El presidente Alberto Fernández acaba de anunciar que otorgará un aumento por decreto del 5% a 18 millones de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. Así, los haberes acumularán un incremento anual de entre el 24,25% y 35,31% dependiendo de las escalas.
El anuncio, coincidió con la decisión de adoptar un nuevo esquema de ajuste automático para el sector pasivo que será enviado al Congreso, lo que da lugar a diversas interpretaciones. Lo cierto es que con el ajuste, según las escalas habrá quien le gane a la inflación y sectores que quedarán por debajo del incremento del costo de vida proyectada en forma oficial para este año en 32%.
En este contexto, la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta, aseguró que este año los jubilados y jubiladas le «han ganado a la inflación», y recordó que en el final de la gestión anterior «cobraban un haber mínimo de $14.000». La funcionaria señaló el contexto que atravesó la economía mundial este 2020 a raíz del efecto de la pandemia de coronavirus, que produjo «un año muy complejo en términos económicos».
«Recuperamos capacidad de compra y podemos demostrar en términos objetivos que mientras nosotros estamos dando 5 puntos de incremento, con la fórmula anterior el aumento sería de 4,5% y aseguró que “la decisión del presidente Alberto Fernández «fue cuidar y proteger la capacidad de compra de las jubilaciones y las pensiones».
«El aumento fue del 35,3% en lo que va del año y en cada uno de los aumentos trimestrales más del 70% le fue ganando a la inflación, es decir siete de cada 10 no perdieron», remarcó Raverta. Y en defensa de lo actuado en el año de gestión del Frente de Todos señaló que “del 2008 al 2017 se recuperaron 25 puntos de capacidad de compra, y del 2017 al 2019 se perdieron casi 20 puntos» y dijo, además que gracias a la «moratoria previsional» impulsada durante la conducción kirchnerista «el 93% de las personas con edad de jubilarse tiene un haber, de otra forma hubiese sido un desastre».
Además enumeró beneficios no salariales que tuvieron los jubilados este año, como ser “el congelamiento de las tarifas, la suspensión del pago del crédito Anses y los afiliados al Pami que tienen acceso a 170 medicamentos de costo cero», concluyó Raverta.
LAS ESTIMACIONES
Mientras tanto, el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda (Undav) estimó que la nueva fórmula de movilidad jubilatoria propuesta por el Gobierno permitirá a los pasivos percibir un aumento acumulado del 34,7% en 2021, tres puntos porcentuales por encima del 31,8% del que podrían recibir en base a los parámetros fijados en 2017, con los cambios introducidos durante la gestión de Cambiemos.
Asimismo, el trabajo recuerda que el nuevo cálculo del proyecto que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso «comparte la esencia de la que fue sancionada en 2008 a través de la Ley 26.417, y cuya efectividad para mejorar las jubilaciones está probada ya que entre 2009 y 2017 otorgó 18 aumentos que incrementaron el poder adquisitivo de los haberes previsionales en un 25,8%».
En ese sentido, el Observatorio de la casa de altos estudios resalta que «entre diciembre de 2008 y diciembre de 2017, los haberes jubilatorios se incrementaron un 18,59% en términos reales, gracias a la aplicación de la fórmula de 2008; en cambio, si hubiese aplicado la de 2017, los mismos hubieran perdido 1,31% de poder adquisitivo».
«En 7 de esos 9 años la fórmula de 2008 otorgó aumentos superiores a los que hubiese arrojado la fórmula de 2017», agrega el informe.
A su vez, el trabajo destaca que «la nueva propuesta de fórmula de movilidad tiene sus bases en la sancionada en el año 2008» pero «con leves modificaciones técnicas que corrigen cuestiones y elogia que el nuevo cálculo se base solamente en la evolución del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y deje afuera al Índice de Salarios (IS) del Indec ya que «por cuestiones metodológicas, el IS evoluciona por debajo del RIPTE», lo que haría menor el aumento de los haberes.
