Por Felipe Pigna*
El presidente elegido en 1999, Fernando De la Rúa, en el Ministerio de Economía designó al ex gerente de Finanzas Públicas del Banco Central de la dictadura militar, José Luis Machinea, cuya política estuvo centrada en la reducción del déficit fiscal, llegando a rebajar por decreto un 13% los haberes jubilatorios y los sueldos de los trabajadores estatales que cobraran más de 500 pesos.
En julio de 2000 el juez federal Jorge Ballesteros dictó la sentencia en la causa iniciada por Alejandro Olmos contra los responsables del incremento fraudulento de la deuda externa argentina. En su dictamen, el juez, que detectó más de 470 ilícitos en los actos de endeudamiento, dice textualmente: la deuda se contrajo mediante una «política-económica vulgar y agraviante que puso de rodillas al país desconociéndose el destino de los fondos» y que «esos actos configuran los delitos de violación de los deberes de funcionario público, malversación de fondos y administración fraudulenta».
El gobierno de De la Rúa, contra sus promesas electorales, optó por profundizar el modelo neoliberal retomando los aspectos que su predecesor había dejado inconclusos.
El vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez se unió a los denunciantes del escándalo, pero ante la evidente complicidad del ejecutivo en la maniobra, el 6 de octubre del año 2000 presentó su renuncia indeclinable. La imagen de un presidente irresoluto, débil, despreocupado, que se desentendía del hambre y la miseria de su pueblo y que sólo tenía oídos para los factores de poder y para su círculo íntimo, casi familiar, dominado por hijos, hermanos y amigos que anteponían sus intereses personales a los de la Nación, comenzó a preocupar a la opinión pública.
El 18 de diciembre del año 2000 el ministro de Economía, José Luis Machinea, anunció que el gobierno había conseguido una ayuda financiera del FMI y de otros organismos internacionales por un total de 39.700 millones de dólares a la que llamó “blindaje”. Ante el fracaso de la gestión de Machinea, el gobierno de la Alianza por el Trabajo, la Educación y la Justicia decidió insistir con las recetas ortodoxas y le encargó a Ricardo López Murphy un severo plan de ajuste que despertó una ola de protestas en todo el país y provocó la renuncia del ministro del Interior, Federico Storani, y de la vicejefa de Gabinete, Graciela Fernández Meijide.
El 20 de marzo, De la Rúa reemplazó a López Murphy por Domingo Cavallo, quien asumía, según se decía, con un plan reactivador e industrialista. Las encuestas de la época le daban al ministro un 70% de popularidad.
El 7 de junio, el juez Jorge Urso dictó la prisión del ex presidente Carlos Menem por asociación ilícita en el caso de la venta de armas a Ecuador y Croacia. Debido a su edad, Menem cumplió arresto domiciliario en la quinta de su amigo Armando Gostañian. Pocos meses después recuperó su libertad.
El ministro Cavallo pidió y obtuvo del Congreso de la Nación Argentina poderes especiales para aprobar los sucesivos decretos de política económica que, se suponía, debían dar un giro al rumbo del país y que, sin embargo eran más de lo mismo y no lograron alejar el fantasma de la cesación de pagos. El presidente De la Rúa, de una evidente incapacidad, delegó también en Cavallo las grandes decisiones de gobierno.
El 10 de julio, el ministro anunció que llevaría a cero el déficit fiscal mediante recortes en el gasto público que incluían una rebaja del 13% en los haberes jubilatorios y los sueldos de los empleados estatales que cobrasen más de 500 pesos. Cavallo les pidió a los argentinos que confiaran en el peso y que no retiren sus depósitos. El riesgo país pasó los 1300 puntos básicos.
El 11 de septiembre de 2001, un grupo comando de la organización terrorista Al Qaeda atacó las torres gemelas de Nueva York. Las Twin Towers eran el símbolo del poderío económico norteamericano ya que allí tenían sus sedes algunas de las compañías más importantes de los Estados Unidos. La gravedad del ataque endureció aun más el lenguaje naturalmente belicista del presidente George Bush y desató una escalada militar sobre la población civil de Afganistán con un número indeterminado de víctimas fatales.
