Un análisis de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) indicó que la propuesta de Javier Milei de arancelar las universidades que ahora son públicas y gratuitas haría que cada estudiante de ese nivel deba pagar alrededor de 2 millones de pesos anuales solo para poder asistir a clases. “Entre 1,5 y 2 millones de pesos por año lectivo”, especificó el secretario Administrativo-Financiero de la casa de altos estudios cuyana, Ricardo Coca, en diálogo con un colega del Diario de Cuyo.
Esta definición llega tan solo 24 horas después de que el referente de la extrema derecha argentina le dijese al conductor de TV Jonatan Viale, en el canal La Nación+, que no solamente pensaba eliminar los ministerios de Educación, Salud, Trabajo, de Mujeres, etcétera, sino que la labor que cumple el de Ciencia tendría que asumirla el sector privado.
En ese contexto, también propuso “privatizar” el histórico y prestigioso Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), propuesta que realizó como si estuviera hablando de peras y manzanas, tras ningunear a los científicos y científicas del país -quienes para iniciar la carrera de investigadores requieren una sólida formación de por lo menos 10 años y atravesar distintas y exigentes etapas de selección- al preguntarse: “¿Qué productividad tienen?, ¿qué han generado los científicos?”. “Desarrollo, investigación…”, le dijo el conductor. “No se nota”, afirmó el ultraderechista.
“La propuesta de Milei de arancelar las universidades que ahora son públicas y gratuitas haría que cada estudiante de ese nivel deba pagar entre 1,5 y 2 millones de pesos anuales solo para poder asistir a clases” (Ricardo Coca, responsable de un estudio que realizó al respecto la Universidad Nacional de San Juan)
En el Conicet, fundado en 1958 y presidido durante los primeros 10 años de vida por el Premio Nobel de Medicina de 1947, Bernardo Houssay, actualmente se desempeñan más de 11.800 investigadores e investigadoras, más de 11.800 becarios y becarias de doctorado y postdoctorado, más de 2.900 técnicos, técnicas y profesionales de apoyo a la investigación y aproximadamente 1.500 administrativos y administrativas. Es decir, hablamos de -como mínimo- más de 27.000 hombres y mujeres de ciencia que quedarían en la calle.
En cuanto al arancelamiento de las universidades, es imposible calcular la cantidad de alumnos y alumnas que se verían privados de acceder a la educación superior por razones económicas; no obstante, no es complicado deducir que el número sería escalofriante.
Se terminaría uno de los únicos rincones donde sigue en pie la movilidad social ascendente, aquella que nació con el peronismo en los años 40 y que llevó a que, durante generaciones de argentinos, los hijos pudieran desarrollarse cultural y económicamente por encima de sus padres.
De hecho, son incontables los casos de egresados y egresadas de universidades públicas, sobre todo de las creadas en el Gran Buenos Aires por el último gobierno peronista, que representan la primera generación familiar de universitarios. El sueño tan argento de “M’hijo el dotor” pasaría a ser exactamente eso: un sueño…irrealizable.
Juan Carlos Onganía, el líder del golpe de Estado que el 29 de junio de 1966 derrocó al presidente Arturo Umberto Illia, uno de los mandatarios más austeros y honestos de nuestra historia, tardó exactamente treinta días en intervenir las universidades, con especial foco en la UBA. Allí residía, para el régimen, el enemigo más peligroso: el que pensaba, el que lo superaba (ampliamente) en inteligencia y capacidad, el que trabajaba día tras día por una sociedad más igualitaria, quizás allí estaba la cuna de los futuros gobernantes de una República profundamente democrática e inclusiva, de una nación grande y desarrollada.
La Policía Federal molió a palos a cientos de estudiantes, profesores argentinos y destacados profesores extranjeros, científicos reconocidos a nivel internacional, decanos, rectores. La conocida como Noche de los Bastones Largos fue el inicio de la decadencia educativa y cultural de una sociedad que, en ese entonces, equiparaba en dichas materias a comunidades europeas. A otras, las superaba. Pero luego de tanto palo ignorante, nada fue igual. Porque se desmantelaron laboratorios de ciencia completos, bibliotecas de un valor inconmensurable, equipos de trabajo de enorme jerarquía.