Además, resalta la inclusión de la recaudación y la eliminación de la inflación como factores de cálculo, al evaluar que «la dinámica de ambas variables registran alto nivel de correlación» pero «la recaudación incorpora el efecto de las variaciones del PBI».
Sin embargo no todas las visiones son coincidentes con los dichos por la titular de la Anses y con el estudio de la Universidad de Avellaneda. Así, se destaca que el cuarto incremento trimestral estará vigente en diciembre de 2020 y enero y febrero del año próximo. Y se sumará a las subas previas por decreto de entre 3,75% y 12,96% en marzo, 6,12% en junio y 7,5% en septiembre.
La inflación acumulada en lo que va del año fue del 26,9% al cierre de octubre, según el Indec. En el mismo período, los haberes subieron entre el 17,37% y el 26,58%, según las escalas. Es decir que por el momento todas las jubilaciones se encuentran por debajo del avance de los precios y en especial las remuneraciones más elevadas fueron las que más se perjudicaron, lo que significó un achatamiento en la escala de las remuneraciones. O, en otros términos, parte de los incrementos que permitió a los sectores de menores remuneraciones aproximarse al incremento de la inflación fueron absorbidos por los sectores que perciben más de la mínima.
Esto es así, porque el anuncio del nuevo aumento de diciembre que fue oficializado el miércoles dispone que las todas las prestaciones previsionales a cargo de Anses «tendrán un incremento equivalente al 5% sobre el haber devengado correspondiente al mensual noviembre de 2020″. De esa forma, se descartó la variante de otorgar una suma fija, según se dice por la posibilidad de una generalizada judicialización de la iniciativa.
Con esta suba, el haber mínimo aumentará de $18.129 a $19.035; el medio, de $27.600 a $28.980; y el máximo, de $121.990 a $128.089; la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), de $14.503 a $15.228; las Pensiones no Contributivas (PNC), de $12.690 a $13.324, y la AUH, de $3.540 a $3.717.
En la actualidad el 70% de los pasivos percibe un ingreso igual o menor a la mínima, muy por debajo de la canasta de pobreza para una familia tipo. Esta semana el Indec estimó que un adulto mayor necesitaba en octubre $6.702 para no ser indigente y $16.153 para no ser pobre. Mientras que una familia de cuatro integrantes requería $20.710 para no caer por debajo de la línea de indigencia y $ 59.912 para no ser considerados pobres.
Además de un total de 8,5 millones de beneficios, 4,3 millones cobran la jubilación mínima o un haber menor; 1,3 millones, pensiones no contributivas; y 167.000, la Pensión Universal para Adulto Mayor, según datos de Anses.
Alberto Fernández al hacer el anuncio del incremento por decreto del 5% dijo que: “Somos conscientes de que lo tenemos que hacer y además porque no queremos que las jubilaciones queden por debajo de la inflación», esgrimiendo el conocida argumento de que parte de la reactivación propuesta por el Gobierno se basa en la recuperación del poder adquisitivo de los sectores más postergados de la sociedad, entre los cuales, sin dudas, se encuentran los jubilados.
Y reconoció que mientras «las jubilaciones mínimas de hasta 25 mil pesos le estuvieron ganando siempre a la inflación» en el año, el resto de los haberes, en cambio, quedó por detrás de la evolución de los precios prevista por las autoridades. Es decir que la brecha entre los haberes jubilatorios se debe al impacto de las suma fijas otorgadas por $13.000, que achataron la pirámide jubilatoria y perjudicó a las escalas medias y altas.
La gestión de Cambiemos fijó aumentos por decreto este año después de la suspensión de la movilidad en diciembre ajustada un 70% por inflación y un 30% por salarios.
Bajo el esquema previo, correspondía un ajuste del 4,48% en diciembre. De haberse mantenido vigente, todos los jubilados y pensionados le hubieran ganado a la inflación proyectada este año, ya que hubieran percibido en forma homogénea el incremento devengado del 41,04%.