Los grandes grupos económicos, los bancos privados nacionales y extranjeros y los particulares dueños de cuantiosas fortunas, comenzaron a fugar miles de millones de dólares a sus cuentas en el exterior. En el sistema bancario se aceleró la pérdida de liquidez.
Elecciones legislativas y corralito
El 14 de octubre, en las elecciones legislativas se impuso el justicialismo. En algunos distritos ocupó el segundo lugar tras el voto en blanco o anulado que expresaba el repudio de amplios sectores de la sociedad a la deserción de la mayoría de la clase política a ocuparse de los problemas reales de la gente y la excesiva preocupación por sus negocios personales y las rencillas de poder partidarias.
Con la excusa de frenar la escandalosa fuga de capitales que ya se había completado meses antes, el 30 de noviembre el gobierno intervino para salvar a los bancos congelando todos las cuentas corrientes, las cajas de ahorro y los depósitos a plazo fijo, impidiendo que los ahorristas recuperaran su dinero y permitiendo un retiro de sólo 250 pesos por semana. La medida afectó particularmente a los pequeños y medianos ahorristas y a los trabajadores que, gracias a la bancarización compulsiva impuesta por el gobierno, no pudieron retirar el importe de sus sueldos.
La falta de dinero afectó también seriamente a los cuentapropistas y a los sectores más desprotegidos de la sociedad que vivían de trabajos diarios, o de la venta de desechos y cartones pero que se encontraban ahora con que sus compradores no disponían de efectivo para afrontar los pagos.
La situación se tornó explosiva y estalló el 19 de diciembre cuando miles de desocupados de todo el país se lanzaron sobre los supermercados en busca de alimentos. En algunos distritos del gran Buenos Aires se hicieron fuertes los rumores de que el gobierno provincial fomentó los saqueos ordenando la no intervención policial como una manera de precipitar la caída de De la Rúa.
Al caer la tarde, el Presidente, aconsejado por su asesor permanente, su hijo Antonio, decidió decretar el Estado de Sitio en todo el país.
Fuer peor. La reacción popular no se hizo esperar. Miles de personas comenzaron a salir a las calles de las principales ciudades haciendo sonar sus cacerolas. En Buenos Aires se dirigieron a la Plaza de Mayo pidiendo la renuncia del Ministro Cavallo. Cuando la concentración colmó la Plaza, cumpliendo órdenes del presidente, el ministro del Interior, Ramón Mestre, ordenó a la policía federal reprimir a la multitud con gases lacrimógenos. Sectores importantes se dispersaron para volver a reunirse frente al Congreso nacional donde también los alcanzó la feroz represión policial que se cobró las primeras víctimas de la rebelión contra un gobierno completamente deslegitimado por sus medidas antipopulares.
En las primeras horas del día 20 se anunció la renuncia del ministro Cavallo, pero la gente, que volvió a concentrarse en la Plaza de Mayo y en las principales plazas del país, exigía la renuncia del presidente De la Rúa. El clima de tensión fue creciendo y De la Rúa ordenó despejar la Plaza de Mayo. La policía federal, al mando del comisario Rubén Santos, recurrió a todos los medios represivos disponibles, incluyendo a la caballería para cumplir la orden presidencial.
El presidente se negaba a renunciar mientras crecía el número de muertos como producto del descontrolado accionar policial. La oposición peronista no aceptó la última propuesta del presidente de formar un gobierno de coalición.
Finalmente a las 19.52, tras presentar su renuncia, Fernando De la Rúa huía en el helicóptero presidencial, dejando tras de sí una Plaza de Mayo en llamas, 39 muertos, y a un país mucho más pobre e injusto que cuando asumió la presidencia.
Fuente: www.elhistoriador.com.ar
