esquema de política monetaria genera un enorme déficit cuasifiscal, es decir cuando los pasivos del Banco Central ( Leliq y pases) son superiores a sus activos, como ser reservas internacionales y títulos públicos en dólares. Esta explicación estrictamente conservadora y monetarista sostiene que ese desequilibrio cuasifiscal se convierte en la principal causa de deterioro en las cuentas públicas y, por lo tanto, del déficit fiscal al que se debe combatir a toda cosa por ser el factor determinante del desborde inflacionario. Una explicación que elude señalar el impacto del déficit financiero surgido del enorme endeudamiento externo provocado por la gestión de Cambiemos. También se exime de analizar otras propuestas como la cancelación al vencimiento de cada emisión de Leliq, que si se hace en forma racional sólo genera expansión monetaria, el terrible mal que esta concepción está dispuesta a evitar a toda costa.
Es este contexto y esa ideología lo que explica el desembarco de Luis Toto Caputo y su hasta ahora socio en la consultora Anker, Santiago Bausili en el ministerio de Economía y el Banco Central, respectivamente. Ya Milei descartó su propuesta de campaña de cerrar el organismo regulador de la actividad financiera del país, limitando ahora su proyecto a lograr su autonomía respecto al poder político, más a tono con las exigencias hechas públicas por el Fondo Monetario.
Pero la llegada de estos dos conspicuos exponentes del mundo de las finanzas anticipa que la movida para salir del esquema de las Leliq será buscar financiamiento en dólares para cancelar estas obligaciones en pesos. Es decir se buscará, como ya se hizo durante el gobierno de Macri en el que ambos fueron protagonistas, generar obligaciones en moneda extranjera para cancelar letras en pesos. Ese mecanismo generó un enorme endeudamiento en dólares que se convirtió en un obstáculo insalvable en el último tramo del gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa.
Si bien Caputo es conocido por su vinculación con el mundo de las inversiones extranjeras (Macri lo definía como el Messi de las finanzas) lo cierto es que terminó eyectado del Banco Central por aplicar en forma indebida parte el gigantesco préstamo del Fondo Monetario de más de 50.000 millones de dólares para intervenir en el mercado de cambios, es decir para financiar la especulación financiera, mecanismo mediante el cual, según un informe de la Auditoría General de la Nación, se fugó el 71% del préstamo del organismo multilateral por deuda generada entre 2016 y 2019, durante el gobierno de lo que hasta ahora se denomina Juntos por el Cambio.
Caputo, además de renunciar en su momento al Banco Central por estas acciones, está imputado por esta misma razón en una causa a cargo de la jueza federal María Eugenia Capucetti, mientras que el próximo presidente del Banco Central fue desprocesado por la Cámara Federal porteña en la investigación por el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” horas antes de su designación como el futuro responsable de la entidad a la que ahora Milei decidió no dinamitar. Pero si el objetivo de buscar fondos en el exterior para cancelar las Leliq resulta a todas luces inconveniente, otras propuestas de ajuste de la próxima administración obedecen más a cuestiones ideológicas que a necesidades económicas.
En el plano internacional, el alineamiento no exigido a Estados Unidos e Israel, tiende a generar más trastornos que beneficios. Al presidente Joe Biden no parece entusiasmar un jefe de Estado que nuestra su fascinación por Donald Trump, mientras que el enojo de Lula con el nuevo mandatario se produce en el marco de un incremento en el déficit comercial con el principal socio comercial del país.
Algo semejante ocurre con China, donde la decisión de no sumarse a los BRICS luego de años insistiendo en poder participar genera al menos interrogantes. En especial porque se deben destrabarse unos 6.400 millones de dólares del swap aprobado por el gigante asiático, por ahora congelado a la espera de los pasos que tomará el flamante presidente argentino que necesitará imperiosamente esos fondos para cancelar obligaciones por casi 10.000 millones de dólares que vencen antes de terminar el verano. Tampoco parece demasiado coherente tener una política poco amigable con el mundo árabe, una de las pocas regiones del mundo que arroja resultados positivos en el intercambio comercial de nuestro país.
Y si hablamos de incoherencias la enorme devaluación, respaldado por el mercado financiero y los grandes exportadores del sector agropecuario, generará otra escalada inflacionaria, como quedó en claro luego del ajuste al tipo de cambio realizado por Massa luego de las PASO a instancias de las demandas del FMI, que se tradujo en el desborde del dólar paralelo y una imparable espiralización de los precios.
Es claro que la propuesta conservadora de Milei apunta a la apertura irrestricta de las importaciones con enorme daño al entramado productivo de la industria nacional y a controlar el consumo como mecanismo de ancla de los precios en el mediano plazo, aunque ya ha reconocido que para tener éxito, esa tarea le demandará entre 18 y 24 meses. Se trata de un plazo demasiado prolongado para una sociedad que no le dio un cheque en blanco y que está harta de promesas, con el agravante de que la concepción ideológica del presidente lo puede llevar a acelerar en las reformas, aunque generen una enorme resistencia social.
De allí a la confrontación, en medio de un clima de creciente violencia social, hay un paso, agravado por amenazas y posibles acciones que buscan controlar a las protestas, que mientras son pacíficas, se convierten en válvula de escape a males mayores.
En ese sentido también los dichos y la designación de Patricia Bullrich al frente de la cartera de Seguridad y las afirmaciones del flamante Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, no permite avizorar tiempos tranquilos.
Para la oposición peronista se abre un nuevo partido, que sin dudas se disputará en un terreno conocido, donde habitualmente ha logrado buenos resultados. Se abre la posibilidad de aglutinar voluntades y dejar de lado diferencias que se potencian en momentos de gestión, más allá de posibles deserciones que siempre pueden producirse.
El desafío es resistir acumulando fuerzas para tratar de frenar, en forma inteligente y evitando todo tipo de sangría, lo más duro del ajuste que se viene y, al mismo tiempo, ilustrar a quienes votaron sólo por enojo. Esas son las exigencias de la hora, que como no se supo hacer mientras se era gobierno también debe crear un entramado solidario para contener a los caídos, que esta vez no sólo provendrán de los tradiciones sectores marginados, sino también de una clase media cada vez estará más empobrecida.