Ahora, el Congreso debe aprobar la nueva movilidad. El proyecto oficial en Diputados prevé actualizaciones semestrales ajustadas en iguales mitades por salarios (RIPTE) y la recaudación de Anses, con un atraso de hasta nueve meses al contemplarse dos ajustes semestrales, en lugar de los cuatro trimestrales vigentes hasta ahora.
Los cambios son una versión muy similar a la establecida por la Ley 26.417 que estuvo vigente desde 2008 hasta su derogación en 2017, con ajustes jubilatorios en marzo y septiembre. Con la diferencia que se excluye la posibilidad de tomar el mejor de los índices entre los salarios de Indec y el RIPTE, como indicaba la otra norma.
Fernández aseguró que «la ley del macrismo que estamos dejando de lado les hizo perder en términos reales un 19 por ciento de sus haberes». Pero el nuevo mecanismo no prevé una recuperación de los puntos perdidos.
Por ese motivo, el director del Banco Nación, Claudio Lozano, dijo que «lo más adecuado es que los jubilados reciban lo que marque la inflación, no por índices rezagados sino en simultáneo a la evolución de los precios».
Otro de los puntos en discusión es la incorporación de la recaudación. «Dicen que esto es un ajuste sobre los jubilados porque en verdad se basa en dos puntos: la variación de los salarios y la recaudación, que es importante porque si no se recauda no se puede pagar», explicó el mandatario. «Nosotros creemos que la recaudación estará por arriba de la inflación como fue en septiembre y octubre que estuvo por encima de la inflación en cinco puntos», precisó.
Los especialistas no se ponen de acuerdo en este punto, ya que esa variable impacta en forma negativa sobre las jubilaciones en los períodos de recesión, sin embargo también admiten que en períodos de rebote de la actividad, como es esperable para el 2021, claramente beneficiará al sector pasivo, dado que se descuenta la recuperación económica se reflejará en la recaudación y por lo tanto también en los ingresos del fisco, aunque el límite fijado en el proyecto oficial hace que los aumentos en años de crecimiento o de subas en paritarias superiores a los recursos ingresados a la Anses se reflejen menos.
Un componente adicional y no menos importante, es que estos ajustes pueden ganarle a la inflación con el nuevo esquema en tanto y en cuanto no haya un desborde inflacionario o se tienda a un incremento mayor a las proyecciones, un tema en que ya encendió todas las alarmas luego del incremento del costo de vida del 3,8% medido por el Indec para los precios minoristas y del 4,7% para los mayoristas medido para octubre pasado.
Es claro que la reformulación de la metodología para actualizar los haberes jubilatorios replanteó el atraso en los ingresos del sector pasivo. Y que esos ingresos no alcanzan, pero también lo es que un Estado tradicionalmente empobrecido y jaqueado por la pandemia apenas puede otorgar escuálidas remuneraciones y no sólo al sector pasivo, sino también a quienes dependen laboralmente, como demuestra las difíciles negociaciones con los empleados de la administración o las protestas policiales que conmovieron al país, sólo por citar un par de ejemplos.
Hay quienes impulsan volver a un esquema de jubilaciones privadas como las AFJPs de la época menemista, que tampoco sirvieron para mejorar las remuneraciones de los pasivos, ni para sanear el agujero fiscal que históricamente representan no sólo en Argentina, sino en casi todos los países con una estructura etaria y de relación entre aportantes y pasivos similares.
Es claro que el ajuste que se propone a los jubilados es necesariamente insuficiente, pero tampoco es esperable una solución inmediata que los beneficie, en un país donde este 2020 que se va nos dejará, pandemia mediante, en peor situación que un año atrás, pero con la esperanza de que el brindis por la llegada de 2021, de vuelta de una vez por toda la taba,
