La iniciativa, que fue remitida al Senado junto con la Ley Impositiva para que la sancione esta misma noche, apunta a la reactivación económica, después de tres años de recesión y de un 2020 de caída de dos dígitos, según el mensaje enviado a la Legislatura por el Poder Ejecutivo.
La propuesta del Poder Ejecutivo contempla un total de erogaciones corrientes y de capital de $1.910.032.077.779 para el próximo ejercicio y busca generar «un shock importante en materia de infraestructura, con una inversión inédita en obra pública, muy por encima del promedio de la gestión anterior».
Contempla una inversión en materia de infraestructura, de más de 174 mil millones y se incrementan los gastos en Salud un 130 por ciento; en Educación un 124; en Desarrollo de la Comunidad un 122 por ciento y Seguridad un 84 por ciento.
De acuerdo con el proyecto, se destinan un total de $174.000 millones de inversión en obras, equipamiento y transferencias de capital que van a impulsar la producción, la logística y el empleo, de los cuales 40 mil serán para obras hidráulicas y rutas y habrá más de 15.000 millones de inversión en viviendas y en la construcción de cloacas y urbanización de barrios populares.
El presupuesto contempla una inversión en materia de infraestructura, de más de 174 mil millones y se incrementan los gastos en Salud un 130 por ciento; en Educación un 124; en Desarrollo de la Comunidad un 122 por ciento y Seguridad un 84 por ciento .
El tratamiento del proyecto se logró luego de intensas negociaciones con la oposición que incluyeron elevar de 7000 millones a 12 mil el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) que es girado a los municipios para la ejecución de obras.
El texto incorporado establece que ese fondo será para «financiar obras de infraestructura en materia hidráulica, vial, de energía, de transporte, de vivienda, sanitaria y hospitalaria y de arquitectura y que en ningún caso el Municipio podrá utilizar los fondos percibidos en gastos corrientes».
Además, incorpora un cronograma para el envió de los fondos a los municipios al delimitar que el Poder Ejecutivo deberá girar un anticipo del 30% antes del 31 de marzo de 2021 y un 20 por ciento adicional antes del 30 de junio de 2021.
Una fuente legislativa explicó que esa era una de las principales demandas de los intendentes de la oposición además de la de postergar la devolución de los fondos girados por la provincia para hacer frente a la pandemia del coronavirus.
Se trata de unos 4.300 millones de pesos del Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal que debían comenzar a devolverse a principio del año próximo y que ahora se postergó hasta enero del 2022.
El oficialismo requería un acuerdo con la bancada de Juntos por el Cambio no sólo porque tiene mayoría y quórum propio en el Senado sino que al incluir un pedido de endeudamiento se necesita el voto de los dos tercios en ambas cámaras, mayoría calificada con la que no cuenta por sí solo el bloque del Frente de Todos.
La Ley Impositiva 202, también aprobada en Diputados, apuesta a un crecimiento de la recaudación por la vía de una recuperación de la actividad económica.
Por ello, los impuestos patrimoniales no aumentarán por encima de la inflación para más del 99% de los contribuyente y se aplicará un criterio de solidaridad y justicia distributiva para los sectores con patrimonio muy elevado y aquellos que no fueron afectados por el contexto de crisis.
Para acelerar su tratamiento, Diputados resolvió que se voten ambos proyectos y se giren al Senado y luego continuar con el debate de los oradores.
La oficialista Valeria Arata aseguró que el Presupuesto elaborado por el Gobernador «plasma la política de reactivación que busca llevar adelante el gobierno».
En tanto, los opositores Daniel Lipovetzky (Juntos Por el Cambio) y Guillermo Bardón (Cambio Federal) destacaron el acuerdo alcanzado para incrementar los fondos destinados a los municipios aunque cuestionaron que no se coparticipen todos los fondos que la provincia recibe de la Nación.
Bardón objetó además que el presupuesto «no contempla la renegociación de la deuda de 138 mil millones de pesos que tiene la Provincia», negociación con bonistas que fue prorrogada hasta el 4 de enero.
