Por CEPA y Redacción 90 Líneas
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) notificó el despido de al menos 61 trabajadores contratados (los gremios elevan ese número a un centenar), en lo que constituye el golpe más reciente contra el organismo rector del desarrollo nuclear argentino.
Mientras las autoridades insisten en minimizar los hechos calificándolos como «contratos no renovados» de personal administrativo, la lista de desvinculados revela despidos entre ingenieros químicos, ingenieros electrónicos y técnicos especializados que se desempeñaban en áreas críticas, como el desarrollo del reactor CAREM (abandonado por el gobierno nacional pese a que su estado de ejecución alcanza al 80% y la inversión realizada por todos los argentinos a los 690 millones de dólares), la seguridad radiológica y la investigación en microscopía.
Este episodio no es un hecho aislado, sino la continuidad de un plan sistemático de desmantelamiento que ya había provocado una reducción del 45,4% del presupuesto de la CNEA y la pérdida de casi 500 trabajadores en los últimos tres años.
La decisión se ejecutó en medio de un fuerte operativo de Gendarmería que rodeó la sede central y reprimió en los pasillos a los trabajadores que realizaban una permanencia pacífica para exigir explicaciones, mientras el presidente del organismo, Martín Porro, se negaba a recibirlos y debía ser escoltado para abandonar el edificio.
Detrás de estos despidos se vislumbra que el gobierno no solo ajusta, sino que allana el camino para la privatización de los recursos estratégicos argentinos, como el uranio, en favor de empresas extranjeras, tal como lo reconoció explícitamente el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, al señalar el interés estadounidense en los minerales críticos del país.
Los hechos muestran un panorama desolador para la CNEA y, por extensión, para la soberanía energética, científica y sanitaria de la Argentina. No se trata de exageraciones gremiales ni de posiciones políticas: la CNEA produce los radioisótopos que se utilizan en el diagnóstico y tratamiento del cáncer, investiga el ciclo completo del combustible nuclear y sostiene proyectos estratégicos como el reactor CAREM-25, paralizado en sus obras civiles.
La Comisión Nacional de Energía Atómica fue creada el 31 de mayo de 1950, mediante el Decreto Presidencial Nº 10.936/50, en el marco del primer gobierno peronista, por lo que acumula 76 años de formación de recursos humanos altamente calificados y de investigación que han colocado al país a la vanguardia continental y mundial en materia de desarrollo nuclear con fines pacíficos.
Mientras los salarios de investigadores con 10 años de antigüedad no alcanzan los dos millones de pesos en Bariloche, y empresas extranjeras como Meitner Energy ofrecen hasta cuatro veces más para llevarse el conocimiento generado con fondos públicos, el gobierno responde con despidos. Esto no es gestión, es liquidación.