Como mínimo se requieren 10 años de formación para que un joven esté listo para iniciar la carrera de investigador. Milei habla todo el tiempo de lo que gasta el Estado en ‘esto y en aquello’. Pero nada dice sobre lo que perderíamos con su brutal ajuste, porque… ¿Cuánto invirtió el Estado -o sea, la comunidad, todos nosotros- en formar a cada uno de esos jóvenes? ¿Cuánto se invirtió en las universidades de las que egresan los futuros científicos? ¿Cuánto se invirtió en el Conicet que en un ‘pif-paf’ será privatizado? ¿Cuántos académicos e investigadores se irían del país? Imposible de calcular. Ahora, la única propuesta es tirar todo eso por la borda de la noche a la mañana, lo que destrozaría (aún más) el nivel educativo y cultural de los argentinos y argentinas
Tan prestigiosa era la Argentina en materia de ciencia y educación, producto de décadas de fuerte inversión por parte del Estado, que uno de los tantos extranjeros que estaban aquí haciendo un trabajo de intercambio era el matemático estadounidense Warren Arthur Ambrose, considerado uno de los padres de la geometría moderna e integrante del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), uno de los tres centros educativos y de investigación más importantes e influyentes del planeta.
Aterrado por lo que había visto y vivido, Ambrose envió una carta al The New York Times, larga y sin desperdicio, de la cual rescataremos una sola frase que, con extrema y envidiable simpleza, resumió las consecuencias que tendría para la Argentina lo sucedido: “Esta conducta del Gobierno, a mi juicio, va a retrasar seriamente el desarrollo del país por muchas razones, entre las cuales se cuenta el hecho de que muchos de los mejores profesores se van a ir del país”. Dicho y hecho.
“El sistema de vouchers en la educación primaria y secundaria generaría, sin lugar a duda alguna, segregación y diferencias abismales entre escuelas de distintos sectores: los que puedan pagar y los que no” (Ricardo Coca, secretario administrativo financiero de la Universidad Nacional de San Juan)
¿Qué diferencia hay entre aquellos bastones y esta actitud autoritaria y trasnochada de poner la ciencia y la investigación en manos privadas? ¿De arancelar las universidades para que se conviertan -como en la época preperonista, que es a lo que nos quiere llevar la extrema derecha- en un gueto de las clases altas y medio-altas? Lamentablemente, la diferencia sólo radica en que a Onganía nadie lo votó. ¿Entonces la sociedad, o gran parte de ella, se está autoinmolando? Vaya tema.
Como dijimos, como mínimo se requieren 10 años de formación para que un joven o una joven estén listos para iniciar la carrera de investigador. Milei habla todo el tiempo de lo que gasta el Estado en esto y en aquello. Pero nada dice sobre lo que perderíamos con sus políticas, porque… ¿Cuánto invirtió el Estado -o sea, la comunidad, todos nosotros- en formar a cada uno de esos investigadores? ¿Cuánto se invirtió en formar docentes universitarios, en equipar las universidades para recibir a decenas de miles de alumnos y alumnas, en acompañar a otras decenas de miles en su trayectoria académica para que se formen correctamente, egresen y luego, con su trabajo, le devuelvan a la comunidad esa inversión? Imposible de calcular. Y ahora, ¿la única propuesta es tirar todo eso por la borda para degradar (aún más) el nivel educativo y cultural de los argentinos y argentinas?
Degradación que inició en 1966, se profundizó entre 1976 y 1983, y se coronó con la reforma educativa de 1994, cuando en el país gobernaba quien para Milei fue el mejor presidente de la historia y en Economía se encontraba “el mejor ministro de la historia” (Menem y Cavallo).
“Diferencias abismales entre escuelas”
El funcionario de la Universidad Nacional de San Juan subrayó: “Tenemos que decir cosas, hacer mucha docencia, explicar que se presentan tres candidatos y que uno de ellos, que ha sido el más votado, está diciendo por ejemplo que hay que arancelar las universidades”.
“Es decir -añadió-, que aquel alumno que sostenga a ese candidato va a tener que pagar por su educación superior, porque vamos a ir a un modelo como el que hay en Chile”, donde los jóvenes se endeudan de por vida para poder seguir estudios superiores.
En ese contexto, Ricardo Coca también advirtió sobre las consecuencias que tendrían las ideas de Milei en los otros niveles educativos, como por ejemplo la implementación de vouchers de estudio.
“Ese sistema, en la educación primaria y secundaria, generaría sin lugar a duda alguna segregación y diferencias abismales entre escuelas de distintos sectores: los que puedan pagar y los que no. Como ciudadanos, hay que advertir sobre aquellas propuestas que son muy estrambóticas y muy peligrosas”, remarcó.
