El respaldo de la iniciativa provino del Frente de Todos y de sus aliados del Frente Renovador de la Concordia de Misiones y de Juntos Somos Río Negro.
En tanto, el interbloque de Juntos por el Cambio, así como sus asociados del interbloque Parlamentario Federal, votaron en contra.
La principal reforma a la Ley del Ministerio Público modifica las mayorías para designar al jefe de los fiscales. En la actualidad, se concreta con el voto de los dos tercios de los presentes en la Cámara Alta, mientras que con el cambio que deberá ahora debatir Diputados se necesita sólo mayoría absoluta.
El Frente de Todos, al menos hasta diciembre del año que viene, tiene 43 senadores propios, más que suficiente para designar al próximo procurador.
La discusión se lleva a cabo mientras el oficialismo y la oposición no se ponen de acuerdo para designar al juez federal Daniel Rafecas, propuesto por el Poder Ejecutivo, para ocupar el cargo de procurador. Su pliego permanece sin ser debatido en el seno de la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta.
El proyecto aprobado hoy también establece que la postulación y designación del candidato no podrá realizarse durante el año electoral en el cual se elija presidente de la Nación. Asimismo, se establece que el procurador dura en sus funciones cinco años, pudiendo ser nuevamente designado en forma consecutiva por un único período a propuesta del Poder Ejecutivo Nacional y con nuevo acuerdo del Senado.
Por otro lado, el Procurador General de la Nación al momento de su designación no podrá superar los 75 años de edad.
El proyecto también dispone que el procurador sólo puede ser removido por razones de mal desempeño, crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones.
MAYORIA ABSOLUTA
En ese caso, para la acusación ante el Senado de la Nación, se requerirá la aprobación de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, en tanto que para la remoción se necesitan los votos de los dos tercios.
No obstante, el Senado podrá suspender al procurador, mientras dure el proceso de remoción, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros.
El jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, al cerrar el debate, reconoció que “la mayoría agravada” de dos tercios “no reúne consenso” y se preguntó, entonces, “¿qué pasa con las políticas públicas que hay que llevar adelante?”
Además, advirtió que el oficialismo “va a hacer el esfuerzo de corregir el desastre buscando la institucionalidad que (el ex presidente Mauricio) Macri destrozó y del que ellos (Juntos por el Cambio) fueron cómplices”.
A su turno, el jefe del interbloque de la oposición, el radical formoseño Luis Naidenoff, acusó al oficialismo de pretender llevar a cabo una “contrareforma constitucional” al modificar la Ley del Ministerio Público.
“Estamos asistiendo a una contrareforma constitucional. Porque a partir de la reforma de 1994 el Ministerio Público Fiscal en la Constitución ocupó un rol de contrapoder. ¿De dónde sacaron que los dos tercios son impracticables? Los dos tercios tenían que ver con la robustez del cargo”, aseguró Naidenoff.
Al abrir el debate, el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el oficialista neuquino Oscar Parrilli, explicó que la búsqueda de reducir el número para elegir al jefe de los fiscales no se debe a la falta de consenso para elegir a Rafecas.
“Acá no se trata de Rafecas sí o Rafecas no. Se trata de Casal sí o Casal no. Hay muchos que quieren que siga el procurador interino porque le sirve a sus intereses. Presionable y con todas las atrocidades que está haciendo”, destacó Parrilli
El senador agregó que la oposición acusa al Gobierno Nacional “de hacer las cosas que hicieron ellos, como intentar manipular a la justicia” y destacó que el oficialismo pretende “dar certezas y seguridades”.
En cambio, el opositor cordobés Ernesto Martínez opinó que el proyecto impulsado por el oficialismo tiene “sentido de venganza”.
“Esta es una ley que tiene un verdadero sentido de venganza”, afirmó Martínez y destacó que “la idea del proyecto es decir ‘la acusación soy yo’” y lo calificó como “absolutista”.
El proyecto de reforma de la Ley de Ministerio Público que aprobó el oficialismo en el Senado reduce la mayoría necesaria para designar al procurador general y modifica las condiciones de reemplazo en caso de vacancia, entre otros puntos.
La iniciativa propone que la designación del procurador se realice con una mayoría absoluta (37 votos sobre los 72 del pleno) en lugar de la mayoría agravada de dos tercios de los presentes (48 si se sientan todos) que funciona actualmente, mientras que la remoción sigue requiriendo de los dos tercios. El texto que fue girado a la Cámara de Diputados elimina el mandato vitalicio del procurador y lo acota a cinco años, con una única renovación a propuesta del Ejecutivo, al tiempo que establece que su nombramiento no podrá coincidir con años electorales.
También otorga a la Comisión Bicameral de Ministerio Público del Congreso, que encabeza el oficialista Martín Doñate, la facultad de evaluar la política criminal establecida por el procurador general, al tiempo que establece la obligatoriedad de contemplar en ese órgano del Estado la paridad de género y el federalismo. El proyecto modifica además la integración del tribunal de disciplina que define la remoción de los fiscales, que estará integrado por tres representantes del Congreso, uno del Ejecutivo, otro a elección de los fiscales, uno de los abogados y uno de las universidades nacionales, entre otros puntos.
Durante el debate del Senado, la bancada del Frente de Todos anunció una serie de cambios sobre el dictamen original de la Comisión de Justicia, de los cuales uno de los más importantes se refiere a los casos de vacancia en la Procuración General. La iniciativa aprobada establece que en esos casos asumirá el cargo el o la «fiscal general con más de 10 años de antigüedad en el cargo» elegido por la Comisión Bicameral, lo que fue muy cuestionado por la oposición.
También se agregó que en el tribunal de enjuiciamiento, el vocal representante de los abogados de la matrícula federal deberá «cumplir con los requisitos constitucionalmente exigidos para ser procurador» y ser designado por sorteo público, al igual que el representante de los fiscales.
